Por Humberto Campodónico
El ex embajador del Reino Unido en el Perú del 2002 al 2006, Richard Ralph, fue multado con 117,000 libras esterlinas en Londres por un caso de «malas prácticas» relacionado con la venta de la mina peruana Majaz (Región Piura), de propiedad de la inglesa Monterrico Metals. La Autoridad de Servicios Financieros (la CONASEV inglesa) dijo que Ralph se salvó de una sanción mayor (cárcel) porque colaboró plenamente con sus investigadores (La República, 15/11/08).
Lo relatado tiene implicancias de primera importancia, aunque para amplios sectores de la prensa nacional, la noticia ha pasado «desapercibida». Primero: los accionistas originales vendieron MM a Zijin por US$ 172 millones, por lo que tienen que pagar un impuesto a la ganancia de capital a la autoridad tributaria del Reino Unido.
¿Cuál es el monto de esa ganancia? Es difícil saberlo con exactitud, pero a fines del 2007 el patrimonio de MM era de US$ 45 millones, según sus Estados Financieros. Por tanto, la probable ganancia fue de US$ 127 millones (172-45). ¿Cuál es el impuesto a la ganancia de capital en el Reino Unido? Pues varía según el monto: si la ganancia es de 2,150 libras, la tasa es el 10%; de 2,150 a 33,300, la tasa es de 20%: por encima de 33,301 libras, la tasa es 40%. Por tanto, se puede suponer que el impuesto fue de 51 millones de libras esterlinas (127 x 40%), lo que equivale a US$ 75 millones. La pregunta es: ¿por qué ese impuesto no se paga en el Perú si la ganancia fue generada por una renta de fuente peruana (Majaz)? La respuesta es que aquí no hay legislación al respecto, como sí la hay en Chile (no pagan impuestos a la ganancia de capital, www.cristaldemira.com, 29/10/08). El problema no es que los técnicos «no se dan cuenta» de esta ausencia. Claro que lo saben. Lo que pasa es que los intereses de las empresas son muy grandes y han tomado al Estado desde adentro, desde Fujimori, lo que impide una legislación adecuada.
Otro punto clave es la eficiencia y celeridad con que la Autoridad inglesa investiga y sanciona a los responsables de malas prácticas, caiga quien caiga. Pero en el Perú la legislación hace que la SBS y la CONASEV anden con pies de plomo. Felipe Tam, jefe de la SBS, dijo en julio que 2 AFP han sido sancionadas por «malas prácticas» (Adopte una AFP, www.cristaldemira.com, 4/10/08). Pero hasta hoy no se sabe quiénes son.
Un último punto no ligado a lo anterior: en setiembre, el Grupo Romero, a través de «Agropecuaria Las Huaringas», ha comprado el 20% de MM, siempre y cuando el Ministerio de Energía y Minas apruebe el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Dice MM que la alianza estratégica con el Grupo Romero «será de gran importancia para el proyecto».
Aquí el problema es que el MEM es juez y parte, pues, de un lado, promueve las inversiones y, de otro, aprueba los EIA. Este claro conflicto de intereses aumenta con un Ministro neoliberal como Pedro Sánchez. Es el Ministerio del Ambiente quien debería aprobar los EIA, pero el Poder Ejecutivo se lo negó. Eso lo debería cambiar el premier Simon, para prevenir los conflictos con los pobladores, que por ahora están en compás de espera.
La sanción al Sr. Ralph sirve para ilustrar que «lobbys» y malas prácticas hay en todas partes. Y que la ética en muchas empresas mineras brilla por su ausencia. La cuestión es que las leyes permitan que los reguladores hagan su trabajo con celeridad y eficiencia, lo que aquí deja mucho que desear, por decir lo menos. Urge, además, una reforma tributaria que cobre impuestos a las ganancias de capital a la renta de fuente peruana, para aumentar la Caja Fiscal. Pero aquí vamos como el cangrejo pues el Ministro Valdivieso «está considerando» prolongar la exoneración al impuesto a la ganancia de capital en la Bolsa de Valores, que vence a fin de año. Aunque Usted no lo crea.
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