Jorge Manco Zaconetti
Siempre se ha considerado al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) como una isla de excelencia profesional en el marco de las instituciones del Estado peruano. Tras ello se esconde una serie de privilegios de casta, al margen de las elevadas remuneraciones de sus funcionarios, los altos niveles de parentesco propios de una cofradía. Por ello no me extrañó que se exonerara así misma del programa SERVIR, un intento vano de modernización del servicio público de los empleados. De allí la diversidad de regímenes laborales en el propio Estado, con las graves distorsiones remunerativas.
Por ello no me sorprende la reacción del presidente de su directorio Julio Velarde Flores, directores y gerentes acostumbrados en su zona de confort, a vivir de las “ubres del Estado”, alejados de la realidad concreta nacional y mundial, donde las guerras comerciales, la competencia por la hegemonía entre “poderosos estados imperiales”, las guerras de baja intensidad, la revolución tecnológica, y una futura crisis financiera internacional que está a la vuelta de la esquina determinan mayores incertidumbres sobre el futuro en el corto, mediano y largo plazo.
En tal sentido, la estabilidad monetaria más la seguridad económica del país me recomienda incrementar las reservas físicas de oro en la participación de cartera de reservas internacionales neta. En lugar de tener 34.67 toneladas al igual que Bolivia, que no es un país reconocido como importante productor aurífero, a diferencia del Perú, el BCRP debiera adquirir mayores reservas en oro físico, cuya valorización se incrementa como ninguna mercancía.
El sentido común me recomienda incrementar las reservas auríferas que representan solamente el 4% del total de las Reservas Internacionales Netas. Si en 2023 el precio promedio de exportación por onza de oro era de US $ 1,945.9 dólares, en 2024 alcanzó los US $ 2,398.8 la onza, y en los primeros meses del 2025 está por encima de los US $ 2,940 dólares la onza, con tendencia a seguir subiendo. ¿Cuánto se ha dejado de percibir por no tener mayores reservas en oro físico?
En verdad, me sorprende la argumentación de sus más altos directivos para no comprar e incrementar las reservas en oro físico. Se dice que se inyectaría una mayor liquidez a la economía, y se pondría en riesgo la estabilidad monetaria del país. En verdad, en pleno siglo XXI el BCRP persiste en la ilusión monetaria en el sentido que la cantidad de dinero y cuasi dinero determina el nivel de precios interno. En una economía globalizada y con un tamaño de mercado como el peruano donde la informalidad económica y laboral es lo dominante no deja de ser una ilusión.
En verdad, con la cantidad de bancos privados existentes, fondos mutuos, banca de inversión, cajas municipales, rurales, cooperativas entre otros, con la diversidad de formas de crédito e instrumentos financieros no deja de ser una ilusión monetaria sostener que el BCRP determina la oferta monetaria.
En realidad, lo que debiera preocupar a las diversas instituciones del Estado peruano, llámese Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con la SUNAT al costado, al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), al propio Congreso de la República en su función fiscalizadora es la creciente diferencia entre la producción declarada de oro por las propias empresas al MINEM, exactamente a la Dirección General de Minería, y los volúmenes de oro exportado según el propio BCRP.
Así, en 2024 la cantidad de oro formalmente producido y declarado ante el MINEM fue de 3’471 mil onzas y el oro registrado para la exportación según el BCRP ha sido de 6’448 mil onzas. Ello significa que 2’977 mil onzas de oro se exportan pero no tienen un productor reconocido, pues quienes aparecen como exportadores son intermediarios, traders como Procesadora Sudamericana, Trafigura SAC, Andina Trade entre decenas de empresas exportadoras según la partida arancelaria 2616901000; las cuales compran el metal amarillo a pequeños productores, a mineros artesanales, a plantas de beneficio, donde la línea demarcatoria entre la minería legal, informal e ilegal es tenue.
Estamos solamente para 2024 ante un desbalance entre la producción de oro formalmente declarado al ministerio del sector de 3’471 mil onzas, y volúmenes de oro registrado para la exportación del BCRP de 6’448 mil onzas, una diferencia de 2’977 mil onzas que a un precio conservador para 2025 de US $ 2,940 dólares, significa una riqueza de más de US $ 8,752 millones de dólares que es exportada, más se desconoce al productor directo y las consecuencias económicas, sociales, ambientales de dicha producción.
Si a esta realidad se le agrega los volúmenes producidos en Madre de Dios o Puno, regiones fronterizas con Bolivia, se puede estimar la cantidad de oro que “fuga de contrabando” descapitalizando al país con una grave contaminación ambiental, explotación laboral, con una secuela de violencia, prostitución, trabajo de niños, bandas criminales entre otros, podemos tener la película completa.
En 2010 la producción declarada de oro en la región de Madre de Dios ante el ministerio del sector era de 614 mil onzas. En 2024 esa misma producción declarada apenas llegaba a las 37 mil onzas, a pesar del crecimiento de las aéreas de terreno comprometida en la explotación aurífera, deforestación de bosques, contaminación de ríos, uso creciente de mercurio entre otros.
La misma realidad se reproduce con la región de Puno, cuando en 2016 se declaraba ante el ministerio de Energía y Minas la producción de 332 mil onzas y en 2024 apenas se declara la producción de 112 mil onzas. La pregunta del millón es ¿A dónde se va la diferencia?
UNA ALTERNATIVA DE MERCADO
En la campaña de 2016 el candidato y luego presidente de la república el lobista PPK, en la región de Puno sostenía la tesis de hacer intervenir al Banco de la Nación en la compra del oro producido informalmente e ilegalmente que ha ido incrementándose en el tiempo, gracias a los altos precios internacionales del oro.
Para ello había que otorgarle facultades al Banco de la Nación, que tiene presencia nacional con las miles de agencias distribuidas en la costa, sierra y selva; allí no llega la banca privada por no ser rentables para el capital financiero. Incluso el Banco de la Nación funge de representante de los bancos privados.
Al margen de la rentabilidad probada del Banco de la Nación que desde 2022 está siendo usado por el MEF como garante de PetroPerú otorgando cartas y crédito para que la petrolera estatal pueda financiar las importaciones de petróleo y combustibles. En el mismo sentido, por decisión política se obliga al Banco de la Nación a financiar el 50 % de los US $ 3,500 millones de dólares que sería el costo por la compra de 24 aviones supersónicos suecos Gripen SAAB, un caza polivalente ligero monomotor desarrollado en los años ochenta del siglo pasado, que supuestamente debe sustituir la flota aérea de combate que tiene un alto grado de obsolescencia.
De igual forma en plena pandemia por decisión política en abril del 2020 el BCRP, MEF, COFIDE financiaron con 60 mil millones de soles (más de US $ 17 mil millones de dólares) a miles de empresas privadas con intermediación de la banca privada a bajísimas tasas de interés, para evitar el cierre de las empresas, y la quiebra de la cadena de pagos.
Podemos estar de acuerdo en que la creciente minería informal e ilegal no es responsabilidad del BCRP sino del propio Estado y algo se tiene que hacer ante el desborde y los elevados grados de violencia como lo que acontece en la sierra de La Libertad, con la Cía Mra. Poderosa del grupo Arias Dávila; realidad que se debe extender a otras mineras de la región. Lo mismo se reproduce en Madre de Dios, Puno y otras regiones del país ante el incentivo perverso de los altos precios internacionales del oro.
Como dice el refrán popular “No hay peor ciego que el que no quiere ver” y en tal sentido, el BCRP se comporta como el avestruz que ante el peligro esconde la cabeza.
Mientras el país experimenta una crisis de representación política con más de 50 candidatos a la presidencia de la república, ante un crecimiento de las economías ilegales con todo lo que ello significa, más la posibilidad de una crisis financiera internacional con políticas comerciales proteccionistas, se niega al incremento de los volúmenes del oro físico en las Reservas Internacionales Netas, y se refuerza la tesis de un Estado impotente de enfrentar la creciente informalidad e ilegalidad en la producción de oro.
Diario Uno, 01.03.2025
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