No es amor al chancho

Por Humberto Campodónico

Súbitamente, el sector del empresariado local más cercano al gobierno ha salido a criticarlo. El presidente de la Confiep, Jaime Cáceres, dijo ayer que “no hay plan de contingencia frente a la crisis internacional, algo que sí están haciendo otros países”, atribuyéndole este déficit al ministro de Economía. Lo mismo dijo Fritz Du Bois en Perú 21: “Lo que requerimos con urgencia no es más triunfalismo, roadshows, ni anuncios de grandes emisiones (de bonos) sino la implementación de un programa interno que sostenga el crecimiento”.

Según el DL 1012, el nivel máximo de stocks acumulados de inversión en APPs que el gobierno puede asumir es el 7% del PBI, lo que equivale a la considerable cifra de S/. 27,300 millones. Hasta la fecha (2008), la cifra comprometida en las nueve APPs vigentes (sobre todo las carreteras del IIRSA y los aeropuertos regionales) asciende a US$ 2,380 millones (Marco Macroeconómico 2009-2011 del MEF).

ProInversión dice que hay nuevas APPs “ya listas” para ser cofinanciadas por el Estado por un total de US$ 1,511 millones. La mayor parte sería en obras de agua potable, puertos y aeropuertos regionales (ver cuadro). En otras palabras, se trata de avanzar en la privatización de la infraestructura pública con financiamiento (o garantía) del Estado en sectores tan sensibles como el agua y los puertos. Ojo.

Uno de los temas críticos es el nivel de cofinanciamiento del Estado. El proyecto de reglamento del MEF estableció un límite de 3%, considerado “poco” por el sector privado. Hace unos días el ministro Valdivieso dijo que podrían aumentarlo al 10%. Para el MEF, se trata de evaluar técnicamente la inversión que debe asumir el sector privado, compatibilizándolo con la sostenibilidad de la Caja Fiscal, mientras que para el sector privado se trata de disminuir el nivel de inversión exigible.

Otro tema tiene que ver con el llamado “Nivel de Comparador Público-Privado para Evaluación de Concesiones Cofinanciadas”, elaborado por el MEF en junio pasado. En términos simples, este comparador hace una evaluación técnico-financiera del proyecto a cofinanciar para determinar qué es mejor: que lo haga el gobierno o el sector privado. Dice el sector privado que “el comparador es muy rígido” y que debe modificarse.

La cuestión aquí es que detrás de la afirmación “no hay plan de contingencia”, lo que se busca es “completar la reforma neoliberal incompleta”, tema que preocupa a sus mentores desde hace varios años. Con este esquema es fácil “sacarle la vuelta” a la inversión de las empresas públicas, forzándolas a la extinción. Recordemos que durante 10 años se le prohibió a ENAPU la compra de las grúas pórtico para el muelle del Callao, con el objetivo de privatizarla.

Para las AFP, el nivel de pérdidas de los fondos de los futuros jubilados en la Bolsa de Valores les ha hecho poner las barbas en remojo. Lógico. Las quejas de los futuros jubilados crecen cada día. Así, buscar “nuevos” instrumentos de inversión está a la orden del día. Eso podría explicar la “urgencia” de sus principales directivos (Jaime Cáceres y Fritz Du Bois son Directores de AFP Integra) en apurar la salida del Reglamento de las APP.

Todo esto no quita que, en verdad, sí se necesita discutir un plan macroeconómico para enfrentar la actual crisis internacional. Pero en el caso de los directivos de las AFP, sus llamados a enfrentar, ya, la crisis (con APPs, bien rentables y financiadas por el Estado), nos llevan a pensar que no es el amor al chancho, sino…

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