Por Yonhy Lescano
Saludamos el compromiso del Presidente Ollanta Humala de promover la construcción de 500,000 viviendas para los sectores C, D y E. Pero lamentablemente no hay cambios en la política de acceso al suelo y la vivienda orientado a los sectores de menores recursos económicos. No basta decir que está contemplado en el Plan Nacional de Vivienda, ni que vamos a priorizar la atención a los sectores más vulnerables. La realidad es que la inclusión social y la descentralización en materia de acceso al suelo y vivienda no se concretiza de la forma como lo implementa el Ministerio de Vivienda.
Será necesario hacer cambios en los operadores que implementan las políticas públicas de vivienda y que sólo responden a intereses de las inmobiliarias, que quieren que el Estado les facilite terrenos para que hagan sus negocios en vez de que estos terrenos sean transferidos a las Municipalidades y puedan estos desarrollar programas municipales de vivienda con modelos de gestión que incluyan la participación de la población organizada a fin de disminuir costos en la construcción y cohesionar a la población , así como articular estos procesos con programas que permitan el desarrollo económico, que aporten a la salud y a la educación de estas nuevas comunidades.
Según la Cámara Peruana de Construcción CAPECO la demanda insatisfecha de viviendas asciende a 1.5 millones, con una oferta de sólo 40 mil anual., Gran parte de esta demanda corresponde a viviendas de menos de US$ 40 mil, el segmento con menos oferta, precisamente en los sectores C y D y al sector E.
La intervención del Estado a través de subsidios al financiamiento de la vivienda adolece de dos grandes defectos. Primero, el subsidio no sólo acaba principalmente en manos de familias de mayores ingresos —que son las que reciben crédito— (Bono de Buen Pagador) sino que buena parte del subsidio beneficia a las instituciones financieras, que no requieren de apoyo estatal para ofrecer servicios financieros competitivos. Segundo, se concentra los recursos del Estado en la propiedad de viviendas y no en la disponibilidad de viviendas adecuadas .
En materia legislativa, se ha promulgado un paquete de decretos supremos en los que se reconoce la vivienda como un derecho fundamental de todo ser humano que debe estar complementado con infraestructura e equipamiento adecuado. Este paquete de Decretos crea el Programa de Apoyo al Hábitat Rural, el Programa de Saneamiento Rural, el Programa de Generación de Suelo Urbano, el programa de Mejoramiento Integral de Barrios y el Programa nuestras ciudades. Se puede señalar que los primeros dos programas son nuevos, pero los últimos tres ya existían pues se basa en programas Mi lote, Programa integral de mejoramiento de barrios y pueblos y el Programa de Gestión territorial.
Respecto de los dos primeros programas pensábamos que podía ser un avance porque está en la letra orientado a los sectores más empobrecidos de la zona rural Sin embargo es realmente indignante que pasara otro año más y seguiremos con las noticias de que nuestros niños y niñas mueren por friaje . A diferencia del Programa de Generación de suelo Urbano en la que no está claramente determinada la competencia que le debe corresponder a los gobiernos locales y no está expresamente focalizada desde su objetivo a los sectores de mayor pobreza.
Por ello resulta necesario dar el cumplimiento al Plan Nacional de Vivienda que señala la necesidad de facilitar el acceso al suelo a las familias pobres. Con la presentación del Proyecto de Ley N.º 1000/2011-CR se hará imperativo beneficiar directamente a los pobladores de bajos recursos económicos y que se encuentran habitando en zonas inadecuadas, en condición de inquilinos, en condiciones infrahumanas. El Proyecto de Ley establece políticas preventivas que evitarán se sigan ocupando terrenos de manera informal, con lo cual el Estado se ahorrará millones de nuevos soles en mitigación de riesgos.
