Steven Levitsky analiza la posibilidad de modificar la Constitución
El politólogo foráneo más reconocido en nuestro país durante la pasada elección comenta aquí la legitimidad de la Constitución de 1993. «Decir que se debe mantenerla no es decir que no puede ser reformada», indica. Polémico y directo, Steve Levitsky escribe quizás el artículo más educativo sobre este tema de interés nacional: El cambio de Constitución.
Izquierda y reforma constitucional, por Steven Levitsky.
No soy fanático de la Constitución de 1993. Sus orígenes son autoritarios. Y no es cierto, como dicen los fujimoristas, que el crecimiento económico actual se debe a la C93. El diseño constitucional tiene poco que ver con el rendimiento económico. Hay crecimiento económico en países con constituciones bastante estatistas. El boom económico en China empezó en los años 80 —a pesar de que la Constitución prohibía las actividades capitalistas hasta 1993 y no tenía garantías para la propiedad privada hasta 2004—. La economía de la India crece a pesar de una Constitución que se declara “socialista”.
Y según la Constitución de Corea del Sur, el Estado debe garantizar una “correcta distribución del ingreso” y “democratizar la economía a través de la armonía entre los agentes económicos”. Más importantes que el diseño constitucional son la fortaleza de las instituciones básicas del Estado (estado de derecho, calidad de la burocracia), las políticas macroeconómicas, y las condiciones internacionales. Las reformas económicas de Fujimori crearon mejores condiciones para el crecimiento, pero el crecimiento nunca dependía de su Constitución.
Pero se debe mantener la Constitución del 93. Y no solo mantenerla. Los progresistas deberían fortalecerla y no buscar deslegitimarla, como hicieron el presidente Humala y sus vicepresidentes el 28 de julio. ¿Por qué?
Primero, el cambio constitucional no es necesario, ni para la democracia ni para la redistribución. El diseño de la C93 no es autoritario. Es cierto que sus orígenes no son democráticos, pero tampoco son los de las constituciones de Chile, Estados Unidos, Japón, México, Taiwán, y muchas otras democracias. Y aunque la C93 tiene elementos neoliberales, no presenta obstáculos serios para un gobierno de centroizquierda. La Constitución norteamericana, que es una de las más liberales del mundo, permitió las políticas estatistas y redistributivas del New Deal de Roosevelt. La Constitución de Suecia, promulgada por una oligarquía conservadora en 1809, no impidió la construcción del Estado de bienestar más grande del mundo cuando los socialistas llegaron al poder.
Segundo, además de no ser necesario, el cambio constitucional genera costos para la democracia. La clave de una Constitución no es su diseño sino su fortaleza. Hay una variedad de constituciones exitosas en el mundo, desde la Constitución minimalista de los Estados Unidos hasta la constitución más substantiva de Brasil. Pero lo que tienen en común todas las constituciones exitosas es la institucionalización. Una Constitución institucionalizada echa raíces en la sociedad. Es percibida por la sociedad como un objeto permanente. Se reforma, pero disolverla o reemplazarla por otra se vuelve casi impensable. El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, ha dicho que ninguna Constitución es eterna. Pero debe ser percibida como eterna.
Una Constitución institucionalizada —algo que nunca existió en el Perú— es importante porque garantiza unas reglas del juego básicas para todos los actores políticos y económicos. Si las reglas básicas no son estables, ni la democracia ni el desarrollo económico son sostenibles. Según una investigación de todas las constituciones del mundo, la durabilidad constitucional se asocia claramente con el desarrollo económico y la consolidación democrática.
Todos países ricos y democráticos tienen constituciones estables. Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Israel, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia han mantenido una sola Constitución durante toda su historia; Alemania, Austria, Italia, y Japón lo han hecho desde la segunda guerra mundial. En América Latina, Costa Rica no ha cambiado de Constitución en 62 años; Colombia solo cambió de Constitución una vez en el último siglo. Chile solo ha cambiado su Constitución dos veces desde 1833 (170 años). En cambio, Ecuador ha cambiado de Constitución dos veces desde 1997. Ecuador, Bolivia y Venezuela han tenido más que 20 constituciones. Ningún país que cambia su constitución con frecuencia ha mantenido una democracia estable.
La estabilidad constitucional tiene mucha importancia para la izquierda. Según varios estudios, la redistribución socioeconómica y los bajos niveles de desigualdad se asocian fuertemente con la democracia estable. En países como Dinamarca, Finlandia, Holanda, Suecia y Noruega la redistribución fue producto de décadas de lucha por parte de los sindicatos y partidos de izquierda. Pero esas décadas de lucha solo fueron posibles en una democracia constitucional estable. Si la estabilidad constitucional es clave para la democracia, y la democracia genera las mejores oportunidades para la redistribución, ¿no debería la izquierda apoyar la estabilidad constitucional?
¿Cómo se rompe el ciclo de inestabilidad institucional? Un elemento básico es el tiempo. Las nuevas constituciones necesitan varias décadas para echar raíces. Tienen que sobrevivir procesos de crisis y de cambio político y socioeconómico. Cuando las constituciones cambian cada 10 o 15 años (la vida promedio de una Constitución peruana es 15 años), no hay tiempo para la institucionalización. Las constituciones también se fortalecen cuando los actores que se oponían o las rechazaban en el pasado deciden apoyarlas, muchas veces, a cambio de reformas parciales.
Este proceso ocurrió en Costa Rica en los años 50, Chile en el 1988-89, y en Ghana, México, Taiwán, y Turquía en los años 90. Es duro aceptar y legitimar una Constitución impuesta por fuerzas enemigas o autoritarias. Pero puede tener efectos muy positivos en cuanto a la institucionalización.
Decir que se debe mantener la C93 no es decir que no puede ser reformada. Reformar artículos específicos de la Constitución es una práctica normal —y muchas veces positiva— en cualquier democracia. Proponer una reforma del artículo 60 para modificar el rol subsidiario del Estado, por ejemplo, es perfectamente legítimo. Pero negar la legitimidad de la C93 o pretender acabar con ella es un error. Refuerza el viejo patrón de inestabilidad institucional, que siempre termina debilitando la democracia. Y cuando no hay democracia estable, tarde o temprano la izquierda sufre.
(*) Profesor de Ciencia Política, Universidad de Harvard Cambridge, Massachusetts
La República.
