Ante representantes de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, el Instituto Prensa y Sociedad y el Consejo de la Prensa Peruana, además del director de Radio La Voz, Carlos Flores Borja, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino Lucero, se comprometió a cursar comunicación, en las próximas 24 horas, al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones instándolo a revocar la resolución que terminó con el cierre de Radio La Voz de Bagua. Asimismo, demandará se suspenda toda licitación pública de la frecuencia otorgada previamente a Radio La Voz y pedirá opinión especializada al Ministerio de Justicia en torno a la derogatoria de la acción de amparo presentada por Radio La Voz, que lo que pretendía era garantizar la libertad de expresión en el país.
La Defensora del Pueblo, en uso de sus atribuciones constitucionales, aseguró que presentará en el proceso de amparo que se sigue en la Sétima Sala de la Corte Superior de Justicia un “amicus curiae”, para adoptar criterios jurídicos que contribuyan a esclarecer que el amparo sí es la vía idónea para proteger la libertad de expresión y no como lo sostiene el juez de primera instancia que precisa que los dueños de la radio deben acudir al proceso contencioso administrativo y no al proceso de amparo.
“Vamos a iniciar una acción en defensorial en garantía de la libertad de expresión, derecho fundamental para la existencia de una democracia en una sociedad moderna, como el Perú”, aseguró en la reunión.
Merino Lucero recordó que han habido reuniones para plantearse alternativas de solución desde la Presidencia del Consejo de Ministros algunas de las cuales eran aceptables para las partes en cuestión, pero para sorpresa de todos el acuerdo que ya se había asumido en la Presidencia de Consejo de Ministros fue desconocido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que además ha sacado a licitación pública la frecuencia de Radio La Voz, de Bagua, lo cual ocasionaría un daño irreparable.
“Nosotros ya veníamos estudiando este tema desde hace algún tiempo, porque la libertad de prensa es un compromiso esencial para la Defensoría del Pueblo”, precisó la Defensora del Pueblo.
Los gremios pidieron intervención de la Defensoría puesto que la desidia política de hoy es más grave que el propio error. Recordaron, junto al abogado de la defensa, Dr. Roberto Pereira, que Carlos Flores y su familia han sido acosados desde el 11 de junio del 2009. Tiene seis procedimientos administrativos, tres cobranzas coactivas y tres procedimientos administrativos-sancionadores.
La ANP, IPYS y el CPP durante la reunión recordaron que todos los medios de comunicación que participaron comunicando lo ocurrido en Bagua en junio del año pasado sólo cumplieron con su deber de informar
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El defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo, Fernando Castañeda, aseguró que desde la Defensoría del Pueblo se monitorean conflictos sociales desde hace 30 años y nunca se habían topado con un caso tan delicado como el de Bagua.
