Estamos a tiempo para evitar que la historia se repita en el Perú, nuestras reservas deben servir al desarrollo e industrialización del país y a una política de utilización de energía limpia, en lugar del caos de contaminación que azota a los peruanos con toda clase de males, desde respiratorios hasta cancerosos.
La política de tapar agujeros falló dentro y fuera del país
Más específicamente, se trata de interrupciones intempestivas de las exportaciones de gas comprometidas por la Argentina con su vecino, que representan casi el 80% de la demanda de Chile y que la Argentina está obligada a proveer por contrato.
La Argentina fue una de las primeras que propusieron el desarrollo del gas natural y abrazó entusiasta su importancia para la economía. El gas era significativo para el desarrollo de las provincias que son proveedoras de energía y como una fuente confiable de energía doméstica: casi el 90% de los taxis de Buenos Aires usa gas natural comprimido (GNC) y aproximadamente el 50% del gas natural del país se usa para la generación de energía eléctrica.
Chile igualmente viró su economía hacia el gas natural, aunque no tiene prácticamente reservas locales. Sin reservas, pero con un vecino dispuesto y en condiciones de venderle gas, Chile negoció varios acuerdos con la Argentina. Siete gasoductos vincularon eventualmente a los dos países energética y políticamente, aunque esto último no se manifestó por muchos años.
Por cierto, al comenzar a fluir el gas, Chile alteró su matriz energética y su generación de energía dio un salto, hasta el punto de que hoy casi el 50% es producida por plantas de gas. Ambos países fueron aplaudidos por sus políticas energéticas y modelos económicos que miran al futuro.
Pasemos, en avance veloz, a este invierno: a fines de mayo y en junio, el gobierno del presidente Néstor Kirchner adoptó la decisión política de desviar el gas originalmente destinado a la exportación a Chile hacia Buenos Aires, para saciar la mayor demanda de calefacción de la ciudad.
La decisión de las autoridades argentinas de quebrar su acuerdo bilateral de provisión de gas natural con Chile sorprendió a muchos. No debió sorprender a nadie. El gobierno de Kirchner ha demostrado desde los primeros cortes a Chile, en 2004, que no tiene problemas en adoptar decisiones de corto plazo que claramente no toman en cuenta los posibles efectos para sus vecinos.
No debe ser una sorpresa cuando el Gobierno actúa de este modo. Lo que es peor, la política de tapar agujeros de Kirchner este año falló también localmente. Se han sucedido los cortes en Buenos Aires y a muchos de los taxis de la ciudad les sigue siendo difícil llenar sus tanques de GNC, mientras el Gobierno pelea con las estaciones de servicio por los precios.
Sin embargo, la mayor carga del dilema energético de la Argentina recae sobre la industria del país. Ha estado fuertemente restringida la provisión de gas y de energía eléctrica a los usuarios industriales en las últimas semanas. Los efectos van desde los despidos no planificados en el corto plazo, a la posibilidad real de una caída del crecimiento económico vital que se ha visto en los últimos 4 años.
Muchas de las políticas implementadas para poner en marcha la economía luego del colapso siguen vigentes. La devaluación del peso y el congelamiento subsiguiente de las tarifas son cuento conocido, pero se justifica repetirlo. Ninguna de las cosas deja de tener su importancia para evaluar el caos que existe hoy.
Las compañías vieron caer en dos tercios el valor de sus inversiones de la noche a la mañana. El Gobierno tuvo una actitud de confrontación con las empresas energéticas. Naturalmente, la demanda subió por las nubes al mantenerse las tarifas durante años. Mientras tanto, la inversión privada en energía reaccionó a las señales de mercado que enviaba el Gobierno y la inversión y la producción se desaceleraron significativamente.
El Gobierno buscó así hacer equilibrio con la energía. Se utilizaron parches, tales como reducir los envíos a Chile; importar gas de Bolivia, y recibir fuel oil de Venezuela. Pero nunca se propuso una política energética de largo plazo. En un artículo reciente, este diario se preguntaba retóricamente si los manejos energéticos del país eran apáticos o estratégicos. Lamentablemente, lo primero sería mucho más comprensible que lo segundo, aunque no beneficioso para la Argentina y sus ciudadanos.
A principios de este mes, ansioso por evitar otra crisis energética al reducir las exportaciones a Chile, Kirchner y el ministro de Planificación, Julio De Vido, trataron nuevamente de cerrar una herida inmensa con un parche. Sin embargo, esta vez no sólo reabrieron las heridas de su vecino sino que, además, tampoco lograron contener la que se habían infligido.
Lamentablemente, el hecho de que la Argentina siga incumpliendo acuerdos bilaterales también subraya una cuestión más importante: la interconexión no sólo trae consigo lo positivo que tiene para ofrecer un vecino a otro, sino también lo menos deseable.
Por cierto, los gasoductos que recorren el cono sur han demostrado que son lo suficientemente amplios como para que pase por ellos el espectro de la geopolítica. Y la actual situación en la Argentina tiene que ver con el hecho de que la política local pesa más que los acuerdos internacionales, especialmente, en un año electoral.
Aparte de los efectos de corto plazo evidentes, hay un aspecto particularmente negativo de los cortes más recientes y el actual dilema de la Argentina. El Gobierno ha establecido un patrón claramente reaccionario para el manejo de las crisis energéticas. Y, sin embargo, no se ha adoptado ninguna resolución política seria para responder al problema central: las medidas económicas que deprimieron la producción de hidrocarburos local, al mismo tiempo que se promovía el fuerte crecimiento de la demanda.
El autor es director del Programa de Energía del Instituto de las Américas, Estados Unidos.
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