Corrupción del gas pone al Perú en régimen de curatela

Corrupción del gas pone al Perú en régimen de curatela

Confirmando que en el Perú es invencible la corrupción —y una farsa la lucha contra ella—, esta semana se ha puesto en claro que nuestro país queda al margen de las decisiones sobre el gas, recurso estratégico. Recordamos que en su campaña electoral, cuando el actual presidente Ollanta Humala era candidato, denunciaba el carácter corrupto de las modificaciones legales que permiten la exportación del gas y pregonaba que en su gobierno no se exportaría “ni una molécula de gas”.

Lo que el entonces candidato planteaba no era algo revolucionario; se trataba sencillamente de que, en representación del pueblo peruano, el estado, rechazando un contrato corrupto, asumiera el control de un recurso estratégico vital. Sin embargo, en la práctica el gobierno de Ollanta Humala demuestra que es un dócil servidor de las empresas que corruptamente usufructuan las riquezas del Perú. Como para disgusto de Ollanta Humala y sus ministros la opinión pública sigue reclamando el cumplimiento de promesas electorales, el gobierno se ha acercado tímidamente al consorcio que explota el gas de Camisea.

Cuando decimos “tímidamente” queremos expresar que frente a las empresas, el gobierno —que amenaza a Cajamarca para imponerle la minería destructora del medio ambiente— asume la actitud del que pide un favor a quien no es dueño del recurso, para ver si tiene la bondad de escucharlo y “dar aunque sea un poquito”. Conducta indigna por donde se mire.

El diario limeño La Primera informa en el artículo “Recuperación del Lote 88 sin fecha” el 13 de enero de 2012: “Hay que resaltar que en diciembre de 2011, a pedido del Consorcio Camisea, las negociaciones que mantiene con Perupetro se suspendieron y, según la empresa estatal, se espera retomarlas en el primer cuatrimestre de 2012, no obstante esto no es seguro” [negritas de Con nuestro Perú].

Líneas más abajo, con gran sabiduría y entusiasmo, Aurelio Ochoa, representante de Perupetro dice, para subrayar la incapacidad del mal representado Perú: “El funcionario recalcó que Perupetro o el estado peruano no pueden plantear una propuesta al Consorcio Camisea para recuperar el gas del Lote 88. ‘La propuesta viene del otro lado. Perupetro o el estado no pueden proponer’, dijo” [negritas de Con nuestro Perú].

O sea que quien no es dueño del gas (Consorcio Camisea) se toma el tiempo que quiera para decirle al dueño si cesa el faenón o no. ¿Por qué no preguntamos a un ladrón aún libre si desea devolver lo robado o no?

Muy bien. Según esto, se ha producido una dolosa expropiación del gas y el gobierno que presuntamente representa al pueblo peruano es menos que un testigo neutral; es un tímido y cómplice notario que se limita a informar que el Consorcio Camisea hace valer por sobre todas las cosas el contrato corrupto que permite la exportación del gas. En otras palabras, el gas no es propiedad del pueblo peruano ni del estado peruano; es propiedad de las empresas explotadoras, y en estas condiciones el Perú no puede ni siquiera proponer que se corrija la situación.

Aparte de que la exportación del gas es perjudicial porque el recurso es escaso —las reservas de Gas del Perú no tienen el volumen que hay en los países que son verdaderos exportadores—, existe el agravante de que el negocio deja ínfimas ganancias para el Perú y provoca que los peruanos paguemos un precio altísimo por el gas. El párrafo final de la nota de La Primera señala: “Al revisar el acuerdo de venta entre Perú LNG (empresa que revende el Gas Natural al exterior) y CFE de México se aprecia que los precios contrato de compra-venta del Gas Natural van desde 0.50 centavos de dólar por millón de BTU cuando el precio Henry Hub (marcador internacional de referencia para fijar el precio del Gas Natural) está en los 3.50 dólares el millón de BTU, y llega hasta los 3.57 dólares el millón de BTU cuando el marcador Henry Hub está en los 10 dólares” [negritas de Con nuestro Perú].

Volviendo a la negociación que el gobierno de Ollanta Humala y el Consorcio Camisea realizan en contra del pueblo peruano, ¿por qué actúa así dicho consorcio con el gobierno peruano? Por dos razones, lo hace porque quiere: 1) demostrar quién manda aquí, quién tiene la sartén por el mango aunque sea con un contrato corrupto; 2) prolongar sus ganancias todo el tiempo que sea posible, porque cada día se exportan en barcos enormes cantidades de gas con destino a México, Japón y Chile.

Nada importa que esto se haga en un momento crítico de la economía mundial, en que las reservas de hidrocarburos empiezan a declinar, momento en que se niega el gas a industrias peruanas, en que se vende acá el balón de gas con el precio más caro de América Latina y se anuncian racionamientos en centrales eléctricas.

Esta conducta $o$pecho$amente $umi$a del gobierno peruano pone al Perú en condición de una persona incapacitada para administrar sus bienes, alguien a quien la ley protege con la curatela, una forma de tutela que se aplica con menores de edad o personas con retraso mental u otra incapacidad. En este caso, el curador es el Consorcio Camisea, y el tutelado es el pueblo peruano, cuyo gobierno es incapaz de ejercer soberanía y autoridad (¿dónde está el principio de autoridad?).

Y pensar que los chilenos, que no dieron su voto para elegir a Ollanta Humala, han tenido mejor suerte que los peruanos, ya que lo primero que hizo Ollanta Humala como presidente electo fue ir a Chile y —con la actitud de quien dice “Mira, soy bueno, me sobra el gas y no sé qué hacer”— ofrecerle el gas peruano; y para que esa promesa que beneficia a la homicida y ratera fuerza armada chilena se cumpla —con Chile Ollanta Humala sí cumple—, es indispensable que se mantenga inalterable el contrato de exportación del gas.

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