El presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso Teófilo Gamarra Saldívar afirmó que la construcción del Gasoducto Sur Andino y el ducto de etano, que se tenderá por la costa, sur son compatibles y que el gobierno garantizará que ese recurso llegará a los más pobres. en entrevista con el diario virtual del Parlamento.
– ¿Cómo calificaría la exposición del ministro de Energía y Minas en el Congreso sobre la masificación del gas en el Perú?
Creo que fue positiva, ya que la masificación del gas, la seguridad energética y la construcción de un polo petroquímico en el sur andino son temas prioritarios del gobierno. Creo que se ha esclarecido plenamente las dudas que tenían algunos legisladores, y se ha asegurado que la construcción del ducto de etano y el Gasoducto Sur Andino no se contraponen sino que son compatibles. Los dos pueden ejecutarse al mismo tiempo. En tanto se construya el gasoducto, alternativamente se va a utilizar gas virtual. Es decir, se va a trasladar gas de Camisea, a través de cisternas para su distribución en todo el sur del país, incluido el Cusco, Puno y Arequipa. Para la construcción del etanoducto se invertirá 400 millones de dólares y la entidad que estaría a cargo, en forma individual o asociada, sería Petroperú. Esta es una buena iniciativa para proponer el desarrollo del sur, toda vez que se generará un polo de desarrollo en esa zona.
– ¿El país está perdiendo grandes ganancias por no industrializar el etano?
En estos momentos el etano se está quemando y se pierde alrededor de 600 mil dólares diarios. Es decir, que en un año estaríamos perdiendo 220 millones de dólares, cifra importante para un país en crecimiento como el Perú. Entonces se planea construir una planta petroquímica en la que se daría valor agregado al etano y se produciría polietileno, plástico, entre otros derivados.
-¿El proyecto dice que el gas saldría por Chilca y no por el sur?
En estos momentos el gas de Camisea llega a la costa a través de un ducto por Pisco, Ica. Este gas, por la distancia, puede trasladarse directamente hacia el sur, a los puertos de Ilo y Matarani, a lugares que son comerciales y cercanos al mar.
La preocupación de los congresistas del sur iba en el sentido de que Cusco geográficamente está más próximo a los departamentos de Moquegua y Arequipa. ¿Lo legítimo sería que el Gasoducto salga por un departamento sureño y se genere el desarrollo de esa zona?
El tema es que en estos momentos el gas de Camisea ya está en Ica. Entonces hay que hacer una inversión pequeña para trasladarlo al sur. Actualmente, estamos hablando de los lotes 56, 57,58 y 88. Hay dos lotes que técnicamente son más densos que el lote 88, que tiene más etano. Por ese lado es que el gas llega a Ica y se está quemando. Esto debe ser trasladado al sur.
Había también la preocupación de que estaba dejándose de lado el Gasoducto Sur Andino…
No hay una contraposición. Nosotros apoyamos que se construya el Gasoducto Sur Andino para que se desarrolle todo el sur del país, pero tiene que hacerse algunos ajustes al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Estamos hablando de un proyecto que aún no está acabado y que puede modificarse. La voluntad del gobierno es ejecutar estos dos grandes proyectos. La construcción del gasoducto permitiría la masificación de la distribución del gas en todo el sur. Estaríamos hablando de Quillabamba, Cusco, Puno. Por otro lado, está la construcción del etanoducto. Por eso no hay que mirar con desconfianza estos dos productos. Se dice que el gobierno estaría olvidándose de la construcción del gasoducto del sur, pero eso no es así.
¿Entonces, le darán el apoyo necesario al Poder Ejecutivo para desarrollar ambos proyectos?
Nos piden que les demos las herramientas legales para poder llevar adelante estos dos proyectos de envergadura. ¿Por qué no darles la oportunidad para que en su momento cumplan con la palabra empeñada ante todo el país?
¿Algunos congresistas opinaron que es necesario que el Estado tenga la posibilidad de intervenir en el manejo de las empresas de gas, y señalaron que en Latinoamérica hay casos exitosos?
Siempre he estado de acuerdo con la inversión privada. Soy respetuoso de la Constitución vigente y ésta dice claramente que el Estado participa subsidiariamente en la actividad económica comercial. Es decir, el Estado participa en aquellas actividades en las que los privados no pueden participar. El proyecto de ley no sale de este contexto constitucional, ya que respeta esta norma constitucional, pero promueve el desarrollo del sur.
¿Pero necesitamos buscar energía con precios más accesibles?
Es un deber del Estado preocuparse por el manejo de la energía eléctrica, agua, desagüe, alcantarillados, etc. En estos momentos la matriz energética está considerada en un 70 % proveniente del agua y un 20% del gas y un 10 % de otras fuentes. Se pretende ir cambiando este esquema para utilizar gas más rentable y económico para el país y para los peruanos.
¿Cómo se planifica la ejecución del Gasoducto del Sur?
El gasoducto sur lo hará una empresa privada, el Estado no se meterá. El Estado ejecutará, en forma individual o asociada, la construcción de un ducto que permita el traslado de etano, lo que es como construir una carretera para permitir que el etano llegue a un determinado lugar. Una vez que llegue se tendrá que concesionar y será la actividad privada la que invierta en la ejecución de obras de gran envergadura como petroquímicas que puedan darle valor agregado para finalmente generar impuestos y regalías al Estado. Adicionalmente se generará la utilización de mano de obra. Es decir, trabajo.
Si el Estado no tiene manejo o injerencia en las empresas encargadas de la administración de los recursos naturales, ¿Qué nos garantiza que el sector privado lleve gas barato a los lugares más lejanos y deprimidos del país?
El Estado puede participar, subsidiariamente, en algunas actividades económicas. Tiene el deber de preocuparse por el tema de la energía, del agua y el desagüe. El Estado es promotor del desarrollo. En ese contexto no soy partícipe de que el Estado se convierta en empresario y compita con los particulares. Esa ha sido una experiencia nefasta en el pasado. Lo que sí considero es que estos proyectos de ley, sin necesidad de ir en contra de la Constitución, deben ejecutarse cambiando la matriz energética. Lo otro implicaría la modificación de la Constitución vigente. Dentro de un esquema con reglas claras el rol promotor del Estado generará que la actividad privada desarrolle todo el sur del país, generando oportunidades de trabajo.
¿Pero el monopolio encarece y abusa en desmedro de los consumidores?
En una economía de libre mercado los precios se regulan en función de la oferta y la demanda. En este momento nosotros, como congresistas, debemos ser los primeros en respetar nuestras normas vigentes. Considero que ese proyecto no contraviene la Constitución, ya que fue planteado dentro del contexto constitucional como un Estado promotor que debe atender el tema energético del país. En el Parlamento tenemos que consensuar, actuar dentro de las normas constitucionales. Si la actividad privada compite con el Estado se generaría un riesgo para otras empresas que ya no querrían invertir en el país.
¿No se debería buscar un punto intermedio en el que se respete la actividad privada pero con leyes fuertes que protejan al consumidor del abuso de los monopolios?
Eso sería materia de una discusión constitucional que en estos momentos no está en agenda. Hay congresistas que tienen posiciones totalmente radicales, unos estarán a favor del “no intervencionismo del Estado”, otros dirán que no hayan empresas privadas, que todas sean estatizadas. Hay que entender que el Estado es un ente capaz de regular la actividad privada y generar inversión. En este momento se requiere generar confianza en los inversionistas y con ello crear oportunidades. Lo que se necesita son reglas claras para que los perjudicados no sean los usuarios. El pueblo que tiene que saber que hay temas que necesariamente exigen su participación ya que se serán los beneficiarios de la riqueza que genere este recurso.
