Consejo de Reparaciones ya reconoció a más de 8,600 víctimas
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, destacó la reciente sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso de la comunidad campesina de Santa Bárbara, por la desaparición forzada de 15 personas – entre las que se encuentran siete niños y niñas de entre ocho meses y seis años de edad, a manos de miembros del Ejército, ocurrida el 4 de julio de 1991.
“Se trata de un caso terrible que compromete la responsabilidad del Estado, no solo por la comisión de un crimen tan execrable como lo es la desaparición forzada, sino por la ausencia de una debida diligencia para garantizar el acceso a la verdad y justicia de los familiares durante todos estos años”, indicó Vega.
Refirió que la Corte IDH en su sentencia da cuenta que el Estado peruano, durante el proceso, informó de la elaboración de un proyecto de ley para regular de manera integral la política nacional de búsqueda de personas desaparecidas en el período de violencia (1980 – 2000). Desde mayo de 2014 está pendiente que el Ejecutivo remita el proyecto al Congreso.
Cabe resaltar que la sentencia insta al Estado peruano a adoptar una estrategia nacional de búsqueda y determinación del paradero de personas desaparecidas “(…) complementaria a los procesos judiciales, mediante la cual se asegure el levantamiento de la información disponible sobre posibles sitios de inhumación o entierro y se proceda a su identificación, registro y protección para su preservación, así como se inicien y/o continúen de manera sistemática y rigurosa, las acciones que resulten necesarias para la exhumación de restos en dichos sitios, y se asegure el uso de los diferentes medios de identificación forense” (párr. 318).
“Es indispensable, de cara al transcurso del tiempo, dar una respuesta humanitaria al drama de estas familias que hasta hoy desconocen el paradero de sus seres queridos”, aseguró el representante de la Defensoría del Pueblo.
En la actualidad, solo es posible recurrir a la vía penal para la búsqueda de una persona desaparecida, lo que resulta insuficiente dada la magnitud del problema. Por ello, urge esta política integral, articulada, multidisciplinaria y coordinada con diversos sectores. Dicha iniciativa es respaldada por organizaciones internacionales y así como por las propias organizaciones de familiares de víctimas que impulsan la Campaña #Reúne.
