En oficio dirigido al Presidente del Consejo de Ministros. Se evalúa iniciar un proceso constitucional para viabilizar el cumplimiento de los acuerdos asumidos en la consulta previa llevada a cabo en la zona.
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, reiteró su preocupación al Poder Ejecutivo por no haberse aprobado el Decreto Supremo que crea el Parque Nacional de Sierra del Divisor, ubicado en las regiones Loreto y Ucayali, no obstante ser un pedido de los pueblos indígenas Matsés, Huambisa, Ashéninka, Isconahua–Shipibo y Shipibo Conibo.
El Defensor del Pueblo informó que recibió el pasado 15 de septiembre, a representantes de los pueblos indígenas que participaron durante el proceso de consulta para la creación del Parque Nacional. Ellos expresaron que han transcurrido veinte meses desde la suscripción del acta de consulta previa y el Poder Ejecutivo no cumple aún con emitir el decreto supremo que permita implementar los acuerdos arribados.
Resaltó que los representantes indígenas advirtieron sobre las diversas amenazas a las que se encuentra expuesta la zona de Sierra del Divisor, como consecuencia de la desprotección del área y la realización de actividades ilegales como narcotráfico, tala y minería ilegal.
La creación del referido Parque Nacional se sustenta —también— en la riqueza biológica, cultural y paisajística que posee, así como la importante fuente de recursos que supone para la subsistencia de las comunidades nativas del entorno. Adicionalmente, reflejaría coherencia política frente a los acuerdos y compromisos con el medio ambiente asumidos por el Estado peruano como anfitrión en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20).
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y que no se han hecho públicas las razones que explicarían la demora del Consejo de Ministros para aprobar el correspondiente decreto supremo, se viene generando en los pueblos indígenas consultados cansancio y desconfianza, pues consideran que la falta de diligencia en el cumplimiento de lo acordado afecta el principio de buena fe de los procesos de consulta.
En ese contexto Vega Luna, a través de un oficio -N.º 545-2015/DP- dirigido al Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido, informa que a solicitud de las organizaciones indígenas y en el marco de nuestras competencias constitucionales, la Defensoría del Pueblo evalúa iniciar un proceso constitucional para viabilizar el cumplimiento de los acuerdos asumidos en el citado proceso de consulta previa.
