Consejo de Ministros aprobó también proyectos de ley para acelerar procesos judiciales.
El Consejo de Ministros aprobó en su sesión de hoy fortalecer la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) a fin de convertirla en una oficina de excelencia del sector público, anunció esta noche el titular de Justicia, Juan Jiménez.
Detalló que la institución entrará en un proceso de reestructuración con el objetivo de modernizar sus procedimientos y brindarle mayor tecnificación informática a efectos que pueda garantizar la seguridad jurídica.
“Esto va a implicar reformas importantes en el proceso de inscripción de títulos registrales, de sociedades mercantiles, lo que permitirá que funcione de manera adecuada en términos de tiempo”, manifestó.
Aprobación de proyectos de ley
Jiménez Mayor dio cuenta también de la aprobación de dos proyectos de ley para crear las notificaciones electrónicas por edictos o los edictos electrónicos; y otro que propone modificar 47 artículos del Código Procesal Civil a fin de darle celeridad a los procesos judiciales.
En el primer caso, indicó, la iniciativa plantea que los trámites judiciales referidos a cambios de nombres, rectificación de partidas y otros, puedan ser publicados en el portal institucional web del Poder Judicial, lo cual permitirá reducir los costos para este procedimiento.
“Esto es parte de la política de inclusión social que promueve el gobierno a fin que los procesos judiciales sean más accesibles a los ciudadanos”, señaló el Ministro de Justicia en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.
El segundo proyecto de ley aprobado plantea una serie de innovaciones con el objetivo de acelerar los procesos judiciales y hacer que existan menos trabas para los litigantes.
Precisó que se está proponiendo que el Poder Judicial realice sus notificaciones a los abogados a través de casillas, y asimismo se plantea devolver facultades a los jueces para que puedan determinar las conciliaciones.
El ministro Jiménez también indicó que se está planteando el tema de que las multas que imponen los jueces puedan ser para el Poder Judicial y que estos recursos sirvan para su propio presupuesto.
“Es una manera de poder reconducir los procesos judiciales, que los jueces puedan dictar apremios a los abogados o litigantes que efectúan recursos maliciosos o maniobras dilatorias y puedan ser multados y que estas multas sean cobradas por el Poder Judicial”, manifestó.
