El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), iniciará la próxima semana la convocatoria para la adquisición de 16 mil cámaras de videovigilancia, las cuales serán instaladas en 8 mil vehículos de transporte público con el objetivo de reforzar la seguridad de los usuarios y operadores del servicio.
Así lo informó el ministro Raúl Pérez Reyes, durante su participación en la mesa de trabajo “Seguridad Ciudadana en el Transporte”, organizada por el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, donde se abordaron estrategias para combatir las extorsiones y actos delictivos que afectan al sector.
Además, el titular del MTC informó que se colocarán cámaras en 500 taxis formales, se instalarán 300 pórticos de vigilancia y se implementarán 1000 cámaras adicionales en puntos estratégicos de Lima y Callao. La adjudicación de este proceso está prevista para el mes de julio.
Este sistema de vigilancia contará con tecnología de reconocimiento facial, lo que permitirá identificar a personas involucradas en hechos delictivos, y estará interconectado con la Policía Nacional del Perú (PNP), garantizando una respuesta rápida y efectiva. Los datos serán almacenados de forma segura en discos duros y una nube administrada por la ATU.
Durante su exposición, el ministro Pérez Reyes también saludó la reciente aprobación en el Congreso de la modificación a la Ley N.º 30096, Ley de Delitos Informáticos, que sanciona la activación ilegal de líneas móviles y la posesión de SIM cards sin autorización. Asimismo, destacó la aprobación de una nueva ley que facilita el uso de datos derivados de telecomunicaciones para el rastreo y bloqueo de celulares vinculados a actividades delictivas.
El titular del sector informó que el MTC, junto con los ministerios del Interior y Justicia, está finalizando la reglamentación del Decreto Legislativo N.º 1688, que establece sanciones a las empresas operadoras que permitan comunicaciones ilegales desde establecimientos penitenciarios y centros juveniles, con el objetivo de bloquear la señal tanto dentro como en los alrededores de estos espacios.
La mesa de trabajo contó con la participación del ministro del Interior, el viceministro de Transportes, la presidenta del Poder Judicial, la Fiscal de la Nación, el jefe del Estado Mayor de la PNP, el jefe del INPE, y representantes de los gremios de transporte urbano, entre otras autoridades.
