Poco a poco, en diferentes medios de comunicación se están anunciando las graves consecuencias que podría traer El Niño el próximo año. Las alertas se han encendido a nivel nacional, sin embargo, el envío de presupuesto y las tareas de prevención no han corrido a la misma velocidad que la alarma, en especial en los departamentos del sur, como siempre con menos suerte que los del norte.
Ya es sintomático que el gobierno nacional mire de soslayo al sur. La financiación de grandes proyectos de infraestructura en el norte ha sido una política adoptada por los últimos cuatro gobiernos.
En el caso de El Niño, el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño – ENFEN ha estimado que el sector más golpeado por este fenómeno será el norte, considerando como efecto único a las inundaciones. Sin embargo, el gobierno nacional no ha tenido la misma diligencia para prever las consecuencias que traería una dura sequía en el sur del país, considerando que es en las zonas altoandinas donde se ubica la mayor parte de la población vulnerable al cambio climático. Hay que tomar en cuenta que la destrucción de los cultivos no solo son motivados por el desborde de los ríos, como ocurre en el norte, sino también por la sequía, heladas y nevadas en el sur, en especial si caen fuera del calendario agrícola. Una consecuencia directa de la sequía en el espacio altoandino es la severa descapitalización de los productores por la pérdida del capital pecuario y de los cultivos y semillas para las siguientes campañas.
En los decretos legislativos que emiten la emergencia a nivel nacional, sólo se consideró a Puno, Arequipa y Cusco, dejando al resto de departamentos del sur sin las facilidades para obtener partidas presupuestales para sus planes de contingencia. Una zona particularmente sensible es Tacna, donde ya se vive una severa escasez de recursos hídricos y está en riesgo toda la agricultura y el abastecimiento a la ciudad. Tomando en cuenta una evaluación local, la Autoridad Nacional del Agua recientemente ha realizado un pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros para considerar a Tacna dentro de la emergencia.
Otro tema sensible ha sido la distribución de partidas presupuestales, pues el gasto se ha centralizado en la mayoría de casos en el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), dejando fuera a los gobiernos regionales en la planificación de estas tareas en sus territorios. Este es otro síntoma de la centralización de presupuesto, que no deja que los gobiernos subnacionales, que conocen la vulnerabilidad de su espacio geográfico, puedan hacer una mejor distribución y uso de los recursos. Todavía sufrimos los efectos de la campaña mediática montada por el caso de corrupción de la gestión Álvarez en Ancash, cuyo mensaje principal fue que los gobiernos regionales son corruptos y deficientes en el manejo de fondos públicos, lo que genera condiciones para que afloren, una vez, más, las tendencias centralistas entre políticos, autoridades y funcionarios del gobierno nacional.
La gobernadora Yamila Osorio refirió que a finales de julio recién recibieron una partida directa de 8 millones de soles, con los que se convocó a una licitación para hacer cinco obras: tres en Tambo, una en Ocoña y otra en Majes y los otros 8 millones los está ejecutando directamente el MINAGRI a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI). Ella indica que este dinero no es suficiente y en el presupuesto no se tomaron en cuenta los problemas que causaría una sequía. Está solicitando 200 millones de soles más para prevención, manejados a través del gobierno regional.
El titular del MINAGRI, Juan Manuel Benites, señaló que en previsión de eventuales desastres, el gobierno contrató un seguro catastrófico privado de alrededor de S/.75 millones de soles para cubrir eventuales daños en las zonas altas. Hay que estar atentos a cómo los productores agropecuarios podrán tener acceso, pues el seguro alpaquero, manejado también por el gobierno nacional, sin tomar en cuenta las particularidades de cada zona, no ha sido un buen precedente de cobertura estatal.
Durante esta emergencia, hemos visto una desarticulación interinsitucional en el caso de Puno, que agrava la limitación de recursos financieros, porque ni siquiera se conciertan actividades con lo que se tiene de equipos y recursos; pero esto no es una manifestación particular del sur sino de todo el país en general.
El panorama es algo desalentador faltando tan poco para diciembre, mes en el que se desatará el fenómeno, y tomando en cuenta, además, los perniciosos efectos que se esperan en los meses posteriores. Parece que inevitablemente El Niño hará de las suyas sin que nosotros lo podamos llevar de la mano.
Los desastres naturales una vez más, desnudan las limitaciones y debilidades del Estado peruano y plantean la urgencia de emprender una reforma y modernización de su aparato, que le permitan ser más eficiente en el gasto, pero también más democrático para las asignaciones presupuestales. La prevención de estas emergencias es un asunto técnico y a la vez político.
desco Opina – Regional / 7 de octubre de 2015
