El presidente Pedro Pablo Kuczynski recibió esta tarde el informe de la Comisión de Integridad que contiene 100 medidas que los poderes Ejecutivo y Legislativo deben aprobar para hacer frente a la corrupción en el país.
«Vamos a leer esto con cuidado y explicarle al público cuáles son las medidas que se van a tomar, cuáles se presentarán al Congreso de la República y cuáles podrán ser aprobadas por el Ejecutivo», así lo sostuvo el jefe de Estado durante la reunión de esta Comisión sostenida en el salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno.
Sobre los resultados del primer informe de la Comisión de Integridad, que presidió el ex defensor del Pueblo, Eduardo Vega, el mandatario destacó cinco grandes capítulos que contienen propuestas para promover la integridad y el respeto a los principios éticos en la función pública, y la lucha contra la corrupción en el Estado.
Entre estas medidas están la firma de una declaración de intereses para que los funcionarios públicos detallen en qué empresas trabajaron y qué vinculación mantuvieron con estas antes de asumir sus cargos; y el plan nacional de infraestructura donde los proyectos sean parte de un esquema anual y no parezcan improvisados. Estas reformas serán asumidas por el Ejecutivo.
En tanto, las reformas que tendrían que ser vistas por el Poder Legislativo son: el arbitraje Ad Hoc, que debería ser un arbitraje nacional e institucional; el sistema de justicia especializado en anticorrupción; así como la reforma electoral y de partidos políticos.
«Esos son los cinco grandes capítulos, estoy seguro que habrá mucho más. Recordemos que el costo para la sociedad es doble, hay un costo de pérdida de tiempo y monetario, pero sobre todo el costo de pérdida de fe que es lo más importante», indicó.
El jefe de Estado mencionó que «son 13 millones de soles anuales los que se pierden por la corrupción, según estudios del Banco Mundial y la Contraloría General de la República, pero eso no incluye el otro gran costo: la pérdida de fe de los ciudadanos en el sistema, porque ven que es corrupto y que no funciona sin grasa (coima)».
En ese sentido, recalcó que los ciudadanos «pierden fe en el gobierno y las instituciones, y tenemos que pensar que no solo son los corrompidos los que deben pagar los platos rotos, sino también los que corrompen».
Por su parte, Eduardo Vega adelantó que una de las propuestas es que se amplíe la muerte civil para aquellas personas que están condenadas por delitos graves como el tráfico de drogas, lavado de activos y crimen organizado.
Es importante indicar que este grupo de trabajo tuvo un plazo de 45 días para desarrollar ese informe, y estuvo conformado por Elsa Del Castillo, Hilda Fernández, Max Hernández, Jorge Medina, Santiago Pedraglio, Víctor Pino y Allan Wagner.
