La campaña #contraelolvido busca la verdad, justicia y reparación para las víctimas de esta política de Estado bajo el mandato de Alberto Fujimori.
Las últimas declaraciones de Keiko Fujimori en la Universidad de Harvard sobre las esterilizaciones forzadas atentan contra la memoria histórica del país y la dignidad de las víctimas. Niega las 2.074 denuncias presentadas por haber sido ligadas sus trompas contra su voluntad, niega también que fuera una política de Estado y culpabiliza a los médicos, quienes, a través de la Federación Médica del Perú, rechazaron estas declaraciones y recordaron que se trataba de una política de gobierno.
La campaña #contraelolvido nace del compromiso del equipo que forma parte de Hiperactiva Comunicaciones y Gran Angular que llevó a que en el 2014 lanzáramos el documental “Cicatrices del engaño”. Esta campaña, cuyo lema es “Tu silencio, alimenta la impunidad”, busca hacer memoria, remover la conciencia, y que sea asumida esta lucha por la justicia, verdad y reparación de estas mujeres como un reclamo de la sociedad peruana. #contraelolvido está dirigida a los jóvenes, a aquellos que van a recoger el testigo de la historia, y constituirán el futuro del país. Buscamos que las nuevas generaciones conozcan y no olviden esta grave violación a los derechos humanos.
La campaña difundirá testimonios de las víctimas de esterilización forzada de Ayacucho, Cusco, Piura y Huancayo. Así, como divulgará videos protagonizados por personajes públicos que ya se han sumado a la campaña y han grabado un mensaje #contraelolvido de las esterilizaciones forzadas, como el historiador Antonio Zapata, Jimena Ledgard, Pedro Francke, Julio Arbizu, entre otras figuras públicas.
Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de investigación fiscal. «Se ha ampliado el plazo de investigación por seis meses más -hasta enero del próximo año- y se han fijado una serie de diligencias entre ellas la toma de declaraciones de las víctimas y algunos testigos», declara Julio Arbizu, abogado de algunas de las víctimas de esterilización forzada.
“Estas campañas fueron una prolongación radical y extrema de políticas de control de natalidad que estaban en vigencia en el mundo entero, patrocinadas por organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) incluso por las Naciones Unidas; pero a la hora de implementarlas estas políticas públicas en el caso peruano se aplicaron con los procedimientos habituales en el Gobierno de Fujimori: de una manera autoritaria y violenta”, explica el historiador Antonio Zapata.
Razones para no olvidar
En los años 90 el Perú se encuentra en una grave situación económica y social.
Fujimori se estrena en el ámbito económico adoptando las reformas neoliberales, siguiendo el programa del Consenso de Washington, impuesto por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En el marco de este proceso de ajuste estructural, decide (1996) poner en marcha el programa de Planificación Familiar.
Entre los años 1996 al 2000 para erradicar la pobreza en todo el país el gobierno de Fujimori llevó a cabo una política de esterilizaciones de manera forzada. El programa alcanzó a casi 300 mil mujeres y 22 mil varones, a la fecha no se conoce el número exacto de personas esterilizadas contra su voluntad. 18 mujeres fallecieron tras ser esterilizadas de manera forzada.
El único caso de violación de derechos humanos que ha reconocido el Estado fue el de la fallecida María Mamérita Mestanza. En 2003 el Perú y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa, por el cual el Estado aceptó indemnizar a la familia de esta mujer que murió en 1998 tras ser víctima de este programa en Cajamarca. «Mediante este Acuerdo se obligó también al Estado a investigar y sancionar a los responsables de la política de Estado que se imprimió en ese entonces, es decir, investigar a las más de dos mil denuncias por esterilizaciones forzadas que existen a lo largo y ancho del país», señala Gloria Cano, directora de APRODEH.
Hay que recordar que en enero del 2014 el fiscal Marco Guzmán Baca archivó la investigación, resolución que se sumó al primer archivo del caso en 2009. Asimismo, recientemente el viceministro de Derechos Humanos, Ernesto Lechuga, manifestó que el Ejecutivo no puede crear un registro oficial de víctimas de esterilizaciones forzadas, hasta que no se resuelva el caso en los tribunales.
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=yMChvGogovs
Web: www.elgranangular.com
Twitter: @El_Gran_Angular
Facebook: https://www.facebook.com/elgranangular?ref=aymt_homepage_panel
