Ministro del Interior asegura que hay «candados» contra excesos por norma para ubicar celulares

El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, aseguró que la norma que permite la localización y geolocalización de equipos de comunicación promulgada recientemente no se trata de interceptación telefónica y por el contrario, es una herramienta muy valiosa para que la Policía Nacional combata la extorsión, sicariato, secuestro y otros delitos.



“Es una ley excelente [el decreto legislativo 1182] que permitirá a la Policía Nacional ubicar, dentro de las 24 horas, en flagrancia, a los extorsionadores. La ley no es mala, el tema es si se va a aplicar bien y es claro que nadie quiere volver a los años 90, a la época de Montesinos. Nos hemos asegurado de poner los ‘candados’ necesarios para evitar excesos o violación de la privacidad”, expresó.

Aclaró que con esta norma, la Policía no efectuará interceptación telefónica, sino ubicación de equipos móviles utilizados en casos de extorsión.

Dijo que ha conversado con especialistas en torno al tema en controversia y han coincidido en que no hay problema con la norma, lo que sucede es que si alguien usa mal una herramienta comete una falta pero con esta no hay problemas de legalidad o inconstitucionalidad.

“Aquella persona que denuncia que lo están extorsionando de tal o cual celular puede denunciar a la Policía y eso pasa de inmediato a una unidad especial de la Policía que en este caso está dentro de la Dirincri y no cualquier unidad ni cualquier policía”, explicó.

Luego, la policía efectuará el pedido a las cuatro operadoras de telefonía y en paralelo a la fiscalía y esta avisa al juez, con lo cual se gana tiempo y se logra inmediatez, prosiguió.

Informó que las cuatro operadoras de telefonía pueden brindar esta información, están de acuerdo con otorgarla y es claro que la norma no es inconstitucional “porque no se va a escuchar las llamadas de nadie”.

Lo que sí se tiene que cumplir, añadió, es que se trate de un delito cometido en flagrancia, que sea un delito con una pena de más de cuatro años de privación de la libertad y que la investigación policial amerite el acceso a la información que puedan proporcionar las operadoras de telefonía.

Señaló que tras la promulgación de la norma quedan 30 días para formular los protocolos de intervención y 30 días más para que las compañías telefónicas puedan adecuar sus medidas en torno a la norma.

“Esta es una herramienta fabulosa que le estamos dando al próximo gobierno y creo que todos tenemos que ser vigilantes”, expresó.

Sobre el particular, el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, Jaime Reyes Miranda, pidió confianza a la ciudadanía porque la norma no está relacionada a un tema de la interceptación ni con el contenido de las comunicaciones, porque solo se trata de ubicar el celular desde el que se produce la llamada extorsiva en flagrancia delictiva.