José Carlos García Fajardo*
Al igual que existen “organizaciones para militares”, pretenden que haya “organizaciones para gubernamentales”. Quieren aprovecharse de las asociaciones humanitarias que nacieron para canalizar la generosidad del voluntariado social en busca de un sentido para su vivir y de un compromiso contra la injusticia.
Los gobernantes hablan de “tercer sector” y de “yacimientos de empleo”. Fomentan fundaciones y sociedades, subvencionadas por las empresas, para “mejorar su imagen ante la sociedad”, a costa de ONG coherentes en sus planteamientos. Algunos gobiernos pretenden fusiones entre las ONG para hacerlas más “rentables”.
Fue noticia que el ayuntamiento de Madrid cerró bibliotecas en los barrios más populares bajo la especie de que no se podían sostener. Claro que no eran “rentables”, de acuerdo con su argot que todo lo reduce a negocio, esos cálidos espacios que acogían a personas mayores, a jóvenes estudiantes y a muchos en paro que aprovechaban para formarse leyendo y compartiendo saberes.
Lanzaron la infame propuesta de que los “voluntarios sociales” reemplazaran a los profesionales en las tareas de servicio de esas bibliotecas populares. Fue una aberración que las más serias ONG denunciaron por absurda, por nada profesional y porque los voluntarios sociales, formados en auténticas organizaciones de la sociedad civil nunca podrán amortizar puestos de trabajo con sus prestaciones generosas y bien explícitas en el ordenamiento legal.
Ocurrió lo mismo que durante la llamada objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Algunas instituciones confesionales y políticas pidieron que les asignasen objetores de conciencia para poder despedir a trabajadores que hasta entonces se ocupaban de tareas administrativas. Ambas torpezas se retiraron porque los medios de comunicación acogieron las denuncias.
Ahora estamos ante una propuesta similar y descerebrada, la que hacen las autoridades para que se subcontraten a voluntarios de algunas ONG para ocuparse de los servicios sociales en los CIES, centros de internamiento de extranjeros “no juzgados ni condenados” sólo con irregularidades administrativas o por falta de documentos. Ciertas autoridades políticas son tenaces, reincidentes y voraces, no se cansan de desvirtuar la generosa actitud de los voluntarios sociales midiendo sus servicios en dinero.
Lo más preocupante es que algunas organizaciones se harán pasar por ONG como han hecho otras similares con el manido tema de la mal llamada responsabilidad social corporativa, bajo cuyo amplio paraguas han camuflado desvío de fondos y escamoteo de impuestos. La RSC sólo se debe medir por criterios de justicia social establecidos por las leyes.
Los poderes fácticos reaccionaron por la deserción de muchos jóvenes que se sentían incómodos ante un modelo de sociedad que no les gustaba. Estos descubrieron que las instituciones también eran responsables.
De ahí surgieron ONG dóciles para ejecutar la política de los gobiernos y actuar como empresas con financiación estatal.
Ante las convocatorias de proyectos de ayuda al desarrollo de los pueblos empobrecidos por las políticas depredadoras de los mismos gobiernos, las ONG serias participaron para reparar los daños cometidos y en respuesta a la llamada de la ONU a destinar el 0’7 % de su PIB para los países empobrecidos.
En diversos países, las Coordinadoras de ONG exigieron participar en la gestión de esos recursos que son aportados por la ciudadanía.
Se organizaron Plataformas reivindicando la autonomía de las ONG y los Gobiernos pretendieron dividir a las ONG entre adictas y críticas.
Los Gobiernos no deben financiar a las ONG, pues sería un contra sentido. Pero sí ayudar en proyectos sociales de éstas. Las ONG tienen que valerse de sus recursos propios para no convertirse en facilitadoras de servicios de la Administración con pérdida de autonomía y capacidad crítica. Ser “no gubernamental” supone asumir un compromiso y no confundir la realidad con los deseos.
Han aflorado ONG vinculadas a confesiones religiosas, a partidos en el poder y a intereses financieros. De fundaciones nacidas para difundir el ideario político de los partidos o un modelo de desarrollo, surgen pretendidas ONG para realizar la política exterior de los gobiernos o lavar la imagen de las empresas.
Muchas ONG serias se cuestionaron si deberían cooperar en esta confusión. Lo fácil hubiera sido callarse. La justicia exigía informar a la opinión pública y pedir cuentas al gobierno elegido por el pueblo. Sobre todo, cuando algunas de esas “Organizaciones para gubernamentales” ni tienen voluntariado social ni socios ni libertad estatutaria. El silencio nos convertiría en cómplices.
*Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Director del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
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Twitter: @GarciafajardoJC
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