Argentina: Corte Suprema valida decreto para vender sin límite tierras a extranjeros y se organizan protestas

Marcha contra el decreto que deroga la Ley de Tierras de 2011, agosto 2026, La Nación

La Corte Suprema argentina repuso un artículo del Decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 dictado por el presidente Javier Milei, cuya constitucionalidad es rechazada y cuestionada, pues deroga la Ley de Tierras de 2011 y permite a la compra sin límites de tierras argentinas por parte de extranjeros, atentando contra la soberanía argentina.

La norma es muy preocupante porque detrás de este decreto estarían mafias de grandes millonarios extranjeros que acapararían tierras no solo restando posibilidades a los argentinos con capacidad para acceder a áreas pequeñas o medianas, sino que podría atentar contra el equilibrio ecológico.

Anteriormente, un tribunal de menor rango había aceptado un recurso contra este artículo y lo dejó sin efecto. Pero la Corte Suprema, por motivos formales y sin evaluar el fondo del asunto, es decir, si el decreto es constitucional o no, lo declaró vigente, informan medios locales.

Milei quiso convertir ese artículo en ley y cambió la redacción varias veces para conseguir los votos en el Senado, que lo rechazó en marzo. El Ejecutivo incluso le incorporó un tope de 25% a las tierras que podían ser vendidas a extranjeros. Pero a pesar de esas modificaciones, no encontró los votos para aprobarlo en el Congreso. Todo ello causó protesta en las calles.

Dirigentes opositores repudian la decisión de la corte, conocida el martes. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, tildó la decisión judicial como “el fallo de la infamia”. Publicó en su cuenta de X: “La corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”. “Tuvo que retirar su proyecto porque no conseguía los votos en el Senado”, y “lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial. Se propone legalizar la entrega y el saqueo”, escribió.

Políticos como la exdiputada Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, también rechazaron enfáticamente el fallo. “Estamos en presencia de un poder autoritario que afecta la soberanía e integridad territorial de la Nación Argentina, de sus límites y fronteras, de los cuales son hoy responsables el presidente de la República y los ministros firmantes del Decreto, y lo serán los legisladores de no rechazar de forma inmediata y contundente dicho DNU”, indicó.

“Se los dije hace más de 20 años: vienen por el agua y la tierra. Ahora lo que viene es la IA y el agua dulce”, dijo. “Esto es el anarcocapitalismo. Son simples empleados a sueldo para enajenación de la Nación Argentina. Última matriz de saqueo. O tomamos conciencia o estamos fritos”, advirtió Carrió.

La legisladora del Frente de Izquierda Myriam Bregman manifestó que Milei “dice que va a defender las Malvinas”, pero su gobierno es “el mismo que entrega el continente”, y “son todos cómplices de la entrega”. Agregó que “ya mismo hay que anular el Decreto 70/23” y dijo que el Frente de Izquierda se ha “puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial” de la Cámara de Diputados para tomar esa decisión. “Se necesitan diez firmas, es increíble que no aparezcan”, subrayó.

El DiarioAR informó que la bancada peronista se reunió con el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, que había presentado el recurso contra el artículo del DNU 70/23 de Milei que derogaba la Ley de Tierras, que inicialmente recibió un fallo a favor. Después, la Corte Suprema concluyó que el Cecim no tenía potestades para impugnar esa norma.

Jerónimo Guerrero, abogado de los excombatientes, dijo a DiarioAR que “el fallo es una tragedia” y que los jueces que lo aprobaron “le pusieron el cartel de venta a la Argentina de una manera muy cobarde”.

La bancada peronista después coordinó con otras con el objetivo de hacer caer el DNU en el Congreso. El jefe de la bancada, Germán Martínez, dijo que pedirán una sesión especial para formalizar ese rechazo en la Cámara de Diputados, porque para que el decreto quede sin efecto debe tener el voto negativo de las dos cámaras.

Sindicatos y organizaciones sociales, entre ellas las de trabajadores de la economía popular, movimientos feministas y de derechos humanos, comenzaron a convocar para participar en la asamblea popular en Parque Lezama este viernes en protesta contra la Corte Suprema y su decisión. Además, distintos colectivos y sindicatos preparan para el martes una marcha a la sede del Poder Judicial contra la enajenación de la tierra argentina para los extranjeros.