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Jon Cordero
Bilbao (España), 18 may (Sputnik).- Más de 6.000 inmigrantes en las últimas 24 horas para una ciudad de 85.000 habitantes. Las cifras ayudan a comprender la dimensión de la avalancha migratoria sufrida este lunes por la ciudad autónoma de Ceuta, un enclave español situado en el norte de África.
Este súbito aluvión supone además un récord histórico en cuanto a las entradas ilegales en España por vía marítima, superando los más de 2.000 inmigrantes que llegaron en 48 horas a las costas canarias a principios del pasado noviembre.
Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? ¿Qué la originó? Ni la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quisieron admitirlo; pero la acogida hace un mes del jefe del Frente Polisario, Brahim Galli, en un hospital de Logroño (España) para tratarse una afección grave de coronavirus, planea sobre toda la crisis.
En la misma noche del lunes, la propia González Laya calificaba de «humanitaria» su acogida, pero lo cierto es que el Gobierno español no comunicó su entrada en el país a las autoridades marroquíes.
MARRUECOS AVISÓ
Desde entonces, la cancillería marroquí emitió dos comunicados. El primero, el 25 de abril, pocos días después de que el semanario Jeune Afrique publicara la presencia de Galli en territorio español. En él se mostraba la decepción por el gesto, al que se calificaba de «contrario al espíritu de asociación y buena vecindad».
En el segundo, este 8 de mayo, Rabat utilizaba un lenguaje más beligerante aún. Avisaba de que extraería «consecuencias» de lo que calificaba como «un acto premeditado, una elección voluntaria y una decisión soberana de España» y «maniobras tramadas a espaldas de un socio y un vecino».
En ambos casos, se denunciaba la entrada de Galli en España con pasaporte falso, algo de lo que no ha habido confirmación, ni reconocimiento oficial por parte de las autoridades de Madrid, y tras la primera de las notas se llamó al embajador español en Rabat para exigir explicaciones, un gesto reproducido por Madrid este martes con la emisaria marroquí tras los acontecimientos de las últimas horas.
ENEMIGO PÚBLICO
En sus dos notas, Rabat recordó los delitos de los que acusa al secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (Rasd), una especie de estado saharaui no reconocido por la ONU, ni por la mayoría de la comunidad internacional: violaciones, torturas y violaciones masivas de derechos humanos, concretamente.
Brahim Galli tiene además causas pendientes en España por delitos cometidos contra la población disidente saharaui en los campamentos de Tinduf (Argelia) y también se le considera instigador de ataques a pesqueros canarios entre las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado.
Y es que este veterano activista está inmerso también en un viejo conflicto: el de la salida irresuelta de España del territorio del Sáhara occidental, reclamado por Marruecos y que fue colonia española entre 1958 y 1976.
La ONU aprobó en 1970 un referéndum de autodeterminación para el Sáhara occidental que nunca se llegó a celebrar y tres años después nació el Frente Polisario, una organización militar no considerada terrorista por España en la actualidad, aunque sí lo fue anteriormente, y que nació para reclamar la independencia de esta antigua colonia, situada entre Mauritania y Marruecos.
LA VÍA DE LA INVASIÓN PACÍFICA
El caso es que en abril de 1975 y con Franco gravemente enfermo en sus últimos meses de vida, Hassan II, el padre de Mohammed VI, el actual monarca alauita, organizó una marcha pacífica de miles de marroquíes mayores de edad desarmados -la conocida como «Marcha Verde- a la que se unieron miembros del Ejército y que tuvo lugar entre el 6 y el 9 de noviembre, pocos días antes de que muriera el dictador español. Se calcula que 50.000 de esas personas que entraron al Sáhara Occidental se acabaron asentando en el territorio, ante la pasividad de España que estaba en retirada, algo que se formalizó en febrero del año siguiente.
La maniobra recuerda en este comienzo de semana a lo ocurrido en Ceuta por su relación con el conflicto saharaui, por la permisividad de las autoridades marroquíes y por tratarse en cierto modo de una invasión ciudadana.
Aunque en este caso no habría paralelismos entre el Sáhara Occidental y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ambas en territorio africano y esta última también afectada en las últimas horas por la llegada de migrantes, aunque en menor medida que el enclave ceutí. Ambos territorios están perfectamente integrados en la arquitectura institucional española y poblados por españoles que no están dispuestos a marcharse.
La baza migratoria reaparece periódicamente en las relaciones entre España y Marruecos, el vecino que da más quebraderos de cabeza a las autoridades de Madrid, y que utiliza a sus ciudadanos deseosos de emigrar a Europa para presionar a las autoridades españolas, cuando ambos tienen algún desencuentro.
Sin embargo en esta ocasión la dureza de las imágenes del muelle del Tarajal, donde un simple dique separa las fronteras de la Unión Europea de las del vecino del sur, consiguió implicar a las autoridades de Bruselas, al más alto nivel.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció la necesidad de «soluciones europeas comunes para gestionar la migración», una vieja reclamación de los países europeos del sur que por sí solos se ven incapaces de controlar el fenómeno migratorio que emana del norte de África y que las imágenes de Ceuta contribuyeron a visibilizar. (Sputnik)
