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Integrantes de comunidades indígenas de la Amazonía de Ecuador se movilizaron el miércoles hacia los exteriores del Complejo Judicial de la provincia de Morona Santiago (este) para exigir la libertad del expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Antonio Vargas.
«Nacionalidades amazónicas dan su respaldo en los exteriores del Complejo de la Judicatura de Morona Santiago, donde se da la audiencia de apelación a la prisión preventiva para Antonio Vargas», informó la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) en un comunicado.
El líder kichwa fue detenido el 20 de junio en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza (este), desde donde fue trasladado en helicóptero hacia una cárcel ubicada en Macas, Morona Santiago.
Sobre Vargas pesa una sentencia por presunto tráfico de tierras.
La Confeniae sostiene que la detención es arbitraria e ilegal pues Vargas cumplía con medidas alternativas dentro de su comunidad como señala el fallo emitido en su contra, basado en el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que establece que cuando se juzga a un indígena se le debe imponer de manera preferente una sanción distinta al encarcelamiento.
La organización agregó que en diciembre de 2019 la Corte de Pastaza, alegando un error de cálculo, amplió la pena, lo que supone una regresión que va en contra del espíritu de la apelación que busca la absolución o reducción de la sentencia.
Esta decisión judicial crearía, según la organización indígena, un nefasto precedente que contraviene acuerdos y tratados internacionales de los que Ecuador hace parte.
La decisión definitiva de los jueces en torno al caso se espera para los próximos días.
Con información de Sputnik
