La condena de dos ex dictadores por el robo sistemático de bebés de los presos políticos hace 30 años es un gran paso en los esfuerzos de Argentina por castigar el abuso a los derechos humanos durante esa época, aunque ciertamente no el último.
Luego de las condenas impuestas el jueves a Rafael Videla y Reynaldo Bignone, al menos otros 17 casos importantes están en juicio o cercanos a éste.
Entre ellos está un inmenso juicio que involucra a la Escuela de Mecánica de la Armada, la cual se convirtió en un temido centro de tortura entre 1976 y 1983, cuando la junta militar secuestró y mató a 13.000 opositores al tratar de aniquilar un levantamiento armado de izquierda. Ese caso involucra a 65 acusados, casi 900 víctimas, más de 100 testigos y unas 60.000 páginas de evidencia.
Inspirados por la revolución cubana y la presidencia socialista de Salvador Allende en Chile, los idealistas de izquierda en buena parte de América Latina debatieron en la década de 1970 sobre la mejor manera de cambiar sus países —ya fuera mediante la revolución armada o las elecciones. Con la muerte de Allende en el golpe de Estado que perpetró en 1973 el general Augusto Pinochet, muchos activistas pensaron que la guerrilla era su única alternativa y realizaron una serie de secuestros a personas, aviones o convoyes, asesinatos y detonación de bombas.
Sólo los insurgentes argentinos mataron a cientos de militares y oficiales de policía, políticos de derecha y ejecutivos de empresas extranjeras. Ante el temor de una guerra civil, las dictaduras militares asumieron el poder en buena parte del continente, y con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, impusieron lo que los líderes latinoamericanos describen ahora como regímenes de terrorismo de Estado.
Justo antes de que fuera derrocada por los militares argentinos en 1976, la presidenta Isabel Perón decretó que los subversivos de izquierda debían ser aniquilados para acabar incluso con la amenaza de una revolución armada.
Sin embargo, los robos de bebés en Argentina distinguen a la junta argentina. Ningún otro régimen militar en América Latina llegó a tal extremo para eliminar cualquier rastro de los presos políticos a quienes capturaron y mataron.
Una comisión, que emitió el informe «Nunca Más» y se formó poco después de que fue restaurada la democracia en Argentina en 1983 documentó miles de crímenes de lesa humanidad durante el régimen militar, pero casi ninguno de los perpetradores fueron procesados hasta que el finado Néstor Kirchner ganó las elecciones presidenciales 20 años después.
El ministro de Justicia Julio Alak dijo el jueves que la esposa y sucesora de Kirchner en la presidencia, Cristina Fernández, tiene el mérito de hacer que los casos de abuso contra los derechos humanos se constituyeran en un asunto fundamental en su gobierno.
«Cada sentencia contra los genocidas revive la memoria y honra a la democracia, porque es impensable que en un Estado de Derecho los asesinos del pueblo ocupen otro lugar que no sea la cárcel», dijo Alak luego de que fueron leídos los veredictos.
Videla, de 86 años, fue sentenciado a 50 años en prisión, mientras que Bignone, de 84, recibió una condena de 15 años, además de las cadenas perpetuas que ya purgaban ambos por otros crímenes de lesa humanidad. Un panel de tres jueces condenó a otros siete coacusados y absolvió a dos.
Si bien los dictadores están tras las rejas, la mayoría de los acusados por violación a derechos humanos siguen libres o en apelación, y muchos otros aún deben enfrentar un juicio.
De acuerdo con un conteo hecho en marzo por el Centro de Estudios Legales y Sociales, se ha mencionado a un total de 1.861 acusados en casos de terrorismo de Estado, pero los veredictos se alcanzaron sólo para el 17% de ellos. De ese grupo en que se llegó a un veredicto, el 92% fueron declarados culpables.
Desde que se iniciaron los juicios en 2006, al menos 65 han terminado en sentencias, pero sólo siete casos han agotado los procesos de apelación, que llevan más de dos años, en promedio.
Aún así, los veredictos del jueves fueron motivo de celebración afuera de los tribunales federales en Buenos Aires, donde los activistas vieron el anuncio a través de una gran pantalla de televisión.
«Es un día histórico. Hoy se ha hecho justicia legal, jamás justicia por mano propia como hicieron los represores», dijo a la prensa Tati Almeida, de las Madres de Plaza de Mayo. «Por fin la justicia ha reconocido que acá hubo un plan sistemático de robo de niños, no casos aislados».
Muchas prisioneras preñadas fueron «desaparecidas» poco después de parir en pabellones de maternidad clandestinos. Sus bebés se entregaron a familias de militares y policías de confianza.
Aun así, Videla testificó que no había un programa sistemático para el robo de bebés y acusó a los prisiones de utilizar a sus hijos nonatos como «escudos humanos».
Se llamó a sí mismo un «prisionero político» y consideró su sentencia una farsa vengativa de personas que, luego de sufrir una derrota militar, ahora ocupan posiciones en el gobierno. Sin embargo, Videla dijo que aceptaría su sentencia bajo protesta y con la conciencia limpia.
Entre los testigos estuvo el ex diplomático estadounidense Elliot Abrams, quien fue convocado a testificar luego que un memorándum que describe su reunión secreta con el embajador argentino dejó de considerarse un documento secreto, a petición de las Madres de la Plaza de Mayo, cuyos esfuerzos en la recopilación de evidencia fueron fundamentales para la fiscalía.
Abrams dijo que pidió secretamente que Bignone revelara la identidad de los niños como una forma de suavizar el regreso de Argentina a la democracia.
«Sabíamos que no eran uno o dos niños», dijo Abrams, quien sugirió en su declaración que debía haber algún de plan por parte de un funcionario de alto nivel, «porque hubo mucha gente asesinada o encarcelada».
En cambio, Bignone ordenó al ejército destruir evidencia de las actividades de la «guerra sucia» y la junta negó cualquier conocimiento del robo de bebés. El gobierno estadounidense también dio a conocer muy poco de lo que sabía en el momento en que los escuadrones de la muerte eliminaban a quienes se oponían a la junta.
Las madres de la Plaza de Mayo han ayudado a 106 personas desde entonces a recuperar sus verdaderas identidades mediante pruebas de ADN. Otros 26 de estos casos formaron parte del juicio. Habría hasta otros 400 adultos jóvenes robados en estas circunstancias, dijeron las madres de la Plaza de Mayo, pero es imposible tener alguna certeza.
El juicio contó con el desgarrador testimonio de familiares que han buscado a sus hijos desaparecidos, sin encontrar consuelo, y de adultos jóvenes que recientemente supieron que fueron criados por algunas de las mismas personas involucradas en la desaparición de sus padres biológicos.
Las otras sentencias incluyeron la del ex almirante Antonio Vanek, condenado a 40 años; el ex marino Jorge «Tigre» Acosta, a 30 años; el ex general Santiago Omar Riveros; a 20; el ex prefecto de Marina Juan Antonio Azic, a 14, y el doctor Jorge Magnacco, que fue testigo, dijo, de la entrega de algunos de los recién nacidos y que fue condenado a 10 años.
El excapitán Víctor Gallo y su exesposa Susana Colombo fueron sentenciados a 15 y cinco años de cárcel, respectivamente, luego de que su hijo adoptivo, ahora conocido por su original nombre de nacimiento Francisco Madariaga, testificó en contra ellos.
El almirante retirado Rubén Omar Franco y Eduardo Ruffo, exagente de inteligencia acusado de entregar el niño Madariaga a Gallo, fueron absueltos.
La periodista de The Associated Press Débora Rey contribuyó con este despacho.
