Por Rocío Gil Grande
Pide 16 años para cada uno de los cinco exconsellers y 17 para los Jordis y Forcadell. Considera que el exjefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, también cometió rebelión y pide para él 11 años
La Fiscalía del Tribunal Supremo acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de rebelión y pide para ellos penas de hasta 25 años de prisión: 25 oara Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los líderes de la ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell.
Las de este viernes son las conclusiones provisionales que ambas Fiscalías han emitido tras la apertura del juicio oral a los líderes el ‘procés’ en el Supremo el pasado 25 de octubre. Acusaciones que contradicen a las emitidas este mismo viernes por la Abogacía del Estado, quien rebaja la acusación al delito de sedición, que implica menores penas de cárcel, al considerar que no hubo violencia en el ‘procés’.
Pero la Fiscalía del Tribunal Supremo considera, sin embargo, que el plan secesionista de los acusados «contemplaba la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida la violencia necesaria«, valiéndose para ello de «la fuerza intimidatoria» de la «actuación tumultuaria» llevada a través de las grandes movilizaciones ciudadanas, así como «el uso de los Mossos d’Esquadra como un cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos» a la orden «exclusivamente de sus instrucciones».
Penas para los exconsellers y los líderes de la ANC
La pena más alta que pide la Fiscalía es para Junqueras por considerar que en el delito de rebelión también estuvo implicado uno de malversación de fondos públicos y exige a su vez para él 25 años de inhabilitación absoluta.
Para los líderes de las entidades soberanistas ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, el Ministerio Fiscal exige además de 17 años de prisión otros 17 de inhabilitación absoluta, lo mismo que para la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Pide también 16 años de prisión e inhabilitación por un delito de rebelión a los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull y Dolors Bassa. Ellos, junto con Junqueras, están acusados de un delito de malversación por la «distracción ilegal de caudales públicos» para el proceso soberanista.
Respecto a los consellers que están en libertad provisional, Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila están acusados no de rebelión, pero sí de un delito de malversación de fondos públicos y otro delito continuado de desobediencia grave por los que la Fiscalía pide siete años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta, así como una multa de 10 meses (con una cuota diaria de 100 euros). Por el delito de desobediencia solicita además un año y ocho meses de inhabilitación como cargo público.
Para los cinco miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las leyes de desconexión -Lluis Corominas, Lluis Guinó, Ana Simó, Ramona Barrufet y Josep Nuet- no pide prisión pero sí una multa de diez meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y cuatro meses por un delito de desobediencia grave. También para la expresidenta de la CUP en el Parlament, Mireya Boya.
Once años de cárcel para Trapero por rebelión
Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional también acusa de un delito de rebelión al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero por su participación en el ‘procés’ y le pide una pena de 11 años de cárcel al considerar su figura como una «pieza clave» para «llevar a cabo el plan secesionista».
Con este escrito de acusación provisional la Fiscalía va más allá del criterio de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien procesó a Trapero por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a organización criminal que la Fiscalía sustituye ahora por uno de rebelión.
La Fiscalía incluye en su acusación de rebelión al exdirector de los Mossos, Pere Soler, y al ex secretario general del Interior César Puig -segundo del exconseller del Interior Joaquim Forn- y pide para ellos once años, lo mismo que para Trapero.
Afirma que los tres incurrieron en el delito de rebelión en su apartado referido a declarar la independencia de una parte del territorio nacional y también por «sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno».
Y en el caso de la intendente de los Mossos Teresa Laplana, que estaba procesada también por el Supremo, pide cuatro años de prisión por un delito de sedición y no de rebelión.
