Compañías del Ibex 35 atentan contra el medio ambiente, las comunidades indígenas y la igualdad de género en la región.
Importantes empresas de España que desarrollan sus actividades en Latinoamérica se encuentran implicadas en el ataque a la naturaleza, supuestos pagos de sobornos e infiltraciones en colectivos de activistas opositores a sus proyectos, entre otros patrones comunes explicados en el informe ‘El Ibex 35 en guerra contra la vida’. El análisis de situación fue realizado por la organización Ecologistas en Acción, junto al Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y la asociación Calala Fondo de Mujeres.
El estudio también se focaliza en las agresiones hacia los aborígenes y sus estilos de vida, las comunidades campesinas y subraya la desigualdad de género propiciada por capitales extranjeros en el continente. La autora del documento, Miriam García-Torres, apunta varios ejemplos para destacar el ‘modus operandi’ de algunas de las 35 compañías más importantes del país europeo fuera de su territorio.
Casos típicos en la región
Brasil es uno de los países del continente que no heredó la lengua española, sin embargo, en la actualidad la empresa Iberdrola, con sede en la comunidad autónoma del País Vasco, mantiene su influencia y participa del proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, en el estado de Pará. ¿El resultado? La afectación de 1.500 kilómetros cuadrados de selva amazónica, una importante emisión de gases de efecto invernadero y el desplazamiento de casi 20.000 personas, según se explica en el estudio.
Proyecto gasífero de Camisea en el Amazonas, Cuzco, Perú. / Enrique Castro-Mendivil / Reuters
Desde otra zona continental, Perú es una de las naciones que revive la conquista española varios siglos después de 1492, esta vez desarrollada por actores privados externos que influyen en su economía, política y sociedad. Al respecto, García-Torres analiza el caso de la compañía Repsol, dedicada principalmente al negocio de los hidrocarburos, que participa en uno de los proyectos gasíferos más grandes de la nación sudamericana en la región de Camisea, departamento de Cuzco. Allí se extrae el 95% de todo el gas natural peruano.
Para resumir, la ambientalista destaca que entre 2004 y 2012 se derramaron al menos 10.000 barriles de la materia prima en aquel territorio, altamente contaminante e inflamable. La empresa responsable, según la investigación ya mencionada, era Transportadora de Gas de Perú (TGP) y Repsol tenía el 10% de participación, aunque en 2014 lo vendió. Además, la instalación de este emprendimiento aumentó notablemente el tránsito fluvial de embarcaciones, contaminando el río Urubamba.
Vista aérea sobre una zona deforestada del Amazonas, en Brasil. / Bruno Kelly / Reuters
Estas circunstancias disminuyeron la fauna silvestre del lugar en un 67%, impactando negativamente en el estilo de vida de las comunidades indígenas. Como consecuencia directa, la presencia de animales también se redujo y eso empeoró la alimentación de las poblaciones originarias: tras la instalación del megaproyecto, en los últimos 15 años la desnutrición infantil de la zona aumentó de un 54% hasta un 80%. La caza y la pesca son, o eran, su principal fuente de comida.
Violencia machista
Los cambios en las actividades económicas modifican la forma en que hombres y mujeres se relacionan. En cuanto a la irrupción de empresas españolas en el continente, el sexo femenino se ve todavía más perjudicado. En el caso del proyecto gasífero de Camisea, el cambio demográfico es notable y sirve para explicar cómo las prácticas machistas también pueden tener un antecedente social vinculado al sistema capitalista extractivo.
En efecto, la irrupción de estas compañías trajo consigo un traslado masivo de obreros que llegaron desde distintos rincones del país, seducidos por expectativas laborales vinculadas al gas. Ello cambió la cultura de la población, sus actividades y costumbres. Así las cosas, la gran cantidad de trabajadores masculinos en el lugar desencadenó la apertura de diversas cantinas y otros centros de «diversión nocturna», aumentando el consumo del alcohol y las enfermedades de transmisión sexual. Según un informe de Ojo Público, muchas mujeres indígenas relacionan el consumo de alcohol con la violencia física que padecen.
Víctimas del desplazamiento de tierra y residentes del valle de Urubamba, Perú, reciben comida. / Mariana Bazo / Reuters
Por otro lado, afirma Ecologistas en Acción, el grado de vulnerabilidad presente en las aborígenes de estas comunidades —tras el arribo de las multinacionales— genera el clima ideal para que se instalen redes de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, incluso en niñas. A su vez, destaca que la mayoría de las empresas negocian la compra de tierras y otras concesiones con terratenientes o líderes sociales, en su mayoría hombres, dejando relegadas a las mujeres. Además, destaca la importancia de reconocerlas en la lucha por la defensa de los territorios.
Sospechosas muertes
El revelador documento también alerta sobre centenares de muertes de activistas sociales que se oponen a la destrucción del medio ambiente en manos de grandes corporaciones. De acuerdo a datos difundidos por Global Witness, en 2017 al menos 197 defensores de la naturaleza fueron asesinados.
n trabajador lleva una bolsa de sal a través de piscinas en las minas de Maras, en Cuzco, Perú. / Enrique Castro-Mendivil / Reuters
El 60% de los fallecimientos ocurrió en Latinoamérica y el 40% de las víctimas era indígena. La mayoría de los crímenes se cometió en Brasil, con 46 asesinatos, mientras que en Colombia hubo 32 muertes y 15 en México. «Las personas que se atreven a alzar la voz continuarán siendo violentadas, encarceladas y asesinadas hasta que empresas, inversionistas y gobiernos realmente incluyan a las comunidades en las decisiones sobre el uso de sus tierras y recursos naturales», dice Rachel Cox, miembro de la asociación.
Políticos empresarios
García-Torres llama ‘puertas giratorias’ a los casos de expolíticos o exfuncionarios de alto rango de España que luego se desempeñaron en importantes compañías privadas. Así menciona el caso de Gas Natural Fenosa, con millonarias actividades en México, que tuvo unos 30 expolíticos en sus filas, entre ellosdestacan dos expresidentes –Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González–, cinco exministros, así como decenas de exdiputados y secretarios de Estado.
Pero va aún más lejos: en las últimas cuatro décadas el 40% de los ministros españoles pasaron a ocupar importantes cargos en corporaciones de este tipo. Repsol, por su parte, tuvo en sus escritorios a figuras del Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Sin ir más lejos, ahora tiene como consejero al exministro de Industria y Energía socialista Luis Carlos Croisser, por citar un ejemplo.
¿Conflicto de intereses? El medio ambiente no parece interesar demasiado.
Leandro Lutzky
Russia Today, 08.02.2018
