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Ana Delicado Palacios
Más mujeres en Argentina han pasado a ser víctimas de la trata y de la explotación sexual durante la pandemia del COVID-19. La Defensoría General de la Nación (DGN) ha constatado un mayor número de reclutamientos de niñas y mujeres carentes de recursos que han sido vulneradas y revictimizadas por los proxenetas.
«El 90 por ciento de las víctimas de explotación sexual son mujeres», afirma a Sputnik la coordinadora del Programa de Asesoramiento y Patrocinio para Victimas de Trata de la Defensoría, la abogada Marcela Rodríguez. «Hay un reclutamiento desde que son muy jóvenes, pero ahora están bajando las edades», agrega.
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer alertó en noviembre que hubo un uso cada vez mayor de las redes sociales para reclutar a las víctimas.
«Se abrió la cantidad de vías de captación, sobre todo a través de internet», coincidió la abogada.
Desde la DGN abogan por que «haya personas que asistan a las víctimas directamente en el terreno, en la zona donde las víctimas viven», pues de otro modo es muy difícil que el Estado llegue hasta ellas, explica Rodríguez.
Pese a que en diciembre de 2019 fue reglamentado el Fondo de Asistencia directa a Víctimas de Trata, la abogada lamentó que todavía no está en funcionamiento, cuando estaba previsto en la ley sancionada en 2012 sobre prevención y sanción de la trata de personas.
SENTAR JURISPRUDENCIA
Bajo la órbita del Ministerio Público de Defensa, sí funcionan las defensorías públicas de las víctimas, que «muchas veces tienen interés en acudir al sistema judicial por la reparación que reciben, después de todo el dinero que les fue sustraído», explicó Rodríguez.
El programa que coordina realizó a partir de 2015 las primeras acciones judiciales en representación de víctimas, además de impulsar medidas de reparación.
Estas iniciativas brindan asesoramiento jurídico a las víctimas, y en los casos en que tienen voluntad de querellarse, la Defensoría las puede llegar a representar ante la justicia federal.
«Un caso puede llegar a incluir una decena de víctimas, aunque algunas víctimas también puede ser que tengan tres o cuatro casos», contextualiza Rodríguez, que fue diputada y consejera del Consejo de la Magistratura, órgano que evalúa el desempeño de los jueces.
La Defensoría representa, en la actualidad, un promedio de diez casos por año. «Hacemos litigios de impacto con aquellos casos que pueden provocar una respuesta diferente en el poder judicial para que puedan resultar paradigmáticos», añade la coordinadora.
CASO EMBLEMÁTICO
Uno de los casos que sentó un precedente fue el de Alika Kinan, en la ciudad Ushuaia, en la provincia patagónica de Tierra del Fuego (sur).
Fue el primer caso en que una víctima de trata se querelló contra los proxenetas y el Estado, al punto que logró tanto una condena de los tratantes como un resarcimiento de la municipalidad de Ushuaia.
La justicia consideró probado, a través de un allanamiento realizado el 9 de octubre de 2012, que siete mujeres habían sido captadas, trasladadas y acogidas en las dependencias del prostíbulo «Sheik» y que fueron explotadas sexualmente, abusando de la condición vulnerable de las víctimas.
Por ello fue condenado a siete años de prisión el propietario del club, Eduardo Montoya, considerado penalmente responsable del delito de trata de personas agravado por la pluralidad de víctimas. El caso todavía es estudiado por la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, ante la disconformidad de las defensas con la suma concedida a la víctima.
A través del Programa de Asesoramiento, también se rastrean los delitos de lavado de dinero, crimen organizado y complicidad policial.
En Mar del Plata, ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires, «han proliferado determinadas sectas con un tipo de violación a los derechos de las personas», explicó Rodríguez. «Es un grupo coercitivo, algunos son o nacen en la propia secta e incluso los tratantes cometen delitos contra sus hijos o nietos», explica.
La coordinadora puso de ejemplo el caso de una niña de cuatro años a quien le ponían la cabeza dentro del inodoro, entre otros vejámenes denigrantes. «Ya tuvimos condena y obtuvimos reparación sin hacer acción civil, como hicimos en Ushuaia», recuerda Rodríguez. «En este caso, pudimos conseguir indemnización invocando que el Código Penal establece la reparación de las víctimas», agrega.
FALTA DE DEFENSORES PÚBLICOS
En diciembre de 2020 juró el primer magistrado como defensor público de víctimas para la provincia de Salta (norte). Esta figura pionera no existe hasta ahora en los sistemas de justicia de ningún otro lugar de América Latina, en cuanto a sus funciones y su autonomía.
Desde entonces, otras cuatro jurisdicciones —Buenos Aires, Chaco (norte), Neuquén (suroeste) y La Pampa (sur)— cuentan con su respectivo defensor públicos de víctimas, cargo que continúa vacante en las otras 18 jurisdicciones del país y cuya designación ahora depende del Poder Ejecutivo, aclararon a Sputnik desde la Defensoría.
La coordinadora objeta que la forma de crear esta figura plantea un problema básico. «Hay un defensor por provincia, pero no es lo mismo la cantidad de población afectada en Buenos Aires que en otro distrito, por una cuestión de densidad poblacional», observa Rodríguez.
Ante la paulatina constitución de estos cargos, la DGN se centrará en la asistencia técnica de las nuevas defensorías que se están creando en las distintas jurisdicciones y en elaborar protocolos de atención a las víctimas.
Por su parte, el Gobierno lanzó en 2020 el Plan Nacional para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, con 100 acciones que deben articular 44 organismos de los tres poderes del Estado para asistir a las víctimas y prevenir estos delitos.
La agencia se comunicó con la jefatura de gabinete de ministros, de quien depende este programa, para averiguar qué avances hubo hasta ahora, sin que hasta el momento haya obtenido una respuesta.
Con información de Sputnik
