Joan Royo Gual
A finales de enero, 1.200 policías entraron en la favela de Jacarezinho, una de las más peligrosas de esta ciudad y uno de los cuarteles generales del narcotráfico. Las escenas de la «toma» recordaba al proceso de «pacificación» de las favelas que la ciudad vivió unos años atrás. Esta vez era el lanzamiento del programa «Ciudad Integrada», que el Gobierno de Río de Janeiro estrenó en medio de un mar de interrogantes.
Para empezar, la operación policial tomó por sorpresa a casi todos. El propio alcalde, Eduardo Paes, aseguró que el gobernador, Cláudio Castro, le avisó de ella la noche anterior. Según el gobierno de Río, tras la primera operación policial para tomar el control llegarán inversiones sociales por valor de 500 millones de reales (casi 100 millones de dólares), pero la mayoría de especialistas desconfía.
«Es un esfuerzo para tener algo que mostrar en este año electoral (…) (el proyecto) tendrá una vida corta, simplemente porque el programa no existe. ¿Es sobre policía? ¿qué van a hacer? ¿harán rondas? ¿habrá una base? ¿Van a reducir los indicadores criminales? ¿Habrá algún tipo de investigación?», se preguntaba, en declaraciones a la Agencia Sputnik, el coordinador del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (Cesec), Pablo Nunes. De momento, se desconoce la respuesta a todas esas preguntas.
También llama la atención el dudoso criterio para elegir los dos barrios por donde empieza el proyecto: Jacarezinho y Muzema. Son dos barrios muy diferentes y muy alejados entre sí. Para Nunes, no hay ninguna explicación estratégica, se trata únicamente de una elección mediática. En Jacarezinho, el año pasado una actuación policial acabó con una matanza de 28 personas (la más letal de la historia de Río) y Muzema copa los informativos por estar dominada por la milicia, una especie de mafia formada sobre todo por ex agentes de las fuerzas de seguridad.
EL FRACASO DE LAS UPPS
Años atrás, al calor de los preparativos para los Juegos Olímpicos de 2016, Río de Janeiro lanzó el proyecto de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) para «pacificar las favelas». Desde el principio, se entendió que era imposible acabar con el narcotráfico, así que la prioridad sería reducir los homicidios, los tiroteos, la sensación de inseguridad, etcétera. Se puso mucho énfasis en reducir la letalidad (también de la policía) y en un principio se consiguió. «Hubo dos o tres años dorados», admite Nunes, con la reducción de todos los indicadores delictivos.
Sin embargo, con el paso del tiempo el programa fue perdiendo fuerza, se expandió rápidamente a muchas favelas y perdió consistencia. La policía dejó el espíritu de «policía de proximidad» que se pretendía y volvió a la vieja rutina de entrar en las comunidades pegando tiros. Las facciones del narcotráfico, que en las zonas más turísticas habían sido «escondidas debajo de la alfombra», recuperaron sus territorios y volvieron a exhibir sin reparos sus fusiles.
Tras esa experiencia frustrada, nace ahora «Ciudad Integrada», que según Nunes tiene muchas diferencias con el proyecto de las UPP: «Aquello empezó sin mucha pompa, con discreción, casi de forma experimental, mientras que aquí vemos una marca electoral muy pronunciada, a la vista de todos», dice Nunes, que enfatiza que el principal problema es que ahora no hay ninguna propuesta clara para reducir la violencia policial.
PROMESAS SOBRE EL PAPEL
Pocos días después de la mediática operación policial en Jacarezinho, el gobernador del estado de Río, Cláudio Castro, aliado del presidente Jair Bolsonaro, anunció a bombo y platillo las promesas para la favela una vez «recuperada»: cientos de nuevas viviendas sociales, líneas de crédito especial para los vecinos, programas de formación en deporte y videojuegos para los jóvenes, nuevos centros de reciclaje, mejora de la red de alcantarillado, huertos comunitarios en las viejas vías del tren… y un largo etcétera.
Los especialistas y buena parte de los vecinos desconfían ante la lluvia de ideas y creen que la mayoría nunca llegarán a ejecutarse, como ya pasó en tantas otras ocasiones. Además, para Nunes, es contraproducente que este tipo de programas se piensen desde arriba hacia abajo, imponiendo antes de consultar a la comunidad, y desaprovechando los canales de diálogo que ya existen.
A pesar del discurso de que el «Estado está ausente» en esos barrios lo cierto es que ya hay escuelas públicas, centros de salud, guarderías, equipamientos culturales etc, que podrían ejercer ese canal de interlocución con el poder público y que son desaprovechados, lamenta el especialista.
Con información de Sputnik
