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Gonzalo Becerra
Nicaragua y Colombia vuelven a citarse en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para un nuevo «round» del largo combate jurídico por la jurisdicción sobre islas, islotes y territorios marítimos en la plataforma del Caribe.
Cuando el 19 de noviembre de 2012 el tribunal con sede en la ciudad holandesa de La Haya concedió a Colombia la soberanía sobre siete cayos próximos a su posición ultramarina de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y fijó los límites marítimos entre ambos países, parecía que el diferendo iniciado en 1928 escribía su último capítulo.
El embajador Carlos Argüello, representante de Nicaragua ante el alto tribunal mundial, al presentar el lunes pasado el alegato de su país en defensa del citado fallo judicial recordó sus propias palabras en abril de 2012 cuando aventuró que aquel fuera el último capítulo del dilatado pleito jurídico iniciado 10 años antes.
Recordó que para entonces el caso ya había superado en tiempo a dos ejemplos clásicos de dilatación en juicios internacionales: Barcelona Traction (fallado por la CIJ en 1970) y Camerún contra Nigeria (10 de octubre de 2002).
«Desafortunadamente, esa esperanza resultó ser una ilusión. Veinte años después de que presentamos nuestra demanda en diciembre de 2001 y nueve años después de la Sentencia de la Corte en este caso, el 19 de noviembre de 2012, estamos de regreso a donde comenzamos», lamentó Argüello.
MERIDIANO DE LA DISCORDIA
Al inicio de la Controversia Territorial y Marítima, Colombia reclamaba el meridiano 82 como línea de delimitación y a la vez todas las áreas al este de esa raya imaginaria, incluida la tierra (islas y cayos), el agua y la plataforma continental.
El 13 de diciembre de 2007, la Corte resolvió que el meridiano 82 no era una línea de delimitación, pero reconoció la soberanía colombiana sobre las tres islas principales, lo cual ratificó en su sentencia definitiva del 19 de noviembre de 2012, la cual le atribuyó además el dominio sobre las áreas marítimas alrededor de las pequeñas formaciones terrestres.
«Esta delimitación marítima fue decidida por unanimidad por la Corte, incluidos los jueces ‘ad hoc’ designados por las partes, y fue considerada en muchos ámbitos como especialmente beneficiosa para los intereses colombianos», rememoró el abogado de la causa nicaragüense.
CUESTIONAMIENTO COLOMBIANO
El entonces presidente del país suramericano, Juan Manuel Santos (2010-2018), mostró su satisfacción con la parte del fallo que les era favorable, pero rechazó enérgicamente lo relacionado con el reparto de las aguas.
Su canciller, María Ángela Holguín, llegó al extremo de cuestionar las credenciales profesionales de los jueces y descalificó al fallo por «estar lleno de exabruptos».
«Es la posición que ha mantenido Colombia constantemente desde la lectura de la sentencia. Colombia hoy todavía no acepta que Nicaragua tenga áreas marítimas al este del meridiano 82. Es la posición que según el comunicado del (ex) presidente Santos defenderán: «a capa y espada», expuso el abogado de Managua.
Recordó que tan solo nueve días después de emitido el fallo de la CIJ Santos retiró a su país del Pacto de Bogotá (o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, de 1948), con lo cual puso término a la jurisdicción de la CIJ en eventuales demandas de otros países.
«Las fronteras terrestres y los límites marítimos entre los Estados no deben quedar en manos de una Corte sino que deben ser fijados de mutuo acuerdo por los Estados mediante tratados», dijo entonces el mandatario.
El 18 de septiembre de 2013 el jefe del estado colombiano reiteró que la sentencia de la Corte no era aplicable y el 2 de mayo de 2014 la Corte Constitucional de Colombia determinó que el fallo solo podía ser implementado mediante un Tratado aprobado por el Congreso y ratificado por el presidente.
Tales posiciones fueron consideradas por Argüello como deshonestas y una simple excusa para no cumplir con el fallo de La Haya.
RECLAMO DE NICARAGUA
En su relatoría de los hechos más recientes que revelan la decisión colombiana de convertir en letra muerta una parte del fallo de noviembre de 2012, el embajador nicaragüense citó que, el 1 de septiembre, el actual presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró su propuesta de referéndum (anunciada en plena campaña electoral de 2018) y volvió a afirmar que el meridiano 82 sigue siendo la frontera con Nicaragua.
«Una gran consulta popular para que los colombianos reafirmen la posición del país de no estar dispuesto a ceder un milímetro más allá del meridiano 82 en el marco del conflicto limítrofe con Nicaragua», había anunciado Duque ante sus correligionarios el 14 de febrero de 2018.
En esta ocasión, Nicaragua demanda el conocimiento continuo de la Corte sobre la cuestión del cumplimiento del fallo precedente.
Además solicitará que esclarezca los derechos y deberes de ambos países respecto a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa del mar Caribe.
Por tal motivo, Nicaragua incluirá en sus peticiones finales una solicitud de que la Corte permanezca disponible hasta que sea evidente que Colombia haya cumplido con la sentencia y esté respetando los derechos del país centroamericano sobre el territorio marítimo que le fuera adjudicad en La Haya casi nueve años atrás.
Recién el 6 de septiembre el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, convocó a la unidad de sus compatriotas en el contexto del litigio territorial.
«Allí está el Gobierno de Colombia hablando de que hay que regresar al punto de partida, donde ya la Corte Internacional de Justicia se pronunció y dijo esa delimitación, que por la fuerza imponía Colombia a Nicaragua, no es así. La Corte dijo: a Nicaragua le pertenece todo ese territorio (marítimo) y ahora (los colombianos) están queriendo echarse para atrás», dijo el jefe de estado en un discurso público.
Con información de Sputnik
