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Víctor Flores García
Defensores de derechos humanos reaccionaron con asombro al surgimiento de un nuevo grupo de autodefensas comunitarias indígenas en la zona montañosa de Los Altos de Chiapas, sureste de México, como respuesta al asesinato de 12 pobladores originarios en esa región desde marzo pasado.
«Estamos sorprendidos por el surgimiento del nuevo grupo de autodefensa ‘Los Machetes’, pero autoridades de unas 200 comunidades con más de 3.000 personas apoyan a este grupo, que refleja el hartazgo por la violencia en la región», dijo a Sputnik el integrante del Centro de Derechos Humanos ‘Fray Bartolomé de las Casas’, Rubén Moreno.
La ola de violencia ha causado el desplazamiento forzado de unas 2.500 personas, que huyen en forma intermitente de esa región selvática y montañosa de Los Altos de Chiapas, de 3.700 kilómetros cuadrados, que incluye a 17 municipios de origen étnico tzotzil y tzeltal.
Ese grupo comunitario reacciona frente a los frecuentes ataques con armas de fuego en el municipio de Pantelhó, con el propósito de «expulsar a sicarios, narcotraficantes y al crimen organizado» de esas tierras habitadas por etnias de origen maya.
En un vídeo del domingo, un líder del grupo armado encapuchado anunció: «la paciencia se acabó, porque en el Gobierno federal y estatal (de Chiapas) no vemos ninguna esperanza, y ante el dolor por tanta sangre derramada tomamos el rumbo de nuestra historia».
CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Moreno, coordinador de Sistematización e Incidencia del organismo cristiano fundado en 1989, dijo a esta agencia que ese alzamiento se origina en «la violencia padecida desde hace mucho tiempo por las comunidades».
En la región donde en 1994 estalló la rebelión indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, comandada por el Subcomandante Marcos, «el estado se mantiene omiso y la violencia crece, causando una reacción organizada de las comunidades», prosiguió el responsable del organismo humanitario.
Ese grupo de autodefensa acusa al alcalde electo de Pantelhó, Raquel Trujillo Morales, de estar «coludido con narcotraficantes».
El pueblo de esa comunidad será convocado a elegir a sus autoridades mediante «usos y costumbres» indígenas, sin partidos políticos tradicionales.
«Desde hace 20 años comenzó nuestro sufrimiento y poco a poco fueron tomando (poder) los que oprimen al pueblo», que habrían abierto las puertas a narcotraficantes, quienes habrían matado a unas 200 personas en ese lapso, dice la proclama de la nueva autodefensa indígena.
El activista del centro humanitario explica que la violencia también podría tener vínculos con autoridades municipales que controlan la zona.
VIOLENCIA FUERA DE CONTROL
«Ahora las cosas se han salido de control, después de las elecciones (del 6 de junio), grupos armados están saliendo a darse a conocerse», como ocurre en el municipio Aldama, también en Los Altos de Chiapas.
El surgimiento de grupos de autodefensa comunitaria se ha presentado en otras zonas del país, con riesgo de una impredecible espiral de violencia sin control.
«Conocemos la situación de estados como Michoacán (centro) y Guerrero (sur); ante ese nuevo alzamiento hay que actuar con mucho cuidado, no sabemos qué pueda ocurrir después», dijo Moreno a esta agencia.
Las comunidades denuncian que sus territorios montañosos son escenario de tráfico de armas, drogas y migrantes, despojo de tierras, hostigamientos, amenazas y asesinatos, algunas veces con complicidad de autoridades municipales.
La raíz de esta violencia se remonta a dos décadas atrás.
«La impunidad permitió que los atacantes se organizaran y tomaran el control, el Estado conoce la situación de violencia, pero ha sido omiso» ante los ataques sistemáticos y acciones ilegales, indica Moreno.
Cita por ejemplo la emblemática masacre de la comunidad Las Abejas de Acteal, donde 45 mujeres, niños y ancianos fueron asesinados en una ermita, en diciembre de 1997.
La impunidad surge por la «falta de investigación sobre los autores intelectuales y materiales», advierte.
Ante el asesinato del defensor comunitario Simón Pedro la semana pasada, quien presidió a Las Abejas, decenas de organizaciones y defensores de derechos humanos afirman que ese crimen «es resultado de la omisión, permisibilidad y tolerancia», tanto del gobierno federal como de los ejecutivos locales.
La violencia en Los Altos de Chiapas concentra en un puñado de municipios: Simojovel, Chenalhó, Chalchihuitán, Aldama, Venustiano Carranza, Chilón, y en particular Pantelhó, donde recién surgieron las autodefensas.
Retenes, bloqueos e incursiones de criminales, respaldados por agentes municipales son hechos cotidianos, dice la denuncia.
«Volvemos a ver en Chiapas la reactivación de las fuerzas que mutaron de paramilitares a crimen organizado, aliados al narco-gobierno que han invadido la región para controlar la resistencia de los pueblos organizados que defienden su autonomía», puntualiza el texto.
En lo que va del año, 14 líderes indígenas han sido asesinados en todo el país.
Según el Mecanismo de Protección federal a defensores de derechos humanos, desde diciembre del año 2018 a la fecha han sido asesinados 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos en todo el país.
De esas personas asesinadas, siete periodistas y dos personas defensoras eran beneficiarios del mecanismo de protección federal.
Con información de Sputnik
