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María José Frías
Bogotá, 25 may (Sputnik).- Colombia afronta uno de sus momentos más duros, con movilizaciones que comenzaron el 28 de abril y que continúan hasta hoy. Si bien los reclamos son de diversa índole, economistas opinan que la única salida a la crisis es generar un nuevo pacto social que considere a los jóvenes y a los sectores carenciados, un desafío para un Gobierno en el que perciben debilidades.
«Es necesario replantear el contrato social, pero para esto se requiere un gran liderazgo político, acuerdos entre los diferentes partidos y un espacio de diálogo con la ciudadanía que hoy no tenemos. No hay esos espacios de diálogo que catalicen las frustraciones de los ciudadanos», dijo a Sputnik el economista Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la colombiana Universidad del Rosario.
En ese sentido, el país enfrenta desde hace algún tiempo desafíos que funcionaron como caldo de cultivo para la crisis actual.
DESIGUALDAD Y POBREZA
En octubre de 2020, la revista especializada en economía y finanzas Forbes publicó el Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica, el cual reveló que de 182 territorios analizados en el continente, Colombia es el país con las mayores desigualdades territoriales.
A esto se suma que, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el año pasado el 42,5 por ciento de la población estuvo en condición de pobreza, un aumento de 6,8 puntos porcentuales frente a 2019.
En total son más de 21,02 millones de personas las que subsisten con menos de 331.688 pesos colombianos (90 dólares) mensuales, un monto que marca la línea de pobreza en el país.
En 2020, 2,78 millones de personas ingresaron a condición de pobreza extrema.
Las cifras oficiales indican que 7,47 millones de colombianos viven con menos de 145.004 pesos (39 dólares) al mes, es decir, en condiciones de pobreza extrema, y sus ingresos no les alcanzan para consumir las calorías que necesita una persona para tener buenas condiciones de salud.
MÚLTIPLES FACTORES
Una estructura tributaria que no redistribuye, un sistema de protección social con deficiencias, una estructura de sistema pensional que no es sostenible, un mercado laboral rígido, con un alto salario mínimo (246 dólares mensuales) en relación al promedio de ingresos en el país, una disminución progresiva larga de la productividad y un crecimiento con un alto costo medioambiental son para Sepúlveda los factores a considerar.
Sin embargo, es necesario abarcar tantos aspectos que el experto no ve probable que ocurra en el Gobierno de Iván Duque, que «no parece tener la suficiente fuerza política para encontrar un gran nuevo contrato social. Se necesita generar un paquete integral complejo y no creo que haya la capacidad política para lograrlo al final del Gobierno».
Con esta perspectiva, el camino inmediato sería despejar el panorama fiscal y concretar ayudas urgentes para los hogares que están en condición de pobreza y vulnerabilidad, dos elementos que Sepúlveda considera «insuficientes» pero necesarios.
«Se llega al cuarto año del Gobierno con una presidencia bastante debilitado. Creo que tenemos que sentirnos satisfechos si se logra impulsar una iniciativa de redistribución del gasto, un ajuste de los impuestos que nos permita pasar al próximo Gobierno y aplicar ahí las reformas estructurales, pero creo que no se puede esperar mucho más», sentenció.
JÓVENES Y PROFESIONALES
Por su parte, el economista César Augusto Giraldo, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, dijo a Sputnik que las movilizaciones se explican por una combinación de varios factores, como la crisis en el sector productivo y el desempleo.
La tasa de desempleo en Colombia era de 12,6 por ciento en marzo de 2020. En el mismo mes de este año, según el Dane, esa proporción llegó al 14,2 por ciento.
«En el país en marzo de 2021 estamos estimando aproximadamente 3.437.000 personas en situación de desempleo cuando en marzo de 2020, llamémoslo el primer mes de la pandemia, solo observábamos 2.969.000 personas», explicó el director del organismo, Juan Daniel Oviedo, en una rueda de prensa realizada en abril.
Esta situación, según Giraldo, afecta principalmente a los jóvenes y a las clases profesionales urbanas, que «no han logrado una inserción económica ni social que les garantice estabilidad».
Como consecuencia, las manifestaciones, que tradicionalmente tenían origen campesino, tomaron las ciudades, integrando mayormente a la clase media profesional urbana.
Sin embargo, esto no deja de lado a los campesinos, ya que el país no ha tenido reforma agraria y a entender del economista, «hay un poder terrateniente que se ha consolidado, atravesado también por el narcotráfico. Hay que resolver el acceso de los campesinos a la tierra, la economía campesina y de ahí para adelante están estos actores urbanos reclamando reivindicaciones nuevas».
La conclusión, para ambos expertos, es clara. Es necesario que el país entre en un proceso de generar un nuevo pacto social que contemple a los jóvenes, a los profesionales, a los campesinos y a los sectores carenciados. El riesgo de no hacerlo es multiplicar la violencia, una realidad que a la fecha se ha cobrado decenas de vidas. (Sputnik)
