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Andrés Pachón
Bogotá, 6 mar (Sputnik).- El proceso contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos dio un nuevo giro este viernes luego de que la Fiscalía General anunció que solicitará una audiencia de preclusión de la investigación, algo que el senador de izquierda Iván Cepeda, victima en el caso, había advertido en días pasados que sucedería, y lo cual genera muchas dudas.
Aunque tras conocer el anuncio el propio Uribe dio «gracias a Dios por este paso positivo» en sus redes sociales, lo cierto es que aún falta que un juez determine si acoge la petición de la Fiscalía o la rechaza tras escuchar los argumentos del fiscal a cargo del proceso, Gabriel Jaimes, y de quienes no están de acuerdo con la solicitud y decidan impugnarla, algo que ya es un hecho que sucederá.
En otras palabras, aún falta un trecho por recorrer antes de que alguna de las partes pueda agradecer por algo a Dios. Además, ya se empiezan a tejer preguntas como la posibilidad de que el caso pueda regresar o no a manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y si se garantizarán las medidas de seguridad necesarias para el juez que deba decidir sobre el asunto, pues con intereses de un lado para que la investigación se archive y, de otro, para que prosiga, las presiones y amenazas pueden estar a la orden del día.
Tal posibilidad no es de extrañar, si se tiene en cuenta que la jueza 30 de Control de Garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, recibió amenazas de muerte luego de que el pasado 10 de octubre le concedió la libertad a Uribe, quien permanecía en detención domiciliaria desde el 4 de agosto por un fallo de la CSJ, que lo investigaba por presunto fraude procesal y manipulación de testigos.
¿Pero cómo se llega a este nuevo capítulo de la novela Uribe-Cepeda cuyo epílogo parece no tener fin?
EL CASO
Uribe, en calidad de senador, era investigado desde el año 2018 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un caso de presunta manipulación de testigos exparamilitares que declararon en su contra desde las prisiones en las que se encuentran.
Investigaciones de la Corte darían cuenta de que con dicha manipulación de testigos Uribe buscaba que los exparamilitares cambiaran su versión y en cambio declararan en contra del senador Cepeda, uno de sus más fuertes contradictores y quien logró obtener los testimonios de esos testigos, que señalaron a Uribe de conformar un grupo paramilitar en los años 90, cuando ejercía como gobernador de Antioquia (noroeste).
El 4 de agosto de 2020 la CSJ emitió un fallo de detención domiciliaria contra Uribe, por lo que debió confinarse en su hacienda El Ubérrimo, en el departamento de Córdoba (norte), de unas 1.500 hectáreas y en la que, dijo, se encontraba «secuestrado» por la justicia.
Posterior a ese fallo, Uribe renunció a su escaño en el Congreso el 18 de agosto y con ello perdió su investidura como senador, por lo que su proceso fue abandonado por la CSJ y tomado por la Fiscalía General, que desestimó la investigación adelantada hasta entonces por el alto tribunal y comenzó una propia.
Dicha investigación, según lo dio a conocer la propia Fiscalía General este viernes en un comunicado, no pudo comprobar nada contra Uribe, por lo cual se pedirá que se archive el proceso.
«Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso (Gabriel Jaimes) estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe», dijo la Fiscalía.
¿FISCAL PROTECTOR?
Según Cepeda, era un hecho que el fiscal Jaimes pediría la preclusión del caso contra Uribe, ya que su jefe, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, es un amigo cercano del presidente Iván Duque, quien a su vez es apadrinado políticamente por Uribe y su partido, el derechista y oficialista Centro Democrático (CD).
El convencimiento de Cepeda sobre el tema es tal, que incluso este viernes, tras el anuncio de la Fiscalía, advirtió en una rueda de prensa virtual que presentará una denuncia penal contra Jaimes, a quien señaló de obrar como defensor de Uribe.
«Presentaremos denuncia penal ante la Fiscalía General contra el fiscal Gabriel Ramón Jaimes, por haber incurrido presuntamente en prevaricato por acción y por omisión», dijo Cepeda a través de Facebook Live.
«Algunas conductas contrarias al ordenamiento jurídico son favorecer los intereses del procesado, al punto que apartándose de su deber legal y constitucional, ha fungido de facto como protector, defensor y prácticamente abogado de Álvaro Uribe Vélez», añadió respecto de Jaimes.
LAS REACCIONES
Como si se tratara del punto y final de esta historia, la Fiscalía, en su comunicado de este viernes indicó que las conclusiones por las cuales pedirá la preclusión de la investigación serán expuestas en una diligencia pública ante un juez Penal del Circuito de Bogotá en una fecha que disponga la Judicatura.
«La Fiscalía General de la Nación invita a la ciudadanía a seguir la audiencia de preclusión en la fecha que disponga la Judicatura y conocer con detalle los argumentos de la decisión, para formar un criterio propio sobre un caso que debe resolverse en sede judicial, alejado de opiniones, disputas personales e intereses políticos», señaló.
Pero no hay nada más alejado de la realidad que ese ideal judicial, pues el tema de Uribe es hoy tendencia en redes sociales, donde el exsenador y expresidente recibe vítores y críticas, tanto del común de la gente como de los diferentes actores políticos.
De hecho, una de las reacciones más personales fue la del propio Cepeda, quien en su rueda de prensa dijo que «la sociedad colombiana ha presenciado» por parte de Uribe un «sucio ataque contra los magistrados de la Corte Suprema», y lo señaló de usar «toda clase de medios para atacar a las víctimas», así como de «presionar por todas las formas posibles al testigo principal del caso», el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, a quien la defensa del exmandatario califica como un testigo mentiroso.
LO QUE VIENE
Aunque el anuncio de la Fiscalía significa el cierre de la etapa de instrucción, ahora resta que sustente jurídicamente sus argumentos sobre la preclusión, los cuales podrán ser rebatidos por Cepeda y otros intervinientes en el proceso que actúan como víctimas.
Tras escuchar a las partes, el juez podrá avalar o rechazar el pedido de preclusión, caso en el cual se iniciaría un juicio a Uribe.
Sin embargo, sea cual fuere su decisión, la misma puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá que, en ese escenario, deberá emitir un pronunciamiento de fondo, el cual, a su vez, puede ser impugnado ante la CSJ, que, entonces sí, podrá dar un fallo final.
Pero aún hay más. En ese hipotético escenario, el fallo de la CSJ también puede ser impugnado vía tutela, caso en el cual la última palabra la tendrá la Corte Constitucional.
Así que como lo sentenció Cepeda a Uribe en su rueda de prensa más temprano: «Para usted no habrá luz al final del túnel». (Sputnik)
