Temen a los ciudadanos
Xavier Caño Tamayo (*)
Le comento a un colega la infamia de algunos gobiernos europeos que pretenden confundir a la opinión pública y equiparan las masivas movilizaciones ciudadanas contra sus desmanes con violencia.
“Temen a la ciudadanía”, responde.
Es el caso del gobierno español que pretende encarcelar a ciudadanos no violentos con nuevas normas penales bajo el pretexto de ir contra los violentos. Por eso el comisario responsable de los antidisturbios de Barcelona declara que resistirse no es pacífico, aunque esa resistencia sea claramente no violenta. Incluso ha tenido la desfachatez de decir que Gandhi hubiera recibido golpes de sus antidisturbios. Según él, lo pacífico es marchar de un lugar público cuando la policía lo ordena. Si te quedas, aunque no hagas nada, no eres pacífico y atentas contra la autoridad. ¡Increíble!
En España, el constitucionalista Pisarello y el abogado Jaume Asens denuncian descalificaciones y ataques del gobierno y medios informativos afines contra los huelguistas. Esos juristas lo acusan también de proponer normas para criminalizar a la ciudadanía pacífica que protesta. Un retorno a prácticas de la dictadura franquista.
Hace unos años, un senador estadounidense dijo que “en tiempos de guerra hay que abordar de otro modo las libertades públicas”. Para echarse a temblar. Lo hemos comprobado con muchas y graves violaciones de derechos y crímenes bajo la cobertura de guerra contra el terrorismo. Pero también los mandatarios de Europa abordan “de otro modo” nuestros derechos. Los ignoran, los vulneran. No sólo los sociales en nombre de la austeridad y el déficit; ahora también los cívicos y políticos.
Criminalizar es una práctica antigua. Se exagera, miente, manipula y deforma lo que ocurre. Se magnifican incidentes violentos minoritarios o disturbios localizados, pero se oculta o minimiza la actuación responsable de quienes protestan en masa pacíficamente. Así preparan el escenario para arremeter contra todo lo que se mueva. No solo en España. Recuerden las movilizaciones no violentas de los últimos meses en Francia, Italia, Portugal y en Grecia; Madrid, Barcelona y Valencia en España… Intentan deslegitimar a la ciudadanía, criminalizándola.
En España, el ministro del Interior y su homólogo en Cataluña coinciden al referirse a la huelga general del 29 de marzo como un “salto cualitativo”. Lo dicen con la peor intención, señalando a un reducido y localizado vandalismo callejero (causado en gran parte por provocadores), olvidando las masivas manifestaciones pacíficas. Los gobiernos parecen decididos a utilizar la fuerza. Como también medidas que criminalicen o desprestigien a la ciudadanía resistente que se moviliza.
Pero no es la ciudadanía la que actúa con violencia, la que agrede. La inaceptable situación de España por la que se quiere convertir “legalmente” en “delincuentes” a ciudadanos pacíficos disconformes parece ser la del matón que dio un puñetazo en la cara a una persona y luego la denunció porque había atacado su puño con la nariz.
La violencia no la ejerce la ciudadanía. ¿Acaso los desahucios que dejan en la calle a cientos de miles, los recortes salvajes en sanidad y educación, las congelaciones o rebajas salariales y de pensiones, los despidos masivos, en fin, las continuas violaciones de derechos no son una agresión en toda regla contra la ciudadanía? Algunos miembros de esa ciudadanía solo utilizan la violencia contra sí mismos, como el jubilado que se suicidó ante el parlamento griego por no estar dispuesto a buscar restos de comida en contenedores de basura para sobrevivir. Esa ciudadanía, que todas las constituciones reconocen depositaria de la soberanía y del poder político, puede acabar en la cárcel por estar contra sus gobiernos y expresarlo en la calle.
Los gobiernos europeos están dispuestos a aplicar una austeridad que significa empeorar la vida de millones de ciudadanos, caiga quien caiga. Y la ciudadanía no está dispuesta a aceptarlo. No aceptará nada contra sus derechos. Una ciudadanía que se moviliza, se organiza, se manifiesta y va a la huelga… Que quiere cambiar las cosas, porque las cosas están mal, porque son injustas.
Crece una gigantesca resistencia civil contra los gobiernos europeos que actúan de modo autoritario y vulneran los derechos humanos de la mayoría. Gobiernos cada vez más ilegítimos. Por eso temen a la ciudadanía.
(*) Periodista y escritor, Centro de Colaboraciones Solidarias
