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Como era previsible desde hace días, y ni bien partió la Comisión de Venecia invitada por la mayoría opositora del Congreso, la propuesta del presidente Vizcarra para adelantar las elecciones fue archivada en la Comisión de Constitución. Como diversos analistas mencionaron en su momento, ahora el jefe de Estado se encuentra en una suerte de trampa, pues se le han agotado las herramientas a las que puede echar mano para responder al desafío que aquél le ha planteado. Esto pareció evidente en la presentación del Premier Del Solar que, ante la decisión de la mayoría aprofujimorista, no respondió nada en concreto.
La cuestión de confianza en torno perdió viabilidad, y en ciertos corrillos se rumoreaba incluso, que el Presidente del Consejo de Ministros era reticente a presentarla. Pero aun si ello ocurriera, la estrategia del Congreso dominado por el aprofujimorismo sería derivarla a un Tribunal Constitucional (TC) recompuesto con magistrados afines que la entramparían o la declararían improcedente. Algunos congresistas «duros» estarían preparando una moción de vacancia presidencial, aun cuando a la fecha, es dudoso que tengan los votos y causales razonables (hay al menos una comisión del congreso que está expurgando la trayectoria del Presidente).
Cabe preguntarse cómo, un Presidente que hasta hoy había logrado arrinconar al Congreso, ha terminado ahora aparentemente acorralado. El público en las calles (y también algunos analistas), consideran que el Congreso debió cerrarse hace meses, en tanto otros sostienen que el error estribó en haber presentado el proyecto de adelanto de elecciones que desencadenó un conflicto que supuestamente no existía.
Al respecto, debe señalarse que, de acuerdo a las reglas de juego, el Congreso no podía cerrarse pues en las ocasiones en que fue emplazado por la cuestión de confianza, se allanó al pedido de reformas del Ejecutivo para evitarlo. En cuanto al segundo argumento, si bien el Congreso, desde el año 2016, había aprobado las iniciativas del gobierno, estas fueron especialmente medidas económicas (en las que no parece haber mayores discrepancias), pero se rechazaban u obstruían otras de carácter institucional y político. Este conflicto parecía destinado a escalar cuando Fuerza Popular recuperó recientemente el control del Congreso con la elección de Pedro Olaechea y la recomposición de las comisiones.
Los errores entonces, hay que buscarlos en otra parte. Hay sin duda varios factores, pero uno de ellos tiene que ver con las dificultades del gobierno y del mismo Presidente de entender que la política no puede constreñirse a las reglas formales de las instituciones estatales. Limitarse a ello, sin buscar alianzas políticas en el Congreso (es sabido que Vizcarra no tiene una bancada significativa), sin concertar con algunos partidos y sin apostar a neutralizar los intentos de Fuerza Popular por reconstruir una mayoría, le dejó a esta última la cancha libre para reconstituir una nueva coalición que de momento ha terminado cercando al Ejecutivo.
Las dificultades del Presidente, sea por desconfianza o inexperiencia, para convocar y atraer asesores y operadores políticos con peso y experiencia, son también parte del problema. Su condición de «externo» a la élite limeña y su falta de un aparato político lo han ido aislando.
Por otro lado, existe en las calles un fuerte antifujimorismo, capaz de decidir una elección como ocurrió en el 2011 y 2016 pero que, en las condiciones actuales, muestra sus déficits organizativos para movilizarse y enfrentar al aprofujimorismo aislado socialmente, pero atrincherado en instituciones claves que saben manejar.
Los resultados del enfrentamiento son aún inciertos, y la última respuesta del Presidente anunciando la presentación de una cuestión de confianza para cambiar las reglas de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, muestra una disposición del gobierno a continuar la pugna de poderes, intentando frenar los intentos de la oposición por copar el TC, aunque sin replicar la decisión de archivar el proyecto de ley antes mencionado. El desenlace continúa en suspenso y las posibilidades de un acuerdo político lejanas.
Una derrota de Vizcarra y una posterior renuncia o vacancia, significaría una victoria del fujimorismo y todos sus lastres (corrupción, autoritarismo, carencia de visión de país, etc.) en la escena política oficial, aun cuando en la de la opinión pública y las intenciones de voto para el 2020 o 2021 futuro luzca de momento derrotado. Aunque parcial y temporal, sería su primera revancha en casi 20 años de enfrentamientos con el antifujimorismo.
Entonces, una lección que deja esta crisis para quienes aspiran a gobernar el Perú es que deben asimilar la política no solo como competir, ganar elecciones y gobernar respetando las reglas democráticas (esto último es desde luego un valor clave), sino también negociar, establecer acuerdos y forjar alianzas, más aun, considerando la precaria correlación de fuerzas y la débil institucionalidad política del país.
desco Opina / 27 de setiembre de 2019
