Hace algunas semanas un operativo de la Fiscalía Anticorrupción contra la organización criminal denominada “Los Hijos del Cóndor”, culminó con la captura del gobernador regional Elmer Cáceres Llica y cerca de dos decenas de funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa y entidades de importancia como la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) y Copasa – Región Arequipa, entre otras. Las acusaciones son muy graves y están referidas al uso del poder para asegurar los votos del Consejo Regional de Arequipa y proteger al Gobernador a cambio de la cesión y adjudicación de terrenos pertenecientes al proyecto Majes o la entrega de obras condicionadas a las empresas con el pago de comisiones ilegales.
Transcurrido el plazo de ley, tuvo lugar la audiencia para resolver la acusación de la Fiscalía y el pedido de detención provisional, establecido por 24 meses para el Gobernador, períodos de 36 meses para otros, y comparecencia para algunos consejeros. Según lo indicado por la Fiscalía, la acusación se basa en el conjunto de evidencias recolectadas a lo largo de casi dos años de seguimiento mediante una agente encubierta, que ha proporcionado grabaciones y filmaciones de reuniones y comunicaciones en las que se acordaban las irregulares transacciones del caso, entre el Gobernador, los consejeros y funcionarios del gobierno regional y representantes de empresas.
En estas circunstancias, de acuerdo a la normatividad regional, el vicegobernador Walter Gutiérrez, asumió el gobierno regional en condición de encargado, quien de inmediato procedió designar a los funcionarios en reemplazo de los involucrados en el caso “Los Hijos del Cóndor”. A pocos días de iniciada su gestión, se comentaba en los medios la irregular asistencia de Gutiérrez a su despacho por problemas de salud, hecho que culminó fatalmente con su fallecimiento hace 21 días. Transcurridas dos semanas, el Consejo Regional aún no declaraba la vacancia del Vicegobernador fallecido, condición necesaria para la designación del reemplazante, debido a las pugnas internas sobre la sucesión, paralizando las decisiones operativas de la región, algunas de trascendencia, como la continuidad de la segunda etapa del Proyecto Majes.
Esta situación es el desenlace inevitable de una gestión que desde sus inicios mostró sus falencias, con la denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo presentada por el Vicegobernador en contra de Cáceres Llica, acusándolo de impedir su participación en la gestión del gobierno regional que se iniciaba.
Lo que siguió fue una secuencia de decisiones caprichosas, efectistas y frívolas de Cáceres Llica en la gestión regional junto a la designación de funcionarios de su entorno amical, con manifiesta incapacidad de gestión e incompetencia técnica, lo que tuvo su momento crucial en medio de la pandemia. La negligencia y desgobierno para afrontar la emergencia sanitaria motivó la intervención del gobierno central para la designación del Comité Covid-19, en evidente «jalón de orejas» a Cáceres Llica.
En algún momento, el Gobernador se preciaba de implementar una gestión descentralizada recuperando la importancia de las provincias usualmente postergadas; sin embargo, ahora se conoce que las asignaciones de recursos a éstas habrían sido enturbiadas por favores y contraprestaciones bajo la mesa en beneficio de la montada organización criminal.
Un hecho que debe llamar la atención es que han transcurrido prácticamente cuatro años de esta cuestionada gestión, durante los cuales se presumían las irregularidades en la conducción de la región más importantes del país después de Lima. Sin embargo, la sociedad civil no tuvo capacidad para ponerle coto, evidenciando la crisis de liderazgo que padece Arequipa en las últimas décadas.
Hace unos días, finalmente, el Consejo Regional designó y juramentó a la consejera Kimmerlee Gutiérrez, hija del fallecido Vicegobernador, como la nueva encargada del gobierno regional en medio de disputas de los bloques al interior del consejo, el mismo que tiene gran déficit de credibilidad o autoridad para dirigir este período de transición hasta la instalación del nuevo gobierno regional que surgirá de las elecciones regionales y municipales que tendrá lugar en octubre del 2022.
En estas condiciones, se debe exigir a la nueva encargada, la constitución de un comité asesor integrado por representantes de las fuerzas vivas de la sociedad civil regional, como el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Arequipa, la alianza de las Universidades de la Región, la Cámara de Comercio e Industria, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa y la Junta Regional de Usuarios de los Distritos de Riego, con el fin de acompañar y supervisar la gestión en este período de transición, apoyando en la priorización de las inversiones a ejecutar y convocando a profesionales con la solvencia necesaria para enmendar el desastre. Si es que se puede enmendar algo a estas alturas del periodo de gobierno regional.
desco Opina – Regional / 10 de diciembre de 2021
