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A unos días de los comicios, más de la mitad de los electores no tienen definido aún su voto o anuncian que lo harán en blanco o viciado. No es sorpresa. Al poco interés que despierta la elección, se añaden factores siempre presentes —las limitaciones de las encuestas en el interior del país que se agudizan por la cantidad de aspirantes, la «costumbre» de decidir a último momento y el ausentismo regular—, que no pueden esconder el que la mayoría que demandaba el cierre del Congreso anterior no estaba necesariamente interesada en la renovación de la política.
En este escenario, la decisión por mayoría del Tribunal Constitucional declarando infundada la demanda competencial que presentara el Presidente de la Comisión Permanente del Congreso, cerró un capítulo de la historia reciente del país, validando la decisión del Ejecutivo del 30 de septiembre pasado. Los argumentos de fondo de la ponencia aprobada, precisaban que en aquella fecha el entonces Premier Del Solar propuso un proyecto de ley sobre la forma de elección de los miembros del TC, además de pedir la postergación del proceso de nombramiento que se iniciaba ese día.
La pretensión de declarar inconstitucional el cierre del Congreso, sostenida en el supuesto uso de una figura que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, la llamada denegación fáctica que argumentara en su momento el Presidente de la República, fue finalmente derrotada a pesar del apoyo sostenido que tuviera en la última semana en la mayoría de medios de comunicación masiva. La misma, hay que ser claros, no apuntaba a reponer a los anteriores parlamentarios ni a paralizar el proceso electoral del 26 de enero. Buscaba sí, proveer de un arma punzo cortante contra el mandatario al futuro Congreso y a su oposición.
Los últimos metros para los próximos comicios, aparecen entonces despejados de mayores obstáculos. En esa dirección, el primer debate organizado por el JNE evidenció, por si fuera necesario, la debilidad de una campaña que no despierta mayor interés. La pobreza de ideas que se observó en el evento y la limitada información existente sobre los candidatos, muchos de los cuales parecen creer que aspiran a la Presidencia del país dadas sus ofertas electorales, contrastó con el «histrionismo» de un JNE que ha excluido a cerca del 15% de los postulantes, recurriendo a formalismos extremos; a la par que para «alentar» la fragmentación electoral a futuro, decide obviar la cancelación de la inscripción de los partidos que no superen el 5% de los votos válidos, sosteniendo el carácter “extraordinario” del proceso en curso.
El próximo 26 de enero, el ausentismo y el voto en blanco o viciado, dejarán la decisión de la composición del Congreso en manos de quienes opten. Aquella será resultado de los porcentajes de los votos válidos, es decir de los dirigidos a algún partido; además, sí se vota por cualquiera de ellos pero no se usa el voto preferencial, quienes sí lo hagan, terminarán determinando la composición final del Parlamento.
En medio de sus debilidades, el Ejecutivo, que afirmó sus razones con el fallo del TC, parece haberse percatado de esta situación. De allí la convocatoria reciente a las Comisiones que formularon a su pedido las propuestas de reforma de la justicia y reforma de la política, seguramente con la intención de «alimentar» a una representación que por lo visto hasta ahora, será posiblemente fragmentada y poco ordenada, por lo tanto bastante más débil que la anterior.
De esta manera, en el corto plazo el mandatario y su gobierno, se afirman. Los sectores más renuentes a cualquier pretensión de cambio político terminaron derrotados el 30 de septiembre pasado. Ni han desaparecido ni los pocos pasos dados cambian realmente la situación. Para peor, el cambio social y económico parecen aún más lejanos y difusos en una agenda nacional, donde el gobierno y parte de su oposición, coinciden en mantener el orden de las cosas sin ninguna idea inspiradora que nos acerque a la propuesta sobre el futuro de un país que quiere celebrar el Bicentenario.
desco Opina / 16 de enero de 2020
