Raúl Wiener
Hay algo en común entre la feroz explosión popular de Andahuaylas en contra del aumento de las tarifas eléctricas y lo que ocurrió hace poco en Pichanaki. Y aquí nadie ha denunciado a ningún líder etnocacerista, para echarle la responsabilidad de la radicalidad de la gente. Creo que hay que pensar bien en la dureza con que están reclamando las provincias, que es una señal de los tiempos, como a su manera ha sido la revuelta juvenil contra la ley pulpín.
El gobierno, una vez más, ha tenido que moverse al más alto nivel (Ana Jara), y a comprometerse con acuerdos que tocan la política energética general: revisión de la tarifa eléctrica a través de una Comisión Técnica con participación del Comité de Lucha; presentación de proyecto ley para la creación de una tarifa social (para pobres) que las empresas tendrían que respetar; eliminación de costos indebidos como el Fonavi; sanción a los responsables del alza indebida de tarifas y reparación a los afectados; reorganización de Osinergmin-Apurímac; no privatización de servicios eléctricos y rescisión de contrato de concesión vigente.
Todo esto puede reputarse una gran victoria que no se hubiera obtenido sin lucha. Y para el gobierno es como un nuevo aviso de cómo se está radicalizando el ambiente. Algo que parece ya una lección, es evitar el enfrentamiento directo con consecuencias, que fácilmente se vuelve incontrolable para el poder. Lo extraordinario es que estando en período pre-electoral, y combinadamente en una etapa en que fluyen acusaciones sobre corrupción en todas las direcciones, y se responde con el estribillo de que la investigación del pasado es para impedir candidatura futuras, los líderes políticos guardan un silencio de piedra ante los conflictos sociales.
Nadie tiene nada que decir sobre Andahuaylas, cuando en esa provincia, y otras, habían manifestaciones masivas, bloqueo implacables y asedio sistemático contra la empresa expoliadora. ¿Cómo hacer emerger un movimiento nacional popular amplio que venga de abajo hacia arriba, sin prestar atención a los descontentos provincianos y juveniles?, ¿quién los va a representar? El gobierno, por de pronto, ha decidido no pelearse con ellos. Y, todo indica, que habrán más protestas y acuerdos con el Estado. Si se recuerda, después de Pichanaki, salieron Mulder y otros a declarar que el gobierno se había arrodillado ante la movilización. ¿Repetirán de nuevo esta tontería?
En el Perú bulle una energía social vigorosa que pone en movimiento grandes masas y que reclama soluciones inmediatas. Pero la policía está totalmente divorciada. Los candidatos quieren población desmovilizada, y en un sector quieren votantes atemorizados, a los que hablarles de inseguridad y terrorismo para que se inclinen por el neoautoritarismo que Castañeda ya ensaya en Lima. En el choque de las tendencias que empujan a las calles y la que trata de llevar de la mano a la población a elegir entre opciones autoritarias y de reafirmación del neoliberalismo, se definirá el futuro del Perú para los siguientes años.
19.03.15
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