Por Julio Cesar Bazán Figueroa
En todas las sesiones del Congreso realizadas en torno a la aprobación de la ley de servicio civil hemos constatado la inconsecuencia programática de casi la totalidad de los congresistas, tanto los 59 que votaron a favor como los 45 que votaron en contra y los 3 que se abstuvieron; los unos y los otros, han argumentado a favor de su voluntad de favorecer y proteger los derechos de los trabajadores y de su enorme preocupación por asegurarle un excelente servicio del estado a la ciudadanía, pero tales argumentos no se condicen con los hechos.
Revisando los hechos, vemos; que los que votaron a favor de la aprobación de la ley, los de Gana Perú, de Perú Posible y los del partido popular cristiano, con su actual negativa a poner en debate la Ley General de Trabajo por más de 12 años, que prevé restablecer los derechos fundamentales a los trabajadores, pone de relieve la falsedad de tales argumentos; y los que votaron en contra la ley, los fujimoristas y los apristas, con lo mismo y con la emisión y la continuidad de las leyes del 90 y la corrupción generalizada de sus gobiernos demuestran que mienten, porque ellos son los que conculcaron los derechos a los trabajadores e hicieron tabla raza de los derechos ciudadanos.
El resultado final pone en evidencia por un lado la orfandad política que envuelve al sindicalismo y a la ciudadanía en general, en las últimas décadas, lo cual les impide salir de los abusos de los empleadores, tanto públicos como privados y de la indiferencia estatal a los trabajadores de puestos autogenerados; así como, de la pobreza y la exclusión a la ciudadanía. Lo que ha quedado impregnado en el texto de la ley, es que el blanco de tirios y troyanos, ha sido bloquear la libertad sindical, la Negociación Colectiva y la Huelga; y acomodo económico y laboral en el estado.
De acuerdo a la ley aprobada, funcionarios públicos son los trabajadores puestos a dedo en los cargos superiores del estado, por los partidos de gobierno y servidor público, son los trabajadores de carrera; los primeros, están excluidos de los derechos colectivos y los segundos se rigen por estos derechos, claramente recortados y vulnerados en su esencia de regular las remuneraciones en base al dialogo y la concertación.
En suma, los criterios de justicia y de democracia, propios de los derechos colectivos en el mundo del trabajo y de la ciudadanía; para los trabajadores del estado, ahora servidores públicos, en la en la administración pública seguirán vulnerándose, al igual que en la empresa privada y los puestos autogenerados. De los mecanismos de gestión y evaluación del servicio civil, se desprende que el clientelaje seguirá y la llamada meritocracia, solo será para favorecer a los que se acomoden a los intereses de los llamados funcionarios públicos. Y de los derechos ciudadanos ni hablar.
La acción gremial y la protesta en las calles es muy importante, pero para cambiar esta lamentable y antidemocrática realidad es fundamental la organización política y social de todo el pueblo
Lima 3 de Julio del 2013
* Presidente de la CUT PERU
