por Herbert Mujica Rojas
¿No dice la Constitución que todos somos iguales ante la ley? Si el aserto es imbatible entonces ¿por causa de qué hay algunos que son “más iguales que otros”? La antinomia no puede ser más evidente y discriminadora.
Los delincuentes aman el antejuicio e investigación preliminar por la simple razón que ellos son los que roban en grande, esos de cuello y corbata, los encumbrados en el poder: presidente, congresista, ministro, vocales supremos, fiscales supremos, etc., son los que inventaron el antejuicio y la investigación preliminar (en normas jurídicas) para que allí se decida si se les procesa o no por sus fechorías. Incluso el Antejuicio tiene rango constitucional (Art. 100°, C.Política).
Supongamos tan solo que la Comisión presidida por el parlamentario David Tejada exigiera el acta de las sesiones del consejo de ministros durante la época en que se aprobó el tema de los colegios emblemáticos y ratificara el descubrimiento que el Estadio Nacional fue contrabandeado en una Fe de Erratas y con la anuencia picaresca del entonces mandatario Alan García Pérez. ¿Bastaría aquello para el enjuiciamiento penal del voluminoso ex presidente? No es así, el Congreso tendría que plantear el antejuicio y demorarse, como suele ser costumbre en estas dinámicas en que el conchabo y toma y daca son tradicionales, todo el tiempo posible como para, por ejemplo, pavimentar que algún sinverguenza lanzara su cuarta postulación a Palacio.
El antejuicio y la investigación preliminar son inventos para el cubileteo, el cabildeo clientelar (lobby) y la prebenda tratando de evitar el procesamiento o echando para las calendas griegas cualquier pase a la justicia ordinaria, es decir, el traslado del caso hacia el Poder Judicial.
En términos del pobrísimo castellano político que se practica en Perú, el antejuicio y la investigación preliminar constituyen el vulgar blindaje de que se sirven los cacos que contratan con dinero de los contribuyentes a conocidos estudios abogadiles que prevén controles de daños y cómo manejar cualquier naturaleza de acusaciones. Se necesita, ciertamente, de bobos en el Congreso, cómplices en el mismo recinto y desvergonzados en la prensa para que no acusen, remuevan el pasado inmediato o noticien de los malos olores que expiden licitaciones sin concurso, a sola firma de ministros y sobreprecios escandalosos.
Por tanto la tesis popular que la “política” es sucia, encuentra un asidero más bien sólido en esta clase de prácticas.
El antejuicio y la investigación preliminar pueden enterrar Congresos, parlamentarios y buenas intenciones moralizadoras en cualquier régimen. ¿No recordamos, acaso, la famosa prescripción de que fue alegre recipendiario Alan García Pérez por los descarados desbalances terminado su desgobierno en 1990? ¡Nunca fue juzgado ni escudriñado exhaustivamente aquél! Y la prescripción, como la campana en el boxeo, lo salvó de ir al lugar natural que le correspondía.
En cambio, el que roba una gallina o cualquier vacuno, es decir, el ladronzuelo al detalle, al día siguiente puede ser encarcelado sin antejuicio, ni investigación preliminar. Y el abuso se consuma, aún más, por la detestable realidad que los cacos de poca monta no tienen acceso a los medios de comunicación, la sociedad los mira con asco, critica su vestimenta, deplora su color y los ningunea a su gusto. Todo lo cual no ocurre con los togados, encorbatados u “hombres de Estado”.
¡Discriminación legal aún entre delincuentes! ¿Y el principio constitucional de igualdad ante la ley?
Por eso que los delincuentes aman el antejuicio y la investigación preliminar. Si la Comisión de David Tejada recuperara la visión de horizonte y calibrara el reto que la historia le ha puesto, debiera promover que el Congreso elimine el antejuicio y la investigación preliminar.
Y las cárceles se verán halagadas por la variopinta y multipartidaria credencial de sus futuros huéspedes.
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