Jans Erik Cavero Cárdenas; cavero.je1@pucp.edu.pe
Diversas bancadas congresales han propuesto – a través de los proyectos de ley 20, 682, 854, 916 y 1145-2011/CR – la creación de un distrito electoral para peruanos que residen en el exterior. Esta iniciativa, rechazada por el Parlamento años atrás, ha encontrado eco en la Congresista Luciana León, una de las proponentes, quien viene encabezando una ofensiva mediática buscando la aprobación del proyecto.
En una conferencia de prensa el año 2006, el entonces Presidente García señaló que – debido a los U$ 3 mil millones que por remesas enviaban los peruanos residentes en el exterior – era necesario darles representación parlamentaria, pues el monto mencionado reflejaba un porcentaje significativo para la economía del país. Sin embargo, ¿se ha razonado en torno a la viabilidad de lo que se propone?; ¿resulta funcional la representación parlamentaria para afrontar la emigración?
Personalmente creo que esta iniciativa resulta inoportuna, pues el sueño de ir a buscar oportunidades laborales a otro país no existe en estos momentos de crisis económica internacional. España e Italia, principales destinos europeos, registran preocupantes niveles de desempleo. En estos países, a los que podría sumarse Estado Unidos, nacionales y extranjeros están sin trabajo, razón por lo que muchos peruanos han retornado. Si la emigración ha disminuido, es lógico pensar que también se han reducido las remesas, salvo prueba empírica que demuestre lo contrario.
De otro lado, la posibilidad de contar con representantes parlamentarios también es inviable políticamente. Primero, porque el discurso de austeridad que siempre enarbolan los tecnócratas no se condice con el aumento del gasto que supone crear más escaños parlamentarios; segundo, porque la percepción mayoritaria que el ciudadano tiene del Congreso es de rechazo; tercero, porque resulta poco convincente que esta iniciativa encare eficazmente políticas migratorias; y, finalmente, porque la propuesta se opone a los supuestos teóricos de la representación política.
Si partimos de la premisa de que los Congresistas representan a la Nación y damos por válida que son los peruanos residentes en el exterior quienes están desprotegidos, existen mecanismos a nivel de relaciones exteriores que permiten atender sus demandas. No olvidemos que los peruanos en el exterior se encuentran sometidos a las leyes de los países que los acogen, siendo inaplicable las leyes peruanas que pretendieran entrometerse, salvo los tratados internacionales vigentes.
Las inconsistencias teóricas son las que atañen al sistema electoral. ¿Cuántos representantes tendrían los peruanos residentes en USA, Argentina, España, Italia?; ¿La elección sería bajo el sistema proporcional o bajo el mayoritario?; ¿Cómo sería la distribución de escaños?; ¿Si las sesiones del Congreso son semanales, los representantes tendrían que viajar cada semana, pues de otra forma no se entendería la retribución?; ¿cómo participarían en las comisiones ordinarias, comisiones investigadoras, comisión permanente, otras comisiones ad hoc?
En la época del boom económico los peruanos con permiso de trabajo y con estancia legal en el exterior, han contado con un empleo que obligatoriamente les otorgaba sanidad y seguridad social, al menos en España. Si lo que se pretende es, por ejemplo, que los peruanos retornantes “traigan” los aportes que realizaron a la seguridad social extranjera, la implementación de una política pública en este sentido está en manos del Ejecutivo y no de representantes parlamentarios que en principio –si van a residir también en el extranjero – tendrían muy disminuidas su función fiscalizadora y su función legislativa. ¿A qué entidad pública fiscalizarían si su día a día estaría en el extranjero?, ¿cómo legislarían a favor de sus representados si éstos están sometidos a otras leyes?
Hay que recordar que la reducción de tasas consulares, la disminución del coste de emisión del pasaporte, la creación del fondo de solidaridad, el acceso a los créditos de MIVIVIENDA, son políticas que se han implementado desde el Gobierno y del Congreso, sin necesidad de crear nuevos distritos electorales.
Un asunto que no debe pasar desapercibido es el fortalecimiento de los Consejos de Consulta, un espacio de coordinación y concertación entre el gobierno del Perú, a través de sus cancillerías, y los ciudadanos peruanos que residen en el exterior. Aún cuando estas instancias, creadas a inicios del año 2000, han sido ignoradas y hasta ninguneadas, urge revisar su funcionamiento a la luz de los nuevos cambios que experimenta el país. Si lo que se quiere es una instancia para reivindicar las demandas de nuestros connacionales, amerita darle importancia y una nueva regulación. Empero, si se quiere un espacio politizado por el gobierno de turno, para avalar majaderías de los cancilleres o embajadores, a cambio de dinero para organizar ferias y eventos sociales, mejor cerremos estos consejos.
