Por Alfredo Palacios Dongo
El pasado día 2 la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) presentó en Viena, Austria, su último informe anual 2010 “Estrategias para el Control Internacional de Narcóticos”, denunciando que a nivel mundial grupos delictivos acaudalados y poderosos, utilizando sistemáticamente la corrupción y la violencia, han podido debilitar sistemas policiales y judiciales, advirtiendo que este círculo vicioso puede desestabilizar la economía, el sistema político, y la sociedad en su conjunto, pudiendo constituir una amenaza para la paz y la seguridad.
Bajo este panorama, los inmensos recursos generados por el comercio de drogas ilícitas en el Perú, que incluye la presencia de cárteles mexicanos en la selva alta, donde no existe presencia del Estado, abren nuevos frentes y rutas de droga con alarmante expansión —mueven alrededor de US$ 20,000 millones anuales— y representan una de las fuerzas más poderosas de corrupción. Existen también zonas del territorio nacional liberadas por el narcoterrorismo y el crimen organizado, y asimismo, el lavado de activos en los últimos años bordea los US$ 5,000 millones.
Estando el Perú ad portas de un proceso electoral para elegir un nuevo gobierno, es indispensable que los candidatos analicen con detenimiento este informe de la JIFE y tomen conciencia del altísimo riesgo que representa para nuestro país la letal combinación del narcotráfico y su influencia con la corrupción. Es prioritario que los candidatos no solo señalen una lista de acciones, sino que expongan y debatan sus políticas antidrogas y anticorrupción y expliquen con que recursos y como serán accionadas. Estos flagelos cuyos tentáculos logran infiltrarse en muchos sectores políticos, sociales, económicos, judiciales, policiales y militares, de no ser frontalmente combatidos, ponen a nuestro país en grave peligro de convertirse en pocos años en un “narcoEstado”.
Expreso, 12.03.2011.
