A poco de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre, es importante referirnos a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres en el Perú y, específicamente, en Lima Metropolitana. Sin duda la crisis actual generada por el COVID-19, ha afectado gravemente a las mujeres durante los meses de cuarentena, muchas de ellas se han visto obligadas a convivir con sus agresores y sido desprotegidas, no solo del amparo legal, sino también del cuidado en su salud sexual y reproductiva, debido al colapso de nuestro sistema sanitario y a la atomización de la administración pública. Aun en estos días, culminada ya la cuarentena, somos testigos de la organización de las mujeres en muchos barrios de Lima, sosteniendo ollas comunes y conformando comités de salud comunitaria, espacios en los que participan no solo mujeres adultas, sino también niñas y adolescentes que a su corta edad han tenido que lidiar con el desamparo e indiferencia de las autoridades.
Si bien desde el gobierno se han emprendido ciertas medias de contención ante la violencia y la crisis que atenta contra la dignidad y la vida de las mujeres, no se ha logrado paliar eficazmente estas problemáticas. Ello, debido en parte a la desidia de las autoridades y funcionarios que tienden una mano a la burocracia que aletarga los procesos sancionadores para los agresores y feminicidas, y con la otra mano se tapan los ojos ante los arrebatos de injusticia que tornan a gran parte de nuestro aparato judicial, que termina revictimizando y desamparando a las mujeres agredidas y violentadas; liberando a sus agresores, violadores y feminicidas por cuestionadas razones que apelan a su forma de vestir o a sus «gustos por la vida social». Asimismo, estos deliberados comportamientos y acciones, evidencian una enraizada cultura machista y discriminadora, que refleja el común denominador de los patrones de conducta y de vida naturalizados, que atraviesan la cotidianidad de nuestro propio aparato estatal.
Esta situación nos «saca al fresco» que los problemas en torno a la violencia de género —en todas sus formas— obedecen a cuestionadas relaciones de poder, históricas, estructurales y sistemáticas, que han degradado la figura de las mujeres y las han reprimido bajo relaciones de dependencia, impidiendo que ejerzan plenamente sus derechos fundamentales como acceder a educación, a una salud integral, a un trabajo digno y a intervenir en la vida pública sin el temor de ser agredidas verbal, física y sexualmente.
En lo que va del año (de enero a setiembre), según informa el Programa Nacional Aurora, se ha registrado por el Centro de Emergencia Mujer – CEM, 186 casos de intento de feminicidio a nivel nacional, siendo Lima Metropolitana la que se posiciona como la región del país con el mayor número de casos registrados (71 casos). Se identifica, además, que los agresores en su mayoría tienen un vínculo directo con la víctima, un 54% de los casos de violencia son ocasionados por la pareja y el 38%, por la expareja. Así mismo, este reporte estadístico muestra que en los meses de abril a junio no se registraron casos —justamente durante los meses en los que el periodo de cuarentena rigió fuertemente y la población quedó confinada en sus casas, con máximas restricciones de movilidad—; hecho que, sin duda alguna, no guarda relación con la realidad.
Acá no se trata de que los casos de violencia e intentos de feminicidios no hayan sucedido, sino que dada la falta de operatividad de las instancias y organismos correspondientes para canalizar y atender las denuncias y a las denunciantes, y debido también a la atomización de estas instituciones a raíz de la crisis sanitaria, se dejó en un segundo plano la organicidad de los programas y el emprendimiento de políticas adecuadas al nuevo contexto para atenderlas; se requería que tuvieran en cuenta las nuevas complejidades en torno a la problemática de la violencia de género que no se detuvo y que, por el contrario, siguió cobrando víctimas.
Por otro lado, en lo que respecta a los casos vinculados a feminicidios, según el mismo reporte del Programa Aurora, durante el periodo de enero a setiembre de este año, los servicios de este programa lograron atender un total de 96 casos a nivel nacional, concentrándose en Lima Metropolitana la mayoría de casos de víctimas de feminicidio (17 reportes), cuyos victimarios representan el entorno íntimo de las víctimas en un 65% del total y en el caso de las ex parejas feminicidas, el 14%.
Debemos notar que estas cifras solo representan una parte del universo de casos de violencia contra la mujer, ya que un importante número de mujeres víctimas de violencia de género no llegan a denunciar, debido al temor a las represalias, a la desconfianza en el sistema sancionador (Policía, Fiscalía y Poder Judicial); pero también a causa de la fuerte dependencia económica a la que están sujetas. Esta situación nos debe llevar a reflexionar acerca de la necesidad de asumir esta problemática con un enfoque que vaya más allá de medidas aisladas y cortoplacistas, que intentan negar que la violencia de género guarda intrínseca relación con la forma en la que están constituidas nuestras instituciones y que descansa en el propio sistema capitalista y patriarcal.
desco Opina – Regional / 13 de noviembre de 2020
