El saqueo del Estado como plan de gobierno

El saqueo del Estado como plan de gobierno
Por Carlos Rivera
 
El pedido a voz en cuello de la candidata Fujimori para que los aplausos de sus seguidores “se oigan hasta la DIROES”, y las siempre reveladoras declaraciones de Martha Chávez amenazando al juez que condenó al padre de la candidata, han tenido la virtud de despejar cualquier duda —si es que alguna existía— sobre lo que realmente representa el proyecto fujimorista, que solo diez años después de haber dejado un Estado saqueado y en ruinas tiene la inminente posibilidad de gobernar nuevamente el Perú. Ésta es una buena razón para hacer un breve recuento y análisis de los crímenes de corrupción que se perpetraron con toda impunidad en lo que la candidata llama “el mejor gobierno de la historia”.

¿Desde cuándo?
El repaso de la historia del fujimorato da cuenta de una secuencia ordenada de acontecimientos que solo indican la existencia de un plan cuyo objetivo principal era saquear las arcas públicas. De hecho, entre los diversos acontecimientos que podríamos señalar, uno destaca con notoriedad: la presencia y el poder creciente de Vladimiro Montesinos Torres. Él aparece desde antes de que Fujimori asuma el poder en julio de 1990, y desde entonces se convierte en un personaje central en el reacomodo de las relaciones de poder que el Jefe de Estado impuso en ese momento. A través de él Fujimori logra dos cosas fundamentales para su proyecto: 1) establecer una relación muy especial con el aparato militar —en realidad, de cooptación—; y, 2) iniciar la construcción de un poder paralelo a la institucionalidad democrática, el Servicio de Inteligencia Nacional. Ahora todos sabemos que el SIN jugó un rol central en la consolidación del régimen y que eso fue decisión de Alberto Fujimori. Cuando Montesinos se presentó como testigo en el juicio por derechos humanos contra Fujimori, señaló muy claramente que él era “un subordinado del señor Presidente de la República”.

Este esquema de relaciones de poder permitió al reo de la DIROES iniciar desde las horas más tempranas de su régimen la comisión y el impulso permanente de diversos actos de corrupción perpetrados bajo las más diversas modalidades y con una metodología de carácter oriental. La revelación que hace muy pocos días hizo IDL-Reporteros sobre cómo Fujimori se apropió de las donaciones que ciudadanos japoneses hicieron para la construcción de colegios aporta un elemento clave para poder afirmar con certeza que el ex presidente desarrolló un verdadero plan de sustracción de los dineros del Estado. No estamos, pues, frente a un presidente que, ante la inminente debacle política, se apropia de la caja chica de Palacio de Gobierno para huir con tranquilidad, sino ante quien manipuló la organización del Estado para perpetrar sus delitos y seguir actuando con tranquilidad.

¿Y cómo lo hizo?
Planteo una pregunta: ¿Fujimori habría tenido alguna posibilidad de cometer la cantidad de delitos que cometió si en el Perú instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso de la República y las propias Fuerzas Armadas hubiesen actuado de manera independiente? Me arriesgo a decir que ninguna o muy pocas. Por lo tanto, la ejecución de ese plan criminal importaba necesariamente el sometimiento, cooptación y manipulación de todas ellas. Y Fujimori logró eso con inusitada rapidez. Y lo hizo bajo dos métodos fundamentales: a) expulsó a los integrantes de esas instituciones que asomaban como opositores o disidentes; y, b) descubrió que los podía comprar. La prueba más fenomenal de actos de corrupción del régimen es —sin duda alguna— los vladivideos en los que podemos observar a políticos, jueces, fiscales, militares, empresarios, banqueros, y un largo etcétera, acomodándose para ocupar un determinado sitio en la maquinaria de corrupción del régimen. El hecho concreto es que todas las instituciones encargadas de perseguir el delito o de ejercer el control político sobre los actos del Jefe de Estado fueron primero cuestionadas y luego intervenidas. Recordemos cómo Fujimori, antes del golpe de Estado, calificaba a los jueces como “chacales de la justicia”. Para obtener ello, nuevamente hay un evento particular que garantiza el objetivo: el golpe de Estado de abril de 1992. Ciertamente, desde el punto de vista constitucional, con este hecho se inicia un nuevo modelo político institucional en el Perú, pero desde el punto de vista de la historia criminal del fujimorismo este hecho es el elemento de garantía para que los crímenes no sean investigados ni, menos, sancionados.

A partir de ese momento todo fue controlado y sometido a favor de una sola persona. Las declaraciones, en 1996, de la Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, señalando en la televisión que ella “ponía las manos al fuego por el doctor Montesinos” luego de que el narcotraficante Vaticano denunció que le pagaba 50 mil dólares mensuales para que lo deje sacar la droga de Campanilla, son un dato al extremo revelador de lo que afirmamos. En concreto, la organización del Estado se manipuló para fines estrictamente ilegales. Los delitos Si quisiéramos hacer un recuento de todos los delitos nos faltaría espacio en la revista, así que daremos cuenta de dos formas de apropiarse dineros del Estado que fueron utilizadas con sistematicidad. La primera es el denominado desvío de fondos. Desde muy temprano Alberto Fujimori impartía una orden —siempre a través de Montesinos—.

Fueron negocios irregulares e ilegales, a juzgar por un evidente sobreprecio, porque se compraron productos defectuosos o porque se adquirió simplemente chatarra.
para que los 3 institutos armados y el Ministerio del Interior retiraran mensualmente de sus partidas presupuestales un monto aproximado a los 500 mil dólares y los entregaran al SIN. ¿Alguien se opuso? ¿Alguien dijo me opongo? ¿Quizá la entonces Primera Dama dijo que eso era ilegal? En realidad, todos dijeron: “Cúmplase”. Y así se cumplió: todos los meses el SIN se encajaba una abundante cantidad de dinero a la cual comenzaron a denominar técnicamente como Reserva 1 y Reserva 2. Dinero para el manejo directo del Presidente de la República. ¿Para qué sirvió ese dinero? Para diversos fines. Todos ilegales.

Inclusive existen serios indicios de que los estudios en los Estados Unidos de la candidata Fujimori y sus hermanos se cancelaron con estos fondos desviados. Quién sabe entonces si el que la candidata haya señalado que su papá lideró “el mejor gobierno de la historia” no sea más que un arranque de gratitud pública, ya que no todos tenemos la suerte de que el Estado nos pague los estudios en la Universidad de Boston.

La otra forma de corrupción fue la compra de armamento y pertrechos militares para los tres institutos armados. Con la venta o remate de las empresas públicas el Estado peruano tuvo varios miles de millones de dólares que literalmente habían caído del cielo para el fujimorato. Con ese dato Fujimori —nuevamente a través de Montesinos— organizó una red de proveedores de materiales militares de diverso tipo. El grupo de “Los Judíos” y el grupo de “Los Gordos” fueron los encargados de arreglar innumerables negocios en los que las empresas montadas con el asesor presidencial siempre ganaban los concursos para proveer aviones, misiles, armamento y todo tipo de pertrechos militares para el Ejército, la Marina y la propia Fuerza Aérea. Todos los negocios han sido investigados por el Ministerio Público y el Poder Judicial, y en todos hay un dato común: fueron negocios irregulares e ilegales, a juzgar por un evidente sobreprecio, porque se compraron productos defectuosos o porque se adquirió simplemente chatarra (¿recuerdan el MIG que se vino a pique en Chiclayo, en plena prueba ante una Comisión Investigadora del Congreso?), y porque en todos aparece la evidencia de millonarias comisiones ilegales a favor de los compradores.

Solo estas dos formas de corrupción nos permiten dar cuenta de la existencia de una sistematicidad en los hechos delictivos que indica con extrema claridad que tras ellos no está la viveza criolla de un funcionario público que aprovechó la oportunidad que le dio el destino, sino que fue el resultado de la acción y decisión de una organización criminal enquistada en las más altas esferas del Estado que tuvo al Presidente de la República como el jefe indiscutible y que actuó durante muchos años según objetivos muy concretos.

Tres casos específicos nos ayudan a proyectar la dimensión de la cantidad de dinero que Fujimori, su asesor y sus socios lograron sustraer del Estado. El primero es el de la CTS de Montesinos. En septiembre del 2000, el Doc negoció con Fujimori y logró que se le pagara una CTS de 15 millones de dólares que fue cancelada con dinero del presupuesto del Ministerio de Defensa y entregada al asesor presidencial en efectivo. Montesinos ha declarado que ese dinero lo entregó a James Stone, quien jamás lo devolvió. Pocos días después, y para evitar un mayor escándalo público en un gobierno que se derrumbaba, Fujimori devolvió en efectivo, al Tesoro Público, los 15 millones de dólares, pero está demostrado que con billetes de otra denominación. ¿De dónde sacó el Presidente de la República esa cantidad de dinero que entregó en una maleta? En el juicio Fujimori aceptó la acusación de peculado para no declarar los pormenores del hecho.

El segundo es el hallazgo por las autoridades suizas de una cuenta bancaria a nombre de Vladimiro Montesinos Torres con la friolera de 59 millones de dólares. Y el tercer caso es la devolución de 20 millones de dólares que Nicolás Hermoza Ríos, el llamado General Victorioso y Comandante General del Ejército durante casi todo el fujimorato, hizo cuando fue detenido y procesado por la justicia. Dicen que para muestra un botón.

La revista Caretas acaba de publicar una lista de 78 connotados fujimoristas que van desde el Presidente de la República hasta el jefe operativo del Destacamento de Inteligencia Colina, pasando por la Fiscal de la Nación, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, varios vocales de la Corte Suprema de Justicia y vocales de la Corte de Justicia de Lima, varios ministros de Estado y varios congresistas; y, claro está, el asesor del Presidente, así como el Comandante General del Ejército y los comandantes de los otros institutos armados, además del Director de la Policía. Todos ellos comparten un elemento esencial: han sido condenados por delitos de corrupción de funcionarios y graves violaciones de los derechos humanos perpetrados “en el mejor gobierno de la historia”.

Hagamos lo necesario para que jamás se repita.