El sistema de justicia que condenó a los Cinco: V – La ley contra el joven
Por Salvador Capote
El costo político de mantener arbitrariamente encarcelados a cinco cubanos antiterroristas es cada vez más alto para el gobierno de Estados Unidos. Una de las causas es que atrae la atención de millones de personas en el mundo hacia la profunda crisis global del sistema de justicia norteamericano. Parte fundamental de esta crisis es la criminalización de los adolescentes, la aberración jurídica de juzgarlos con frecuencia como adultos, el cambio de los antiguos métodos de rehabilitación por otros nuevos –absurdos y crueles- de castigo, y el confinamiento en centros de detención de menores, crecientemente en manos privadas, verdaderas escuelas del crimen, en condiciones de hacinamiento y abuso continuado.
A comienzos de la década de 1980, los medios ultraconservadores generaron el mito del “superpredator” (superdepredador), utilizado para amedrentar a la población y abrir de este modo el camino a una nueva filosofía de la justicia juvenil. Hasta esa fecha, los menores eran considerados la parte más vulnerable de la sociedad, víctimas con frecuencia de la inestabilidad familiar que, en caso de presentar problemas graves de conducta, podían ser reeducados en centros especiales de rehabilitación, pero el supuesto peligro de pandillas de menores asesinos asolando las calles de todas las ciudades de Estados Unidos fue sobredimensionado a increíbles niveles de irracionalidad. La propaganda hizo creer que hasta los niños de las escuelas primarias estaban fuera de control. Todo ello para crear una histeria colectiva que permitiese abandonar la filosofía de la rehabilitación y allanar el camino hacia la filosofía del castigo.
Esta filosofía y la presión de los cabilderos conquistaron muchos adeptos entre los congresistas y se aprobaron leyes en casi todos los estados que facilitaron juzgar a los menores como adultos, crearon nuevas figuras delictivas y pusieron en práctica procedimientos y castigos más severos mientras se intentaba suavizar la barbarie mediante toda una serie de términos eufemísticos. Por ejemplo, cuando un acusado es hallado culpable se le llama, si es adulto, “convict” (convicto), si es menor “adjudicated” (sin equivalente en español), pero es exactamente lo mismo. Estas leyes crearon toda una nueva clase de menores criminales para los cuales no había capacidades en los centros de detención existentes y fue necesario crearlos con urgencia. Al calor de esta nueva situación surgió la privatización del sistema penitenciario, negocio multibillonario que comenzó, precisamente, lucrando con el encarcelamiento de menores y también de inmigrantes indocumentados y se extendió en corto tiempo por todo el país y para todas
las categorías de presos.
Los pronósticos de oleadas de crímenes, por supuesto, no se produjeron, pero el fantasma del joven criminal sirvió para justificar las redadas en los ghettos negros e hispanos y para que la industria del castigo se asentase sólidamente en el país. El slogan –para consumo interno- de esta industria era: “if we build it, they will come” (si las construímos [las cárceles] ellos [los jóvenes] las llenarán).
Actualmente, alrededor de 100,000 menores están encerrados en centros de detención de diverso tipo, un tercio de ellos en instalaciones privadas, y más de 400,000 son arrestados cada año en su inmensa mayoría por contravenciones no violentas. Los pocos programas de prevención que sobrevivieron desaparecen ahora golpeados por los masivos cortes presupuestarios (1).
Las principales corporaciones con intereses en el sector juvenil son “Correctional Corporation of America” (CCA), “Youth Services International” (YSI), “Children’s Comprehensive Services”, “Cornell”, “Res-Care”, “Ramsey Youth Services” y “Wackenhut”. Sin embargo, para cambiar de imagen y diluir responsabilidades, debido a repetidos escándalos por ineficiencias y maltratos, estas corporaciones realizan cada cierto tiempo las metamorfosis correspondientes: “Children Comprehensive Services” se llama ahora “Ameris”, “Premier” es el nuevo nombre de “Ramsey Youth Services”, y Wackenhut” es ahora “GEO Group”. Las acciones de YSI fueron compradas por “Correctional Services” cuando en Louisiana y Florida cancelaron múltiples contratos a la primera a causa de graves irregularidades en su desempeño.
Estados Unidos se convirtió rápidamente en el líder mundial de la represión contra niños y adolescentes y, en lo que es más vergonzoso aún, en líder mundial de la aplicación de la pena de muerte a menores. A mediados de 2003 había 78 reos en los corredores de la muerte por delitos cometidos cuando eran niños, pero, además, hay que ser cautos con las estadísticas de Estados Unidos porque el horror se diluye cuando se toman los cincuenta estados de la nación en su conjunto. Es en los estados del Sur donde la vieja meretriz del sistema se presenta desnuda y el colorete no logra disimular las verrugas. Por ejemplo, de estos 78 niños condenados a la silla eléctrica o a la inyección letal, 28 (el 36 %) correspondían a un solo estado, Texas.
Aunque la corrupción, la ineptitud y el abuso de menores es un fenómeno generalizado que no excluye a los centros de detención estatales, tomaremos tres ejemplos bien documentados que en modo alguno son excepcionales.
Tallulah, uno de los centros correccionales de Louisiana, fue inaugurado en 1994 y era propiedad de un grupo de políticos de la esfera íntima del gobernador Edwin Edwards, sentenciado en 2001 a diez años en una prisión federal por delitos mafiosos (“racketeering”). Edwards ya había sido acusado en 1985 por el mismo delito pero los cargos fueron retirados. No obstante, logró que lo eligieran gobernador en 1991. En realidad, el pueblo de Louisiana no tuvo donde escoger, pues el adversario de Edwards era David Duke, un miembro notorio del Ku Klux Klan (2).
La pandilla de políticos propietarios, con el nombre de “Trans-American Development Association” (TADA), construyó la instalación carcelaria de 700 camas a un costo de $122.5 millones con el respaldo financiero del estado. Hacia 1998, la corrupción y la violencia extrema de Tallulah llamó la atención de organizaciones de derechos humanos como “Human Rights Watch” y del Departamento de Justicia federal.
Los niños en Tallulah permanecían en confinamiento solitario durante extensos periodos de tiempo y eran golpeados y abusados; los guardias, para entretenerse, incitaban a los menores a luchar unos contra otros (“Human Rights Watch” llamó a Tallulah “escuela de gladiadores”) y no les suministraban adecuadamente alimentos, ropas, zapatos y mantas. El presupuesto de Tallulah no contemplaba partidas para el tratamiento psicológico de los niños ni para la mínima recreación que exigen las leyes federales. Pero lo que determinó seguramente el cierre de Tallulah fue la conmoción que se produjo cuando los niños, en su desesperación, aprovecharon la visita del senador Pavel Wellstone, de Minnesota, y escaparon todos al techo del edificio para gritar desde allí sus acusaciones contra la dirección y los guardias del centro.
Sin embargo, en este caso como en incontables otros, ninguno de los responsables de las infamias cometidas tuvo que pagar por ello. Los dueños de Tallulah negociaron la fusión con la firma privada FBA LLC que se hizo cargo de la instalación y la convirtió en un centro de desintoxicación de adultos adictos a las drogas. Para añadir insulto a la injuria, FBA comenzó a recibir pagos por $3.4 millones al año por los bonos de construcción respaldados y asegurados por el estado, truco magistral del gobernador Edwards. TADA, fusionada con FBA continuará recibiendo anualmente sumas millonarias hasta el año 2020 (3).
La filosofía del castigo y su principal engendro, las cárceles privadas, ocultan el hecho de que todos los adolescentes condenados, prácticamente sin excepción, fueron primero víctimas antes de ser victimarios. Datos de la organización Lauren’s Kid revelan que actualmente en Estados Unidos se estima en alrededor de 39 millones el número de personas que han sufrido abusos sexuales en la infancia. Uno de cada cinco niños y una de cada tres niñas sufre abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Y los datos se refieren a uno solo de los aspectos del abuso contra menores. La ultraderecha identifica la rehabilitación con el “liberalismo”. Reeducar a los niños presos, sostiene, obliga a realizar gastos enormes y, en consecuencia, a elevar los impuestos. Los programas recreacionales, que incluyen la práctica de deportes, se contemplan simplemente como un ofrecimiento de vacaciones a los “niños malos” a costa del contribuyente (4).
Los mismos problemas de Tallulah fueron identificados en Jena, otro centro de detención privado de menores, manejado por la organización Wackenhut (GEO), en Louisiana. Muy poco tiempo después de su inauguración, los jóvenes reclusos, hambrientos y desesperados, se amotinaron y fueron reprimidos utilizando ilegalmente gases lacrimógenos. Se descubrió luego que la administración de Jena, para aumentar sus ganancias, había minimizado las raciones de alimentos, así como de otros insumos. Se sustanciaron además numerosos casos de maltratos, uso frecuente de epítetos racistas y excesos en la utilización de celdas de aislamiento. También aquí estuvo involucrado el gobernador Edwards. Se comprobó que en 1996 había recibido un millón de dólares como soborno del alcalde de Houston, Fred Hofheinz, quien obtuvo el contrato para construir Jena. Cuando se produjo la crisis,Wackenhut trató de apropiarse del negocio pero fracasó y la instalación actualmente permanece vacía. Ninguno de los niños abusados ha recibido compensac
ión alguna. Ningún guardián ni funcionario ha sido procesado. Hofheinz pagó una ridícula multa de $5,000 y recibió un año de probatoria. No fue a la cárcel. En todo caso, Edwards y Hofheing fueron procesados como estafadores, no por su responsabilidad en los abusos criminales contra los menores.
El tercer ejemplo lo tomaré de la Florida donde existen alrededor de 200 entidades privadas para el encierro de menores. Una buena parte está constituída por los “boot camps” o “shock incarceration units”, llamados así porque son campamentos con régimen de tipo militar, de intenso ejercicio físico y rígidas y crueles medidas reglamentarias. La idea que subyace en la creación de estos campos es la creencia errónea en las bondades de un “shock” de férrea disciplina. Los “boot camps”, al igual que otros experimentos de mentes calenturientas, han resultado un fracaso. Lo peor es que de las ruinas del sistema de justicia juvenil emergen métodos aún más alucinantes, como el de “three strikes and you’re out”, muy usado en California, que consiste en la imposición de largas condenas al menor que comete un tercer delito, aunque los tres sean de menor cuantía.
Todo parece indicar que los peores “boot camps” de la Florida están administrados por “Premier Behavioral Solutions” (PBS, antes Ramsay Youth Services). No quiero cansar al lector con letanías de los horrores cometidos en el “Institute for Girls” de West Palm Beach, que salieron a la luz en el año 2003, o en “Okaloosa Youth Academy” o en “Southern Glades Youth Camp” en Florida City, en el mismo año, pues la perversidad se repite de manera parecida en los diversos centros. Creo, además, que sería una redundancia señalar que los abusos e ilegalidades de todo tipo cometidos por propietarios, dirigentes, guardias o empleados de PBS no tuvieron consecuencias legales.
El principal promotor de las privatizaciones en la Florida fue, sin duda, el ex-gobernador Jeb Bush, émulo de su hermano George, Cuando este último era gobernador de Texas se convirtió en el hombre que más sentencias de muerte (¡152!) ha firmado en toda la historia de Estados Unidos, y años más tarde conquistaría otro título infamante: sería el primer presidente en autorizar, de manera explícita, la tortura como método de interrogatorio de prisioneros. Con Jeb Bush se produce una simbiosis entre el poder político del estado y el poder económico de las corporaciones. PBS y su predecesora, Ramsay Youth, consolidaron su posición dominante en el negocio de encarcelar y castigar menores con el apoyo del gobernador y congresistas republicanos del sur de la Florida y, a cambio, contribuyeron sustancialmente al financiamiento del Partido Republicano del estado y de las campañas electorales de los congresistas de este partido (5). El juez de tribunales de menores Frank A. Orlando comentó que sin estas contribuciones
PBS no hubiera conseguido que le confiaran las vidas de tantos niños (6).
La privatización es incompatible con la rehabilitación de los menores. Se trata de niños traumatizados, muchos de ellos con discapacidades físicas y mentales y con desventajas económicas y culturales. Su atención requiere personal bien entrenado y competente, y programas de educación, salud y reinserción en la sociedad que exigen abundantes recursos. Si la finalidad fuese la rehabilitación, no hay nada más ajeno a este objetivo que el manejo de los centros por empresas cuya finalidad es el lucro.
El más reciente escándalo en estos centros comenzó a fines de mayo en la Florida y ha continuado en desarrollo durante el mes de junio, revelando lo extenso y profundo de la corrupción, tanto en los centros que administra el estado como en los que están a cargo de corporaciones privadas. Las instalaciones juveniles, sin los recursos ni el personal necesarios, no son otra cosa que almacenes de niños y adolescentes donde las drogas psicotrópicas, en particular las antipsicóticas del grupo llamado “artillería pesada” de la psiquiatría (Seroquel, Abilify, Risperdal, etc.) se utilizan cotidianamente como esposas y grilletes químicos para mantener bajo control a los menores. El método ilegal, inmoral y criminal de sedación con potentes drogas es, por supuesto, el más directo, rápido y, sobre todo, el más barato, de terapia juvenil, sin tener que preocuparse por diagnosticar los problemas (7).
Por nuevas revelaciones del Palm Beach Post se ha conocido de una fuerte correlación entre pagos y regalos de las compañías fabricantes de las drogas a por lo menos un tercio de los médicos que trabajan para el Departamento de Justicia Juvenil, por una parte, y las cantidades de drogas administradas a los menores, por la otra; y el olor de la olla podrida no sólo se siente ya en la Florida sino también en otros estados.
Un capítulo que es de esperar se haya cerrado para siempre es el de las ejecuciones de menores. En marzo de 2005, en decisión muy cerrada de 5 a 4, en el caso “Roper v. Simmons”, la Corte Suprema de Justicia abolió la pena de muerte por delitos cometidos antes de cumplir la edad de 18 años. Sin embargo, es una vergüenza que Estados Unidos haya tomado esta decisión muchos años después que sus aliados europeos y que prácticamente todo el resto del mundo. Entre 1990 y enero de 2000, Estados Unidos ejecutó más menores (once) que el resto de los países tomados en conjunto (nueve). Las cinco ejecuciones de menores que tuvieron lugar en el mundo entre 1997 y 2000 tuvieron lugar, todas, en Estados Unidos. Este país ha tenido más menores en los corredores de la muerte que ningún otro país (8). La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (Art. 37a) establece que “Ni la pena capital ni la prisión de por vida pueden ser impuestas por delitos cometidos por menores de 18 años”. Estados Unidos es el único
país que no ratificó esta convención.
De igual modo, fue muy tardía la decisión de la Corte Suprema de Justicia (“Atkins v. Virginia, 2002) de prohibir las ejecuciones de personas con muy bajo cociente de inteligencia. Entre 1984 y 2002 fueron ejecutados en Estados Unidos 44 retrasados mentales.
Durante más de veinte años, Ronald Reagan y sus colaboradores, en particular el fiscal general Edwin Meese, apoyaron abiertamente la pena de muerte y fueron responsables en gran parte de que el partido republicano adoptara esta política y que la opinión pública la favoreciera. Meese defendía el supuesto derecho a ejecutar a un niño de 14 años (9).
Las leyes que autorizaban la ejecución de menores entraban en contradicción con otras leyes destinadas a protegerlos, creando situaciones de dualidad legal irónicamente crueles. Algunos estados permitían la ejecución de niños de 15 años pero, al mismo tiempo, prohibían que niños de esta edad presenciasen ejecuciones. También existían crueles desigualdades entre los estados; por ejemplo, si un niño de 14 años cometía un crimen en Idaho podía ser ejecutado, pero no si vivía en el vecino estado de Oregón donde el mínimo era 18 años.
Una caricatura terrible de Sargent (10) muestra una cámara de ejecuciones en Texas. Un letrero reza “Corredor de la muerte”. El local está ocupado por artefactos para administrar la inyección letal a los reos y dos camillas, una grande para ejecutar adultos y otra, mitad del tamaño, para ejecutar menores. En esta última se ve una pequeña almohada y, sobre ella, un detalle estremecedor: un osito de peluche que nos mira con ojos asombrados.
La discriminación racial en la aplicación de la pena de muerte ha sido patentemente clara. De 455 convictos (de todas las edades) ejecutados por el delito de violación, 405 eran negros. La abrumadora mayoría de las ejecuciones tuvieron lugar en el Sur (11). También eran negros el 69 % de los menores ejecutados (12). A estas cifras habría que añadir las que corresponden a hispanos y a otras minorías.
La pobreza en Estados Unidos es también otro factor importante de desigualdad ante la ley. El niño de familia rica se presentará ante el juez del tribunal juvenil acompañado de sus padres, del mejor abogado de la ciudad, del maestro de la escuela privada donde estudia, del pastor de la iglesia a que pertenece y de un consejero comunitario; presentará, además, un documento de alguna respetada institución de psicología o psiquiatría infantil, que certifica que el niño se encuentra recibiendo de buen grado un tratamiento exitoso, amén de otros trucos para influir sobre las decisiones del tribunal. El niño de familia pobre –casi siempre negro o hispano-, tal vez ni siquiera tenga familia y lo presentarán ante el juez solo, desvalido y asustado.
(1) Deb Gruver: “Juvenile-crime-prevention cut now will cost later, youth program leaders say”, The Wichita Eagle, Jun 12, 2011.
(2) Tara Herivel and Paul Wright: “Prison profiteers”, The New Press, 2007, pp. 158-159.
(3) Idem, p.160.
(4) Alison Brownlie: “Crime and Punishment”, RSVP, Austin, Texas, 2000.
(5) Tara Herivel and Paul Wright: Idem, p. 171.
(6) Carol Marbin Miller: “Florida Continues to Abuse Children”, Miami Herald, 2004.
(7) Michael Laforgia: “Huge dosis of potent antipsychotics flow into state jails for troubled kids”, Palm Beach Post, May 24, 2011.
(8) Nancy Day: “The death penalty for teens”, Enslow Publishers Inc., 2000.
(9) Hugo Adam Bedau: “Death is diferent”, Northorn Univ. Press, 1987, p. 152.
(10) Lauri S. Friedman, Book Editor: “The death penalty”, Thomson Gale, 2006, p. 57.
(11) Helen Prejean: “Dead Man Walking”, Random House, 1993, p.251.
(12) Elaine Landau: “Teens and the death penalty”, Enslow Publishers Inc., 1992, p. 73.
