Por Miguel Romero
Siempre se dice, «en el Perú puede pasar cualquier cosa», y la respuesta es : ¡Es cierto!, siempre que puedas pagarlo, o existan intereses económicos que lo ameriten.
Y en base a esto es que el 2011 el gobierno del APRA con mayoría en el Congreso aprobó una ley llamada: «Ley de Protección Patrimonial», también llamada «Ley Oviedo», precisamente una ley con apellido propio, cuando se supone que las leyes deben darse en razón del interés social, pero con esta ley el Grupo Oviedo aprovechó en llenarse los bolsillos, no pagar sus deudas con el Estado y la de los trabajadores.
La Constitución Política del Perú indica claramente que la actividad empresarial, público o privada, recibe el mismo tratamiento legal, es decir dicha ley nació INCONSTITUCIONAL.
¿Y en que benefició esta ley al Grupo Oviedo?
Esta ley benefició directamente al Grupo Oviedo pues alarga, prorroga, blinda al Grupo cualquier acción que implique embargarles sus bienes por deudores o contra medidas cautelares, el cual implicará que se continúe incrementando las deudas de las azucareras acogidas a dicho régimen, es decir Cayaltí, Tumán y Pomalca, siendo estas dos últimas administradas por el grupo Oviedo, pues se suponía que las acciones que tiene el Estado en estas azucareras serían vendidas por ProInversión , sin embargo hubo incertidumbre sobre ese proceso dada la ley aprobada en el Congreso, en ese proceso la ley del Congreso dispuso la suspensión de la venta, bajo el argumento de que tras la compra habría intereses de grupos azucareros por aumentar sus extensiones de tierras, siendo esa la posición de la bancada aprista y nacionalista, pero el fondo del asunto es que poco les interesaba que las tierras sean acaparadas por grupos azucareros, lo que en verdad querían eran beneficiar a un solo Grupo sin obligarlos a pagar sus deudas.
Finalmente el gobierno del APRA en vez de ayudar a que las azucareras norteñas salgan a flote, con las venta de las acciones a grupos que en verdad quieran invertir en ellas, respetando los derechos laborales, lo que se hizo es suspender dicha venta, establecer una Administración Judicial que durante 9 años no ha pagado CTS a los trabajadores, la mayoría de ellos no puede atenderse en ESSALUD, con trabajadores laborando 10 a 12 horas diarias con sueldos de 400 a 600 nuevos soles, con una azucarera quebrada y una Ley de Protección Patrimonial vigente que no hace más que blindar y proteger al grupo Oviedo, cuyos responsables políticos vienen a ser los congresistas apristas y nacionalistas del congreso del 2011 y en especial el ejecutivo presidido por Alan García el cual ´ha terminado por hundir en la crisis económica y social a la azucarera Tumán.
