En los últimos años se dice que hay dos negocios legales que han permitido una rápida acumulación de riqueza: la educación privada y las empresas de seguridad. Entre las primeras han destacado las universidades privadas y no precisamente las de mejor calidad. Esta cuestión sale nuevamente a luz y pero no por razones universitarias, nos referimos a la relación financiera de algunas universidades privadas con determinadas candidaturas.
En todos los casos se trata de “universidades-empresa”, es decir, con fines de lucro y manejo corporativo. Estas universidades son posibles en el Perú a partir del DL 882 (Ley de Promoción de la Inversión en la Educación) que dio la dictadura de Fujimori en 1996.
Además, este uso de ciertas universidades privadas se da en contraste con lo que sucede en las universidades públicas. En la mayor parte de las mismas está restringido el uso de sus instalaciones para actividades políticas y los trabajadores, docentes y no docentes, que deseen postular a algún puesto de representación deben pedir licencia sin goce de haber por 60 días antes de la fecha de elecciones.
ACUÑA A LA CABEZA
Uno de los ejemplos más conocidos es el de César Acuña, propietario de tres universidades: César Vallejo, Señor de Sipán y Autónoma del Perú, además del canal de TV UCV Satelital y el equipo de fútbol profesional César Vallejo.
Estas empresas no sólo le dan poder económico (aunque es investigado por lavado de activos por el dudoso origen de la fortuna que permitió la construcción de ese imperio), sino también le dan capacidad de influencia sobre un gran número de electores y ponen en cuestión el uso de los recursos de las universidades (que están exoneradas de algunos impuestos) a favor de una candidatura.
Se entiende que la exoneración de tributos a las universidades es para que el dinero sea reinvertido en mejorar la calidad de la educación, pero no para financiar partidos políticos.
En la medida que Acuña fue expandiendo su consorcio universitario, ha ido expandiendo también su Partido y eso le ha permitido mejorar su desempeño electoral desde el año 2002 a la fecha.
GARCÍA Y LA UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES
Otro de los candidatos que tiene detrás una Universidad es Alan García, quien incluso ha sido cuestionado por utilizar las instalaciones de la Universidad Particular San Martín de Porres, en la que es Director del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública, para sus reuniones partidarias.
García tiene una relación estrecha con el rector y uno de los dueños de esa universidad José Antonio Chang, quien fue ministro de Educación en su segundo gobierno, y con quien tiene un vínculo laboral que le permite sustentar sus gastos, de acuerdo a la información que García ha entregado a los organismos electorales.
Fruto de esta relación, el candidato de Alianza Popular ha manifestado su rechazo a la nueva Ley Universitaria y sus voceros han asegurado que si llega al poder lo primero que hará será desactivar la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) y desactivar la reforma universitaria.
KEIKO CON ALAS PERUANAS
Keiko Fujimori trata de mantener reserva sobre sus movimientos financieros y los grupos económicos que la respaldan, sin embargo es conocida su cercanía con los propietarios de la Universidad Alas Peruanas. El secretario general de su partido, congresista Joaquín Ramírez Gamarra, no solo es investigado por lavado de activos por presuntos vínculos con el narcotráfico, sino también es sobrino de Fidel Ramírez, propietario de esa casa de estudios.
Precisamente, la fiscalía de Chepén, ha pedido el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Ramírez debido a que ha encontrado evidencias de que ha falsificado un certificado de posesión de tierras de la Comunidad Campesina de Chepén. Se trata de un terreno de 1.183 hectáreas que fue inscrito a nombre de su empresa, Agroindustrial San José S.A.C. (San José S.A.C.).
En este caso el codenunciado de Ramírez es Rodman Souza Reátegui, vicerrector de la Universidad Alas Peruanas, para quien el Ministerio Público ha pedido formalizar investigación preparatoria por usar el documento falsificado en representación de la empresa y del centro académico.
Joaquín Ramírez es uno de los financistas de Fuerza Popular, y las autoridades judiciales determinarán si es lícita o no la procedencia del dinero que aporta en la campaña de Keiko Fujimori.
EL SOLIDARIO PEPE LUNA
Otro personaje que tiene el respaldo de una Universidad es José Luna, candidato a la vicepresidencia del Partido Solidaridad Nacional, quien es propietario de la Universidad Telesup, y que viene haciendo campaña a través de un boletín de esa universidad que reparte por todo Lima y en el que se destacan «los logros» de Luna en su calidad de congresista.
En las primeras páginas de ese boletín universitario se hace referencia a José Luna como «el hombre del sol», en alusión al hecho de que él dona la totalidad de su sueldo como parlamentario y luego aparecen los donativos hechos y los proyectos de ley que elaboró el parlamentario.
Al respecto, el congresista Yonhy Lescano dijo que «José Luna está utilizando dinero de la universidad para hacer actividad política y la ley establece que no se tiene por qué utilizar la plata de los jóvenes para eso».
Ante ello, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 inició un proceso contra SN por la colocación de paneles publicitarios del congresista José Luna que incluyen el símbolo de la Universidad Privada Telesup. Dichos carteles contienen el siguiente mensaje: «Sueldo mínimo a S/. 1,000, ¡Pepe Luna cumple!».
Las autoridades electorales tienen la obligación de velar por el uso adecuado de la propaganda electoral, así como el respeto al principio de neutralidad, y sancionar cuando se utilizan los recursos destinados para fines educativos en las campañas publicitarias de los candidatos.
Esto es urgente, además, en momentos en que se intenta iniciar un proceso de reforma de la Universidad Peruana con la ley 30230 frente al cual el peor ejemplo que se puede dar es el uso electoral de los recursos que deberían servir para la educación de la juventud.
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