La condición del empleo en Lima Metropolitana ha devenido en una alarmante situación de riesgo, debido a la actual crisis sanitaria y a medidas de reactivación económica que no están orientadas a la protección del trabajo y los trabajadores. Al galopante desempleo, se suma la indiferencia y abuso de algunas empresas privadas que, aprovechándose de recursos legales, despidieron a sus trabajadores y trabajadoras, como Cineplanet o el Grupo El Comercio, que aplicaron medidas como la suspensión perfecta, pese a haber accedido al programa Reactiva Perú.
Un factor es sin duda la ineficiencia de las autoridades para aplicar políticas oportunas y firmes para evitar que sean los más vulnerables quienes “paguen el pato” de la crisis. La precariedad laboral es hoy un mal generalizado, no solo en el ámbito de la informalidad, sino también en el marco del empleo que ofrece el empresariado formal y el propio Estado en el sector público. Muestra de ello son el reciente conflicto en el sector agroexportador —en el que los obreros agroindustriales exigen mejoras salariales y laborales—, la lucha de los empleados públicos bajo regímenes CAS, o la precarización de las y los trabajadores de la salud, estos últimos sobreexigidos por la emergencia sanitaria.
La precariedad y explotación que caracterizan el empleo en Lima Metropolitana es un mal que arrastramos desde tiempo atrás. Recordemos la muerte de dos jóvenes trabajadores de McDonald’s en el distrito de San Miguel, o las muertes ocurridas durante el incendio de la galería Nicolini en Las Malvinas, en donde tres jóvenes que laboraban en condiciones de “esclavitud contemporánea” no lograron escapar del encierro al que eran sometidos para “mejorar su productividad” y las ganancias de sus empleadores. Son tragedias en el marco de un mercado laboral donde la norma es el llamado “empleo no adecuado”.
Veamos las cifras oficiales de esta problemática en tiempos de pandemia. El INEI informó que entre octubre y diciembre de 2020, un 42,2% de quienes trabajan en Lima Metropolitana labora en empleos no adecuados, es decir en condiciones de informalidad y precariedad. Es el caso de las y los repartidores de firmas como Rappi, Glovo y otras, sector que representa hoy el 1,1% de la PEA de la capital. Este sector laboral es uno de los que más creció en volumen en 2020 y a la par, uno de los que vio drásticamente reducidos sus ingresos (una reducción superior al monto de sueldo mínimo, de acuerdo al INEI).
De acuerdo al Observatorio de Plataformas Perú, las empresas de delivery no cumplen con brindar elementos de bioseguridad para evitar exponerse al contagio durante los repartos, lo que deja en riesgo también a los usuarios del servicio. Recordemos que en mayo se autorizó la operación de las aplicaciones de delivery a condición de que se entregara a los repartidores kits de protección y seguros de salud, medida que no se implementó adecuadamente. A esta situación de desprotección sanitaria se suma la económica, con los recortes de comisiones y aplicación de sanciones a repartidores “que interrumpen el proceso de entrega” (aunque este se deba a accidentes o robos) como los que intentó imponer la firma Rappi, cuyos operadores protestaron mediante plantones y denuncias a los medios de comunicación en octubre de 2020.
Actualmente, el empleo de reparto mediante aplicativos carece de un marco legal que lo regule, haciendo posible que las empresas que los gestionan se desentiendan de las condiciones laborales de quienes operan el servicio. La presencia de estos trabajadores en nuestra ciudad es innegable, y en la actual crisis económica se trata de una oportunidad laboral para miles que requieren generar ingresos y mejorar sus condiciones de vida, una oportunidad que no encuentran en otros sectores que requieren mayor calificación o que ya están saturados. En los últimos meses, también como efecto de la crisis generalizada por el COVID-19, estos repartidores han tenido que lidiar no solo con la discriminación y racismo, sino también con los efectos de la ola de asaltos, pues hemos visto como falsos repartidores aprovechan la facilidad de afiliarse o camuflarse en los servicios de aplicativos para cometer sus crímenes. En vez de contribuir a su estigmatización, exijamos a nuestras autoridades la regulación del empleo en este sector y la sanción ante estas formas de trabajo precario y deshumanizador.
desco Opina – Regional / 23 de enero de 2021
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