Por Desco Opina
El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República se han visto, una vez más, afectados en su imagen pública por distintos escándalos. En el primer caso, la renuncia del ex Ministro de Vivienda, Francis Allison, quien emitiera recibos por honorarios a la empresa BTR, involucrada en el caso de los petroaudios, sin advertirle al Presidente, cerró varios días agitados para el gobierno, en los que la presión mediática inicialmente resistida por el ex funcionario, fue decisiva para el desenlace final. En el segundo caso, la evidencia de nuevos escándalos de corrupción ―la supuesta apropiación de un terreno por parte de un congresista y la existencia de una condena del Poder Judicial por robo de energía eléctrica, sobre otra― hizo que la opinión pública tome conciencia, por si era necesario, que 82 de los 120 integrantes del parlamento, tienen por lo menos una denuncia por razones similares.
En realidad, lo que llama la atención es que éstos no sean peores. Hay dos factores que explican por qué el malestar que generan estos comportamientos, y la situación toda, no se expresen con fuerza. De una parte destaca la ausencia de una oposición clara, capaz de articular el descontento existente y presentarle al país propuestas claras, distintas a las imperantes. Comprometidos varios de sus integrantes en algunos de los casos de corrupción denunciados en el Congreso y sin mayores alternativas programáticas, están lejos de cumplir el rol para el que fueran elegidos. El segundo factor es más complejo y tiene que ver con la manera en que la crisis económica afecta de manera diferenciada a la población del país. Parece claro que hasta ahora, estamos siendo afectados por aquella en menor medida que los países vecinos de la región, lo que facilita la gestión gubernamental, a pesar de sus grandes debilidades, así como su política de negociación puntual de los distintos conflictos, que no dejan de sucederse.
Así las cosas, y a pesar de que el cronograma electoral se «adelantó» (candidatos, encuestas, recolección de firmas, etc.) varios meses, no debe llamar la atención que no se afirmen aún candidatos nacionales claros y fuertes a pesar del ambiente de polarización creciente que se observa. Si bien Luis Castañeda, Keiko Fujimori y Ollanta Humala son quienes aparecen liderando las distintas mediciones de opinión pública, es claro que ninguno de ellos se despunta como para tener las cosas seguras, lo que indica que hay aún mucho pan por rebanar. En el caso de las regiones y localidades, por su parte, al estar centrada la preocupación de sus principales actores políticos ―bastante fragmentados, como es notorio― en su posicionamiento, de cara a las elecciones de noviembre del 2010, es muy poca o ninguna la atención que le prestan por el momento al escenario nacional. Como es obvio, esta situación no puede prolongarse indefinidamente. La disputa por la distribución de los recursos en el Presupuesto 2010, que se está iniciando, puede ser un momento de quiebre en la situación que se observa hoy.
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