Vladimir: Entonces ¿nos vamos?
Estragón: Sí, vámonos.
(No se mueven.)
Diálogo final de Esperando a Godot
El capítulo más reciente de nuestro sainete político se inició el 10 de octubre, cuando la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. A todas luces, era un intento para abrir legalmente la cerradura constitucional establecida en el artículo 117, mediante una interpretación de éste que se fundamentaba en los artículos 30.2. y 30.3. de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, “dada la condición de normas propias de un tratado de derechos humanos”.
La respuesta no fue inmediata, pero llegó. El 19 de octubre, en un Mensaje a la Nación, el presidente Castillo alegó que las investigaciones a él, y a su entorno, eran una campaña de «demolición», afirmando que la denuncia constitucional en su contra es una muestra de ello, calificándola de una «nueva modalidad de golpe de Estado». Horas antes, el Mandatario había enviado un pedido a la OEA, para que aplique los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, al considerar que la institucionalidad democrática del país se encontraba en riesgo, tras la denuncia constitucional planteada por la Fiscalía de la Nación.
Previamente, el 17 de octubre sucedió un evento que es determinante para entender los acontecimientos como más que una simple sucesión de acciones y reacciones. Ese día, Edgar Ralón, primer vicepresidente y relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaraba que en el país existía una “alta conflictividad entre poderes públicos que dificultan la gobernabilidad”, además de una “crisis constitucional” a raíz de la denuncia elevada por la Fiscal de la Nación contra el presidente Castillo.
Ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que luego acordaría aplicar la Carta Democrática a pedido de Castillo, Ralón agregó que la inestabilidad política y los “persistentes cambios de autoridades han impactado en el goce de los derechos humanos”. Además, dijo que Perú atravesó varias crisis políticas por el “uso reiterado de tres figuras constitucionales”: acusación constitucional, vacancia presidencial y disolución del Congreso por la denegatoria de confianza a dos consejos de ministros.
Finalmente, comentó que en la visita realizada al país por la CIDH —entre el 10 y 14 de octubre— se produjeron lo que fueron “hechos inéditos” , según su criterio, como las declaraciones de la vicepresidenta de la República ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el allanamiento a la casa de la hermana del presidente Castillo, donde se encontraba su madre con “salud convaleciente”.
Concluyó afirmando que “dichas irrupciones generadas en un contexto de alta conflictividad entre poderes públicos han dificultado la gobernabilidad del país … [y] esto ha conducido a un desgaste en la agenda legislativa y suscitado cuestionamientos sobre la independencia de la justicia”, así como el “debilitamiento de la confianza en las instituciones públicas”.
En una sesión extraordinaria en Washington, el Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo de la organización, adoptó por aclamación la resolución de “respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática” en Perú y llamó “a todos los actores” a actuar dentro “del estado de derecho”. El 20 de octubre expresó su respaldo al Gobierno peruano y decidió enviar una misión al país, conformada por los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero; de Belice, Eamon Courtenay; de Ecuador, Juan Carlos Holguín; de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro; y de Paraguay, Julio César Arriola.
A partir de ese momento las acciones fueron disminuyendo de velocidad. Al finalizar el mes de octubre, no había claridad acerca de cuándo vendría la misión OEA al país, qué contendría su agenda y, más aún, cuál sería su objetivo. El representante peruano ante la OEA, Harold Forsyth, afirmó que podría estar en el país en la segunda semana de noviembre, dependiendo de cómo los cancilleres que la integran, “cuadren sus agendas”.
De otro lado, consideró que el arribo de la misión OEA “es algo muy bueno porque esto demuestra cómo nuestro país concita la atención de los demás países hermanos de las Américas”. Asimismo, Forsyth estimó que esta visita del conjunto de cancilleres enviados por la OEA pueda ayudar a que, “la situación política actual en nuestro país sea más llevadera”.
En efecto, se supone que la misión de la OEA buscará conversar con representantes del Poder Ejecutivo, Congreso de la República y actores de la sociedad civil, con la finalidad de escuchar a todas las partes involucradas y conocer la real situación de la crisis política que atraviesa el país para resguardar la democracia. Luego, elaborará un informe que será derivado al Consejo Permanente, que establecerá un periodo de diálogo con las partes involucradas para evitar que la crisis política se agudice. Tras ello, se adoptarán las medidas correspondientes para preservar el orden democrático. En otras palabras, la visita circunstancial de los cancilleres enviados por la OEA puede ser, hasta el momento, la conjunción de los buenos deseos de que las cosas mejoren en la órbita política peruana, pero nada más.
En esa línea, considerar que la gobernabilidad del país se ha hecho más difícil por la alta conflictividad entre los poderes públicos, como lo hace el relator Ralón, es simplemente desconocer los elementos básicos que dan forma a los problemas del sistema político peruano, porque es más que evidente que pensar que bajo el supuesto de la inexistencia de esa “conflictividad” las cosas irían mejor, es la manera de obviar la enorme debilidad sobre la que se busca equilibrar la democracia peruana.
Peor aún, creer que esta alta conflictividad entre instituciones ha provocado el desgaste de la agenda legislativa y formado sospechas sobre la autonomía de la justicia peruana, debilitando “la confianza en las instituciones públicas”, es literalmente tomar el rábano por las hojas. Sin abundar en detalles, no parece que en Perú exista o haya existido en el pasado próximo algo que podríamos denominar “agenda legislativa”, que alguna vez el Poder Judicial haya tenido algo de credibilidad o que hubo momentos en que la “confianza ciudadana” hacia las instituciones del Estado haya sido si no robusta, al menos aceptable.
desco Opina / 4 de noviembre de 2022
