Por Alfredo Palacios Dongo
Finalmente renunció a la Presidencia de la República Pedro Pablo Kuczynski después de 600 días de una desastrosa gestión con limitada orientación y visión política respecto a los grandes retos pendientes y complejidades del país, con una extraña forma de comunicarse con mensajes dobles y discursos contradictorios, con un navideño negociado indulto humanitario y derecho de gracia al ex presidente Fujimori, y encima, desde que explotó el escándalo de corrupción de Lava Jato, conocimos sus antiguas y deplorables actuaciones financieras y asesorías mientras era funcionario público, así como sus contradicciones en asuntos de moral y ética pública sin entender la diferencia entre interés público e interés privado, y pese a la evidencia de los hechos su inverosímil negación de toda participación en sus turbios negocios y que ahora debe enfrentar en el Sistema Judicial como cualquier ciudadano que se encuentre incurso en algún delito.
En este contexto y de acuerdo al trato constitucional e institucionalidad democrática, el día de ayer el Primer Vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió la Presidencia de la República con una enorme responsabilidad de echar a andar a nuestro paralizado país, restaurar la confianza, las oportunidades y la visión de futuro de cara a nuestro Bicentenario, también alistar el país para la Cumbre de las Américas (13 y 14 de abril en Lima) donde los jefes de Estado y de Gobierno abordarán como tema central “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción” porque empresas brasileñas entregaron coimas a varios países del continente a cambio de favorecerse con obras públicas, y en el caso del Perú, Odebrecht ha admitido sobornos por US$ 29 millones, esta lucha contra la corrupción y la impunidad debe ser el principal reto del nuevo gobierno porque se trata de un problema central que está socavando nuestra democracia.
De igual forma, este nuevo gobierno debe asumir enormes retos que en el gobierno anterior no se iniciaron o no avanzaron, tales como, reformar el Estado para modernizar la administración pública, desarrollar la institucionalidad, reducir el centralismo y garantizar el desarrollo económico y social del país. Entre las acciones prioritarias debe reconstruir el norte afectado por el fenómeno del Niño Costero; combatir la inseguridad ciudadana (sistemas de inteligencia e investigación); ampliar la cobertura de agua (especialmente en el área rural); mejorar la educación (capacitación docente, infraestructura y medios); mejorar la calamitosa situación de los hospitales públicos y combatir eficientemente el narcotráfico cuyo incremento se torna imparable.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de marzo de 2018
