Griterío por Antauro, silencio por Fujimori

Griterío por Antauro, silencio por Fujimori

No cesan los titulares sobre el traslado de prisión de Antauro Humala de Piedras Gordas a una cárcel de Chorrillos, no obstante, los mismos que echan el grito al cielo nada dijeron sobre la prisión dorada del delincuente Alberto Fujimori, que perpetró crímenes mucho mayores y numerosos que los de Antauro.

Todos estamos de acuerdo en que no debe haber privilegios para nadie, sea familiar de alguien en el poder, rico o que haya ejercido poder, como es el caso de Fujimori. No se necesita inventar la pólvora, las normas indican con claridad cómo deben separarse a los presos según su delito, su sexo, su peligrosidad. Lo importante es respetar la ley.

Y las nuevas condiciones carcelarias concedidas a Antauro son nada en comparación con las facilidades de las cuales goza Fujimori: tiene  prácticamente todo un departamento a su disposición, jardín, área de esparcimiento, de recepción de sus innumerables y continuas visitas, gollerías obtenidas mediante contubernio entre el aprismo y el fujimorismo a cambio de respaldo para el Apra en el Congreso, como reveló Wikileaks (ver Wikileaks revela concubinato entre apristas y fujimoristas  y  Denuncian contubernio aprista en régimen carcelario de delincuente Fujimori).

Muchos de los que ahora gritan nada dijeron cuando Fujimori dirigía la campaña electoral de su hija desde la cárcel, donde recibía a tanta gente que parecían mítines, y estuvo cerca de consolidar su círculo de poder y corrupción instalando a su candidata en Palacio.

El traslado de Antauro, sujeto desquiciado, pintoresco y ambicioso, es debatible, las justificaciones pueden ser no convincentes: velar por la seguridad de los padres del Presidente, que acuden a visitarlo. No obstante, es necesario cuestionar el presunto poder de este preso en el gobierno, pues estaría dedicado al tráfico de influencias desde el penal, incluso con tentáculos en las empresas privadas, habiéndose llegado a mencionar a la empresa Newmont, socia de Buenaventura, protagonista de la noticia actual con su proyecto Conga.

Pero, ¿quiénes son los complacientes funcionarios que estarían obedeciendo a Antauro? Debe investigarse la dimensión real de esta supuesta red de poder tejida por el reo y destituir a todos los funcionarios que se hayan prestado a darle oídos, de ser cierto no deben estar en cargos públicos.

Además, el Presidente de la República haría bien en deslindar sobre este escándalo y anunciar las  respectivas sanciones a quienes estén haciendo de correveidiles de su hermano. Por lo pronto es saludable el anuncio del despido de una asesora del Congreso que escribía a Antauro.

Las transgresiones de Antauro Humala a la disciplina penitenciaria son conocidas desde el gobierno anterior, pero la calamidad en que se encuentra el sistema penitenciario hace que no sólo éste, sino muchos reos tengan desde hace muchos años su pequeño reino dentro de las cárceles: celulares, visitas prohibidas, artefactos electrodomésticos para su comodidad, droga,  etc.

Estos privilegios tienen su precio y ciertos empleados y funcionarios del INPE tienen también su precio. Parte del problema es la corrupción y parte la falta de presupuesto, que desde el gobierno anterior llegó a niveles escandalosos, no sólo por las necesidades y el incremento de la población penal, sino porque el gobierno de García contó con mucho dinero disponible, pero los lobbies interesados en la privatización consiguieron que se mantenga el caos para forzar las concesiones a empresas deseosas de enriquecerse con este problema. Uno de sus principales lobbistas, Gonzalo Prialé, tuvo el desparpajo de exigir más presupuesto no para arreglar el caos, sino para privatizar y satisfacer el lucro.

Ante esta situación, deberían eliminarse todos los privilegios para ciertos reos, principalmente los narcos y presos por corrupción, que gozan de impunidad. Con su dinero mal habido extienden el cáncer de la corrupción en los penales. Fujimori también debería recibir el trato que según su delito le corresponde.

No obstante, mientras no se corrija la situación integral del INPE, algo que podría ayudar mucho sería reducir el número de visitas, pues recibir a tanta gente sobrepasa la capacidad de control para cárceles con hacinamiento. Las visitas constantes podrían ser posibles en cárceles con personal suficiente y con un número adecuado de presos, pero eso en la práctica eso no existe.

Cada preso debería recibir como máximo una visita por mes, incluyendo a Fujimori, porque el personal encargado de controlar la visitas está pagado por todos los peruanos. Esta reducción del flujo de visitantes reduciría la posibilidad de introducir objetos prohibidos a la cárcel, que no sólo ingresan por corrupción, sino porque la cantidad de visitas rebasa la capacidad de control del personal del INPE. Un personal liberado de controlar a tanta gente de visita se podría dedicar a mejorar el control de los presos.