Herbert Mujica Rojas
Sin la menor duda, la respuesta institucional desde Torre Tagle será categóricamente que no, que esa tara no afecta al Ministerio de Relaciones Exteriores y que no se puede plantear la disyuntiva de si existe o no corrupción.
¿Todos piensan lo mismo? Sospecho que no es así.
Durante los últimos meses hemos informado acerca de la génesis, desarrollo, trampas y asombrosas componendas contra un funcionario a quien se grabó en la sede de su misión en Israel, de manera subrepticia, sistemática y bajo el amparo de instrucciones tanto de un canciller como de su vice titular. Es decir, se incurrió en un acto monstruoso, corrupto y que provocó un escándalo mediático y en desmedro de la propia Cancillería.
No lo decimos nosotros, lo sostiene por escrito el Informe 011 (dic. 2020) elaborado por la institución.
¿Es el Ministerio de Relaciones Exteriores una isla privilegiada, coto de caza privado de un grupo de señorones que pretenden manejarla a su antojo?
Hasta donde se sabe y así está en el Presupuesto General de la República, Torre Tagle recibe del impuesto de los peruanos para mantener a su personal administrativo, diplomático y consular y para el buen éxito de sus funciones en todo el mundo.
Son empleados públicos en quienes se deposita, aparte de los honorarios, la fe y la esperanza que al acometer su propósito laboral, Perú como país proyecte una imagen competitiva de país acogedor por sus fuentes turísticas y productor de múltiples insumos que con la exportación generan divisas al erario. Nada más que eso.
Los diplomáticos y empleados administrativos de Torre Tagle NO están por encima de la ley. Es decir cuando la quebrantan o violan, corrompen, incurren en delito pasible de sanción administrativa o penal si fuere el caso.
¿Produce una escucha ilegal, oculta, anti-reglamentaria, oprobiosa, resultados benéficos, equilibrados, LEGALES? ¡De ninguna manera! El acto no sólo es sucio, ocurrió en Tel Aviv, el 2018 cuando el jefe de Misión, fue meticulosamente registrado en cintas de grabación que luego fueron difundidos en un programa político, ese mismo año.
¿La coordinación de un embajador jefe de gabinete del canciller, con un ministro consejero, siempre a escondidas y con la autorización del titular y vicetitular como es posible comprobar en los textos de 31 conversaciones (Boza y Rubín) legalizados, produce ecuánime dictamen para “denunciar” y expulsar del servicio diplomático a un funcionario?
El ministro de Relaciones Exteriores es otro empleado cuyos deberes están muy bien determinados y no van más allá de las misiones cuya cartera maneja. ¿Cuando profana esos límites incurre en ilegalidad o no?
De manera pública, en declaraciones expresas, el embajador Fortunato Quesada, afirmó que el ex canciller Ricardo Luna, le pidió que fuera un “topo” cuando ocupó la responsabilidad de Protocolo en Palacio de Gobierno durante la presidencia de PPK. ¿Fue legítima esta indecorosa solicitud?
Hasta donde se sabe ningún funcionario público puede actuar de soplón o informante para cualquier superior, por más canciller que fuere. ¡Lo que Dios no da, Salamanca, no lo presta!
Por tanto, ya no hay solo dos embajadores (Néstor Popolizio y Hugo de Zela), un jefe de gabinete del ministro de RREE (José Boza) y un ministro consejero (Pedro Rubín) enlodados en acciones inmorales, también está la presencia de un titular de Torre Tagle (Ricardo Luna) que NO HA DESMENTIDO hasta hoy la gravísima expresión pública hecha bajo la entera responsabilidad del diplomático Quesada.
Estos conceptos elementales del debido proceso no son ajenos al conocimiento académico y jurídico del canciller César Landa. En vano no es profesor y catedrático en la enseñanza del Derecho. Ergo ¿por qué no escucha a quienes le solicitan audiencia para el esclarecimiento profundo de un caso que está produciendo vergüenza y deshonor para RREE?
¡No se diga que todo está muy lindo y de manera correcta!
Hay múltiples procesos de personas que reclaman lo que ellos aluden como derechos no otorgados, como debió haber sido, por la Cancillería. Los procesos de ascensos siempre tienen favoritismos y se basan en abstracciones pasibles de mil y un volteretas.
Si en las organizaciones hay casos ejemplares que redundan en la salud institucional, lo ocurrido con la expulsión del servicio del embajador Fortunato Quesada, el complot armado y con la participación de varios diplomáticos y con el afán demostrado y nunca negado de fulminarle a como diera lugar, representa una mácula muy fea en Cancillería.
Buenas preguntas e interrogantes que debieran contestar en Cancillería.
04.11.2022
Diario Uno
